23 Oct. 2019 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió este miércoles la represión de las fuerzas de seguridad del Estado de Chile a los manifestantes que rechazan las medidas neoliberales impuestas en el país durante décadas y encrudecidas durante la gestión de Sebastián Piñera, que ha dejado saldo de 18 fallecidos, entre ellos un menor de edad.
“La CIDH condena uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad del Estado en protestas sociales en Chile y rechaza la violencia que ha resultado en 18 personas fallecidas, decenas heridas, miles detenidas y periodistas agredidos“, escribió el organismo internacional de derechos humanos en su cuenta en la red social Twitter.
De igual forma, manifestó su preocupación por las denuncias realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que detalló que, desde que comenzaron las protestas, se reportaron 1.420 personas detenidas por las fuerzas del orden y al menos 84 heridos por armas de fuego.
Adicionalmente, el instituto denunció que menores de edad sufrieron lesiones durante las detenciones, caracterizadas por el uso desmedido de la fuerza y algunos casos de vejaciones sexuales.
“La CIDH expresa su preocupación por hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, inclusive de casos con resultado de muerte de manifestantes por arma de fuego”, agrega el organismo internacional.
Por otra parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH repudió las agresiones a los medios de comunicación por parte de las fuerzas del Estado durante la medida, la primera que se ejecuta en la nación suramericana después de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Ante esta situación – que ya registra 2.128 personas detenidas y 376 personas heridas – la CIDH insta al gobierno de Chile a adoptar las medidas necesarias para que se investiguen a todos los responsables por los hechos registrados desde el pasado sábado, así como recuerda que “el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad y que las armas de fuego deben estar excluidas para el control de las protestas sociales”.
