16 de Julio.- Un grupo de derechos humanos dijo el lunes que se debería impedir que el Gobierno de Estados Unidos deporte rápidamente a los inmigrantes que son reunidos con sus hijos, porque esta práctica podría violar el derecho de los menores a pedir asilo.
Yeni Gonzalez Garcia, una madre guatemalteca que había sido separada de sus hijos, deja un centro de hospedaje en Nueva York tras reunirse con sus niños.
El Gobierno está trabajando para cumplir un plazo judicial que vence el 26 de julio para reunir a hasta 2.500 niños inmigrantes con sus padres tras haberlos separado en la frontera entre Estados Unidos y México.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que presentó el caso que derivó en la orden de reunificación, dijo el lunes en documentos judiciales que los padres inmigrantes deberían tener una semana tras el encuentro para decidir si quieren ser deportados solos o en familia.
“Una estancia de una semana es una medida razonable y apropiada para garantizar que el inimaginable trauma que han sufrido estas familias no empeore porque los padres tomaron una decisión malinformada sobre el destino de su hijo”, escribió la ACLU en una presentación ante una corte federal de San Diego.
La ACLU ha usado el caso para desafiar la política del Gobierno del presidente Donald Trump de separar a las familias en el marco de una estrategia más amplia contra la inmigración ilegal. El presidente ordenó la suspensión de esta práctica el 20 de junio tras una gran protesta pública.
El juez de distrito Dana Sabraw ordenó el 26 de junio la reunificación de los niños con sus padres dentro de unos plazos específicos, y ha estado supervisando el proceso.
En su escrito, la ACLU dijo que los padres tienen que decidir si sus hijos deben quedarse en Estados Unidos para presentar su propia petición de asilo, pero esa decisión necesita tiempo para ser discutida con un abogado.
El grupo de derechos humanos dijo que estaba respondiendo a los “rumores persistentes y crecientes” sobre rápidas deportaciones, algo que, según dijo, no ha sido negado por el gobierno estadounidense. El Departamento de Seguridad Interior no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
