El colapso del rentismo petrolero, el cual ha venido acompañado por una inflación bestial, total devaluación de la moneda nacional, desabastecimiento de alimentos y medicinas, retroceso de los avances sociales de nuestro pueblo, también ha agudizado la profunda crisis institucional y política del país, la cual no se ha superado con el término de acciones violentas de calle ("guarimbas"), sino que, al contrario, se ha profundizado por la suspensión de facto de la normalidad constitucional, la pérdida total de la confianza en las instituciones de estado, y la amenaza de un recrudecimiento del conflicto político, que puede retomar niveles de violencia, hasta llegar a confrontaciones muy dolorosas. No es cierto que se haya ganado la paz, mientras haya amplios sectores de la población que sienten que sus derechos no están garantizados como se debe, y las condiciones sociales y económicas puedan ser motivos para la indignación.

Siempre hemos considerado que es mejor el diálogo a las balas, la negociación política a la guerra civil, el funcionamiento institucional con garantías a la arbitrariedad del monopolio de la fuerza basado en la atribución unilateral de la legitimidad. Esto lo afirmamos hoy desde una posición patriótica y profundamente bolivariana, tomando en cuenta los continuos llamados doctrinarios del Libertador a favor del respeto de la Ley, la Unión Nacional y la estabilidad política como garantía para la felicidad del pueblo. Preservar la Patria pasa hoy por lograr una institucionalidad respetada por todos, lo cual, a su vez, tiene que incluir la participación política de todos, en medio de garantías de igualdad, libertad y solidaridad, lejos del ventajismo, la arbitrariedad y la crispación conflictiva.

Por eso consideramos la necesidad de respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual, aunque hoy esté en suspenso por la existencia de una instancia supuestamente "plenipotenciaria", sigue estando vigente mientras el pueblo venezolano, y sólo él, como exclusivo portador de la Soberanía, decida el cambio de ese marco general constitucional.

De acuerdo a la Constitución Nacional, el período presidencial vence este año 2018, y se establece, además, fechas muy precisas para las correspondientes elecciones presidenciales. La única razón para violentar esos términos constitucionales es lograr la solución de un conflicto político a favor del pueblo venezolano, en paz y preservando sus avances sociales. Por supuesto, en aras de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, pudiera considerarse la posibilidad de un adelanto de esos comicios, pero sólo si ello responde a un acuerdo, donde se den todas las garantías a los factores participantes y se le de toda la validez correspondientes a las atribuciones del Presidente de la República. Limitar esas atribuciones, por parte de cualquier instancia, implica una usurpación de la Soberanía Popular, y la confirmación de una situación de facto ilegítima.

Dado el nivel de la confrontación política del país, colindantes con la guerra civil y ante la amenaza de la injerencia extranjera, el adelanto de las elecciones presidenciales sólo puede darse como resultado de un diálogo y una negociación política en la cual, aparte de tomar en cuenta la opinión de todo el país, y no exclusivamente de las cúpulas de las fuerzas políticas hasta ahora en contacto, se apueste sinceramente por la Paz basada en el respeto a los derechos de todos.

Unas elecciones convocadas unilateralmente por parte de una de las fuerzas en confrontación, prevalida de su control sobre las armas o intentando justificarlo por una soberanía usurpada por una instancia elegida por sólo un sector, no sólo acarrea el peligro del recrudecer de la confrontación, sino que aísla al país de importantes porciones de la comunidad internacional, lo coloca como objetivo de bloqueos efectivos, más allá de los actuales ataques financieros norteamericanos, y, sobre todo, someterá a nuestro pueblo a inmensos, dolorosos e indefinidos sacrificios, que no tienen otro sentido que el mantenimiento en el control del estado de un grupo exclusivo.

Condenamos la injerencia extranjera, las operaciones tácticas de intervención imperialista, a través de la diplomacia, los movimientos militares y maniobras financieras. La materialización de la intervención extranjera implicaría la destrucción de la Patria, y, precisamente por eso, no es, para nada, una situación deseable que se provoca por posturas irresponsables, aunque parece ser buscada irresponsablemente por unos cuantos que parece no importarle los sacrificios de nuestro pueblo.

Jesús Puerta

Orlando Zabaleta

Ezequiel Aranguren

Rafael Malpica

Rafael Rodríguez Olmos

Rafael Durán