Duras críticas a Colombia en audiencia en Congreso de EE.UU. sobre crímenes de sindicalistas

14 Feb.- La audiencia, la primera que se convocó sobre el país en el año 2009 estuvo marcada por los fuertes testimonios de colombianos que viajaron para dar su opinión sobre el tema y una dura confrontación entre demócratas y republicanos que ofrecieron visiones radicalmente opuestas ante el mismo fenómeno.

El argumento de los críticos, entre los que estaba Maria McFarland, de Human Rights Watch y José Luciano Sanín, director de la Escuela Sindical Nacional, rodeó la misma premisa: desmontar la idea, que dicen vende el gobierno nacional, sobre la mejoría en la situación de los DD.HH. y violencia sindical bajo los años del presidente Álvaro Uribe.

Ambos presentaron estadísticas que demostrarían un aumento del 25 por ciento en el número de muertes de sindicalistas a lo largo del último año. De 39 en el 2007 a 47 en el 2008.

Así mismo cuestionaron los altos niveles de impunidad que persisten -el 96 por ciento- e incluso el aumento del número de condenas que se registraron en el último año y que, según el gobierno, demostraría que los cambios que se han adoptado comienzan a arrojar resultados.

De acuerdo con McFarland, tiene evidencia de que muchas de esas sentencias estarían amarradas a confesiones de "paras" en el marco de la ley de Justicia y Paz y no al resultado de investigaciones.

"Los factores estructurales que hacen posible la violencia contra los grupos sindicales siguen en pie y las estadísticas así lo demuestran", observó Sanín.

Los congresistas también escucharon el conmovedor testimonio de Yessika Hoyos, hija de una sindicalista asesinado en el 2001. Hoyos dio a entender que la muerte de su padre había sido ordenada u orquestada por agentes del estado y que, al lo largo de la investigación, las autoridades trataron de desviar su curso para hacerlo parecer como un crimen pasional.

También testificó el ex juez José Sánchez que tuvo duras observaciones contra la Fiscalía. Para Sánchez, la Fiscalía ordena investigaciones pero no las realiza, nunca persigue a los autores intelectuales de los crímenes y, "por una u otra razón desvían las investigaciones.

Varios congresistas demócratas tomaron la palabra para arremeter contra el desempeño del estado. "Con esas cifras y hasta que este desastre no se arregle el acuerdo de Libre Comercio no debe ser considerado. Estamos ante un estado que, en el mejor de los casos es ineficiente, y en el peor es cómplice", dijo Robert Andrews, demócrata de Nueva Jersey.

George Miller, presidente del Comité y quien citó a la audiencia dijo que sería la primera de varias sobre el tema y le pidió a las autoridades colombianas proteger a los testigos y abstenerse de hacer declaraciones que los pusieran en peligro. Miller incluso mencionó que este pasado fin de semana funcionarios del gobierno criticaron "a personas que salen del país para oponerse al TLC".

Pero los republicanos también tuvieron su turno. En general, la tesis de los republicanos fue que el Tratado beneficiaría a los trabajadores colombianos y su situación sindical pues elevaría los estándares. "Lo que no me explicó es como oponerse al tratado va a mejorar la situación de violencia cuando lo que sucede es todo lo contrario", sostuvo Bill Cassidy de Louisiana.

Mark Souder, de Indiana, fue más específico y acusó al mismo Comité de hacer una audiencia en donde solo se estaba escuchando un solo lado de la historia, en alusión a que de 5 testigos, cuatro eran críticos abiertos del gobierno colombiano. "Es terrible solo criticar y criticar y no reconocer los progresos que se han alcanzado" dijo Souder, que acusó a HRW de ser una organización "parcializada" que había perdido credibilidad.

Al final de la audiencia la embajadora Barco reitero que le preocupaba la presentación de cifras y estadísticas sin que se diera todo el contexto de la situación y como ha evolucionado a lo largo de los últimos años. "Lo que queremos es que se entienda un tema que es complejo en toda su integridad", dijo la embajadora que se había ofrecido como testigo pero fue rechazada por un supuesto reglamento interno de la Cámara.



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