17-05-18.-Si el sujeto que disparó contra la mascota es funcionario sin duda incurrió en uso indebido de arma orgánica, que se castiga con prisión de 6 a 8 años, explicó el criminólogo Keymer Ávila
El disparo con el cual un presunto funcionario hirió al perro Bruno (o Shaggy) en una de sus patas durante una protesta, hecho ocurrido el pasado viernes 11 de mayo en La Guairita (Baruta), fue mucho más que la agresión contra una mascota que ladraba. Un psicólogo podría decir, a la luz de las investigaciones sobre la conducta violenta, que una persona que agrede a un animal es un potencial agresor de seres humanos.
Por tratarse de un supuesto funcionario, el individuo habría incurrido en varios delitos que, además, se castigan con cárcel, indicó el criminólogo y profesor universitario Keymer Ávila.
Incluso, el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, informó que se investigará el uso indebido de arma de fuego.
#CICPC Investigará el Uso Indebido del Arma de Fuego, en ese lugar se encontraba un bebé de brazos. pic.twitter.com/fSXm2QWti8
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) 11 de mayo de 2018
Ávila indicó que, si se tratara de un funcionario, habría incurrido en uso indebido de arma orgánica "que se condena con prisión de seis a ocho años". También, en daños a un animal ajeno, "delitos contemplados en la Ley para el Desarme y el Código Penal".
El criminólogo precisó a Contrapunto que, además, el presunto funcionario puede ser objeto de "la aplicación de medidas disciplinarias por parte del órgano al cual pertenece", porque "hay un claro uso abusivo e indiscriminado de la fuerza potencialmente mortal, ya que no obedece en modo alguno a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad".
En el caso de Bruno "hay una clara inobservancia de las leyes y los reglamentos", se "pone en riesgo de manera inecesaria a la ciudadanía". En otras palabras, "hay toda una base normativa para tomar medidas al respecto, sólo basta voluntad política e institucional".
Bruno, o Shaggy, se recupera del tiro en la clínica veterinaria La Guairita. Según la información difundida por personal del centro en su cuenta en Instagram, la mascota fue rescatada de un basurero cuando tenía unos tres meses de edad. El perro, de casi 8 años en la actualidad, ha evolucionado satisfactoriamente de la lesión causada intencionalmente en su pata.
Keymer Ávila, luego de aclarar que temas como empatía y sensibilidad ante el dolor ajeno son de la competencia de la psicología y la psiquiatría, sí subraya el impacto de los procesos de policialización o de construcción de un policía. A los funcionarios "se les dice que tienen que hacer cumplir la ley pero se les exige a su vez que la infrinjan a cada momento; que tienen que ser insensibles, violentos, machistas", porque "todas estas conductas se valoran como positivas dentro del cuerpo".
Pero "de lo que no cabe duda es de que a quien se le adjudique las armas de la República tiene un deber de cuidado especial, de proteger la vida y la integridad como máximos bienes jurídicos", asó como "de hacer un uso racional y legal del armamento, solo en casos excepcionalísimos, para proteger estos bienes jurídicos".
Lo cierto, advierte el criminólogo, es que "si se otorgan armas a personas que no tienen la probidad necesaria para cumplir estas altas funciones, todos estamos en riesgo y el pretendido remedio resultaría peor que la enfermedad. De allí la importancia de los controles institucionales, formales y legales oportunos". El perro Bruno puede dar fe de eso.