Pese al pedido que la semana pasada hicieron los fiscales de la operación Lava Jato a la Justicia para que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva pase a un régimen de reclusión semiabierto, el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) se resistió ayer a ser liberado mientras no sea reconocido como inocente.
"No cambio mi dignidad por mi libertad. Todo lo que los fiscales del Lava Jato deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia por el mal que les hicieron a la democracia, a la Justicia y al país", señaló Lula en una carta leída por uno de sus abogados a la salida de un encuentro en su celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.
"Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos y mi libertad. Ya demostré que son falsas las acusaciones que hicieron en mi contra. Son ellos y no yo quienes están presos de las mentiras que les contaron a Brasil y al mundo. No descansaré hasta que la verdad y la justicia vuelvan a prevalecer", resaltó el exgobernante (2003-2010), quien está preso desde el 7 de abril de 2018 con una pena de ocho años y diez meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Como ya cumplió un sexto de su condena y ha tenido buen comportamiento, 15 fiscales del Lava Jato -incluido el coordinador de la fuerza de tareas, Deltan Dallagnol- enviaron el viernes último la solicitud a la jueza federal Carolina Lebbos para que el exmandatario pueda pasar a cumplir su pena en un régimen semiabierto (saldría de la prisión durante el día y volvería a su celda para dormir) o incluso en prisión domiciliaria (con una tobillera electrónica).
Este lunes, la magistrada pidió a la Policía Federal un certificado del buen comportamiento de Lula, requisito formal para que luego pueda ordenar su cambio de régimen, probablemente en los próximos días o semanas. Ante la inminente salida del popular expresidente, Lula se reunió por la mañana con su abogado Cristiano Zanin; la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann; el derrotado excandidato presidencial petista Fernando Haddad; el tesorero del partido, Emídio de Souza, y el exdiputado Luiz Eduardo Greenhalgh, con la idea de diseñar una estrategia jurídico-política.
A la salida, Zanin leyó la carta de Lula y aclaró que el exmandatario no está obligado a aceptar el paso a un régimen semiabierto, y ello no representaría una falta de acatamiento de una orden judicial porque solo se trata de un beneficio al que tendría derecho si quisiera.
"El expresidente Lula no reconoce la legitimidad del proceso y de la condena que le fue impuesta por el exjuez Sergio Moro y que después fue analizada en parte por instancias superiores, a partir de elementos recogidos por la conducción de Moro", destacó Zanin.
Apuntó que lo que Lula quiere es que el Supremo Tribunal Federal (STF) pueda analizar los recursos que fueron presentados por la defensa para suspender al exjuez Moro -ahora ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro- y a los fiscales del Lava Jato por supuestamente haber actuado con arbitrariedad durante el juicio. Ese pedido se apoya en recientes revelaciones del sitio The Intercept, que divulgó presuntas conversaciones indebidas entre el entonces magistrado Moro y los fiscales.
"Eso, en nuestra visión, debe llevar a la nulidad del proceso y, consecuentemente al restablecimiento de la libertad plena del expresidente", explicó el abogado.
Moro condenó a Lula por corrupción y lavado de dinero en julio de 2017, por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de garantizar a la empresa jugosos contratos con la petrolera estatal Petrobras durante su gobierno. La pena original era de nueve años y medio, pero en enero de 2018 fue aumentada a 12 años y un mes por el Tribunal Regional Federal de la 4» región, en Porto Alegre, que analizó la apelación de la defensa. Luego, en abril último, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revió la condena y redujo la pena a ocho años y diez meses.