Víctimas del Golpe de 2002 denuncian campaña de mentiras contra Amnistía de Chávez

Policías metropolitanos usaron armas largas contra quienes estaban en puente Llaguno. Obsérvese el uso de guantes para no dejar huellas

Policías metropolitanos usaron armas largas contra quienes estaban en puente Llaguno. Obsérvese el uso de guantes para no dejar huellas

Credito: Abn

2 de Ene de 2008. - Durante el programa "Reportaje Mundial" que condujo este miércoles el periodista Efraín Cortés en compañía de la directora de YVKE Mundial, Cristina González, los representantes de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de Abril de 2002 (Asovic), Yesenia Fuentes y el abogado Antonio Molina, denunciaron una campaña mediática que adelantan abogados de once funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad el 11 de abril de 2002, ello en torno al decreto de amnistía anunciado por el Presidente Chávez el pasado 31 de diciembre.

Dicha campaña busca, en opinión de Molina, convencer a la opinión pública de que sus defendidos fueron excluidos del decreto de amnistía, cuando ellos están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad y violación grave de derechos humanos, que impide legalmente que el Estado les dé cualquier clase de beneficios procesales.

Amnistía sólo para quienes cometieron delitos menores

Es importante recordar que el propio Presidente Chávez afirmó, el 31 de diciembre pasado, que el decreto de amnistía no abarca a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos ni a quienes no se pusieron a derecho ante los tribunales competentes, lo que excluiría a los policías metropolitanos que efectuaron disparos contra personas injustificadamente.

"En boca del Presidente, el decreto favorece a personas que cometieron delitos menores en los hechos del 11 de abril" y "no abarca delitos de lesa humanidad o que constituyeran graves violaciones de derechos humanos", recordó Molina, quien aseveró que los abogados de Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovich y otros efectivos de la Policía Metropolitana se ampararon en la cobertura mediática de medios de comunicación privados para crear la matriz de opinión de que ese decreto favorece a sus defendidos.

Como se recordará, el 11 de abril de 2002 un grupo de policías metropolitanos hicieron ataques con fusiles de largo alcance, subametralladoras y otras armas de fuego contra un grupo de partidarios del Presidente Chávez que estaban apostados en la Av. Baralt y el Puente Llaguno, ataque que desencadenó la parte final del golpe de Estado de abril de 2002. En aquel entonces, Henry Vivas era el director del cuerpo policial. Lázaro Forero e Iván Simonovich también estarían involucrados en las acciones, y otros ocho policías metropolitanos están acusados de ser los autores materiales de los disparos.

Recordó Molina que, a raíz de un recurso de amparo que los abogados de los policías detenidos introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia emitida el 13 de abril de 2007 con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán determinó que "estos policías no podían ser objeto de ningún tipo de beneficio procesal en virtud de que se trataba de delitos graves contra los derechos humanos". Es una decisión que quedó firme, y que evita que dichos funcionarios puedan ser objeto de ningún indulto o amnistía porla Asamblea Nacional. El expediente es el 0521899.

Molina cree que la estrategia de los abogados de los policías es esperar a que el decreto se publique en Gaceta Oficial para entonces alegar que "furon excluidos" del mismo. "En ningún caso este decreto los puede favorecer, porque los delitos cometidos por estos once funcionarios de la PM atentaron contra personas que estaban alli con graves con graves violaciones de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, que tiene rango constitucional y que Venezuela, a través de numerosos tratados, está obligada a no emitir ningún decreto que conlleve a la impunidad de este delito."

Llamado al Presidente Chávez

El abogado de Asovic hace un llamado al Presidente de la República para que el decreto explique de forma clara que no puede favorecer a personas que violentaron derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida. "El Estado venezolano no puede, bajo ningún concepto, otorgar ningún tipo de beneficios a estas personas porque eso conllevaría a la impunidad."


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