Washington, marzo 22 - El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, expuso este miércoles ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) las consecuencias del plan de golpe de Estado denominado "La Salida" que provocó la muerte de 43 personas, incluido un joven motorizado que murió degollado con una guaya puesta en una vía pública por grupos afectos a los dirigentes del plan, entre los que se cuenta el integrante de Voluntad Popular, Leopoldo López.
Como parte de este plan, entre febrero y junio de 2014 se estableció una modalidad de violencia callejera denominada "Guarimba", en la que grupos de choque utilizaron cauchos, basura quemada, escombros, trastos, muebles inservibles o árboles talados con el fin de impedir el libre tránsito. Estas trancas fueron utilizadas como trampas para el asesinato de ciudadanos que intentaron eludir, impedir o retirar los escombros para transitar.
Devoe explicó a la CIDH que las acciones durante ese periodo "tuvieron alto índice de violencia y por eso estas personas no pueden ser consideradas presos políticos", aclaró, al hacer mención de Leopoldo López y de otros dirigentes que fueron procesados por su responsabilidad en La Salida, plan que además de los 43 fallecidos, dejó 878 lesionados.
En su exposición, transmitida a través de la página web de la CIDH, Devoe mostró fotografías tomadas durante las guarimbas y cuestionó el tratamiento mediático que recibieron los grupos de choque, identificados por parte de prensa privada como "manifestantes pacíficos".
Recordó que en abril de 2014, estos grupos incendiaron un centro de educación inicial en Chacao, donde se encontraban 89 niños de 0 a 3 años de edad.
"Esos eran los 'manifestantes pacíficos' que generaron un alto índice de violencia en el país, obstaculizando el paso de transeúntes mediante barricadas, guayas, aceite derramado, ocasionando la muerte de venezolanos. Recordemos el incendio que estas manifestaciones ocasionaron a un Centro de Educación en Chacao donde se encontraban 89 niños de 0 a 3 años. Estas personas no pueden ser consideradas presos políticos", enfatizó Devoe.
Denunció que existe una campaña de desinformación respecto a los dirigentes juzgados por la justicia venezolana.
"Estas personas que están detenidas por su participación en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano", expuso, al tiempo que afirmó que se respetan todos sus derechos, al igual que a todos los venezolanos.
Citó el caso de López, quien cumple una sentencia de 13 años por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir en la cárcel de Ramo Verde, donde dispone de un amplio espacio dotado de servicios básicos y espacios para la recreación.
Al respecto, denunció que la oposición venezolana se vale de denuncias falsas sobre los dirigentes presos como parte de sus acciones "no constitucionales para agredir al gobierno de Venezuela".
