03-10-19.-El Gobierno de Costa Rica anunció este jueves su candidatura para uno de los dos escaños a los que tiene derecho Latinoamérica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una decisión que tiene como fin evitar que Venezuela obtenga uno de los puestos, reseñó la agencia Efe.
“Por las graves violaciones contra los DD.HH. que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, indicó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en sus redes sociales.
“Costa Rica se propone como alternativa”, apuntó el mandatario.
Antes de este anuncio, por Latinoamérica solo figuraban como candidatos latinoamericanos al Consejo Brasil y Venezuela representada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Alvarado dijo a los periodistas que esta acción es “consecuente” con su tradición de la defensa de los derechos humanos “en toda su extensión”.
“Los derechos humanos no son algo colateral, fortuito ni regalado, son centrales para el desarrollo de una democracia, de la empresa privada y para la justicia de las personas”, expresó.
El expresidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010) y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, alertó el pasado martes acerca de la posibilidad de que Venezuela sea elegida para el Consejo de Derechos Humanos el próximo 18 de octubre, pues solo había dos candidatos latinoamericanos.
“Mayor muestra de cinismo es difícil de encontrar. ¿Elegir al Consejo de Derechos Humanos al mayor violador de los derechos humanos de la región?”, manifestó Arias, quien dijo que pediría al Gobierno de Costa Rica actuar de inmediato.
Tras el anuncio de este jueves del presidente Alvarado, el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018), manifestó su apoyo, pues “las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Maduro inhabilitan moral y políticamente a Venezuela para ocupar un puesto en esa instancia”.
El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela.
La comisión “investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014″ ocurridos en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto “condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela”, recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
