Mayo 11 de 2018.- Inmigrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC) en Aripo, Trinidad han decidido protestar cortándose en varias partes del cuerpo, lo que se ha calificado como una "huelga de sangre". El periódico Newsday recibió ayer dos videos de los detenidos, uno en inglés y el otro en español denunciando que han sido detenidos en el Centro de Detención por más tiempo de lo que el tribunal ha ordenado y ya deben ser liberados. En uno de los videos, un hombre trata sin éxito de cortarse repetidamente la parte superior del muslo con una cuchilla de afeitar. En ese video, el reclamo es que los inmigrantes están siendo transportados del IDC a la Prisión de Máxima Seguridad. En el otro video, se ve a un hombre sangrando, sentado y el narrador dice que el motivo de la protesta se debe a que los inmigrantes son retenidos más allá de la estancia ordenada por la corte.
Los detenidos en el IDC permanecen allí hasta ser deportados sin ser sentenciados por ningún tribunal. El comisionado de Prisiones, Gerald Wilson, al ser contactado, dijo que aunque algunos venezolanos fueron alojados temporalmente en el Centro de Rehabilitación Correccional del Este en Santa Rosa en el pasado, no se formularon las ordenes pertinentes para que los sudamericanos fueran ubicados en prisiones. Agregó que para que tal cosa ocurra es necesario que se realice un trabajo de papeleo apropiado que autorice tal medida y, hasta donde él sabe, no se han dado tales órdenes.
La gerente de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Nacional, Marcia Hope, dijo que los detenidos están mal informados. Agregó que no pudo confirmar que los detenidos recibieron la información correcta de que el IDC es incapaz legalmente de transferirlos a prisión, cree que esta información, ya corregida, ha sido transmitida.
El 11 de abril, el ministro de Seguridad Nacional, Edmund Dillon, informó que actualmente hay unos 90 venezolanos detenidos en IDC. El 21 de abril, 82 venezolanos fueron deportados, por lo que el gobierno fue objeto de críticas por el procedimiento que se consideró violó acuerdo internacionales.
Mientras, el Ministerio de Seguridad Nacional afirmó que el grupo se ofreció voluntariamente para regresar a su tierra natal, los familiares, por el contrario, denunciaron que a ellos se les obligó a firmar documentos que no entendían del todo.
Se estima que 40,000 venezolanos viven en este país, aunque las cifras de quienes solicitan asilo político siguen siendo bajas, dice Rochelle Nakhid, coordinadora del Ministerio para Migrantes y Refugiados de la organización no gubernamental Living Waters Foundation.