Seis sindicalistas promotores de la Marcha Contra el Paramilitarismo has sido asesinados desde el 23 de febrero al 11 de marzo

Paramilitares siguen asesinando a sindicalistas, en las `narices´ del gobierno colombiano

Colombia, 25 de marzo de 2007.-Se trata de la profesora Carmén Cecilia Carvajal, en Ocaña (Norte de Santander), y de Carlos Burbano, en San Vicente del Caguán (Caquetá).

La docente estaba afiliada a la Asociación de Institutores Norte Santandereanos, mientras que Burbano hacía parte de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc).

Carvajal, de 52 años, fue atacada por dos sicarios la mañana del pasado 4 de marzo mientras salía de su casa. Dos sicarios se acercaron y le dispararon en el rostro, confirmó la Fiscalía.

Autoridades le siguen la pista a supuestas amenazas que recibieron de grupos como 'Nueva Generación' y 'Águilas Negras', denunciadas por directivos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La misma denuncia también fue hecha por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, mediante un comunicado.

Una semana después fue encontrado el cadáver de Burbano sobre la vía que de San Vicente conduce a Puerto Rico con heridas ocasionadas por arma blanca, estableció la Policía.

Según la CUT y la ONU, han sido asesinadas seis personas pertenecientes a sindicatos y ONG de derechos humanos entre el 23 de febrero y el 11 de marzo en cuatro departamentos y en Bogotá "como consecuencia de su participación en la marcha", aseguran.

Fabio Arias, vicepresidente de la CUT, tiene algunos nombres de víctimas: Leonidas Gómez, del sindicato Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb), y Gildardo Antonio Gómez, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

"Ninguna muerte tuvo una motivación personal -dijo Arias-. Suceden en momentos previos y posteriores a la marcha. Además, coincide con amenazas hechas a 20 personas de nuestro Departamento de Derechos Humanos y de Fecode".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU consideró que "es urgente una acción decidida" para aclarar otros dos homicidios: el de Édgar Molina (colaborador de Huipaz), ocurrido el 23 de febrero en Algeciras (Huila), y el del dirigente Manuel José Reina, el 25 de febrero en Vijes (Valle).

El Gobierno rechazó los hechos y pidió que se revisaran los esquemas de seguridad.



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