El asesinato de Luis Fajardo y la contraofensiva de la burguesía agraria

CAMPESINOS/AS

 

Este 31 de Octubre se cumplen seis años del asesinato del dirigente campesino Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del activista Javier Aldana. Este atroz crimen fue ejecutado en Sur del Lago, Zulia, y con ello, terratenientes de la región y sus cómplices políticos y militares, pretendieron acallar las justas demandas del campesinado de la zona.

En su condición de miembro de la Comisión Nacional Agraria del Comité Central del PCV, Luis Fajardo lideró ─junto al campesinado de la zona de Sur del Lago─ las principales luchas por el rescate de tierras en manos de latifundistas; tierras ociosas e improductivas. Su asesinato es consecuencia de la contraofensiva que la burguesía agraria y terrateniente lanzó ante el avance en organización y lucha del campesinado venezolano y que ha traído consigo el sicariato de más de 300 campesinos en los últimos 20 años.

Luis Fajardo fue uno de los protagonistas de la Marcha Campesina Admirable que en 2018 salió desde el estado Portuguesa y recorrió más de 400 kilómetros hasta Caracas para exigir la entrega de tierras, respeto y reconocimiento a sus luchas.

Cerca de 50 campesinos, integrantes de la Corriente Clasista Campesina «Nicomedes Abreu» provenientes de la zona de Sur del Lago se incorporaron a esta gesta heroica. Venían apertrechados con los productos de sus siembras (topochos, plátanos, queso yuca, auyama), con reverberos y ollas, con la moral en alto y con una disciplina inquebrantable, como inquebrantables eran sus demandas y sus exigencias.

Luis no solo era un combatiente por los derechos del campesinado, también combatió a los sectores reformistas y oportunistas que pretendían usar la Marcha Campesina Admirable en beneficio propio, y apropiarse de este hito colectivo que fue una muestra de la profunda lucha de clases que existe en el campo venezolano.

Hoy, tanto funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI), jueces, fiscales, policías, militares y delincuentes son las herramientas que a su servicio poseen los terratenientes para amedrentar, criminalizar y judicializar a quienes desarrollan la justa lucha por las tierras que han sido abandonadas o están en total ociosidad. Todo el aparato del Estado al servicio de los opresores a quienes obedece sin vacilar; un Estado que se hace ciego, sordo y mudo cuando los terratenientes recurren al sicariato, a la muerte; un Estado cómplice de estos crímenes cuando no brinda justicia y deja que impere la impunidad.

Hoy, seis años después, insistimos en que se debe investigar al terrateniente Carlos Sulbarán y a los funcionarios que desde sus cargos políticos o institucionales han entorpecido la investigación, como lo han hecho el dirigente regional del partido de gobierno Guly Bert Antúnez, el Capitán de la Guardia Nacional Bolivariana José Villasmil Toro y los respectivos fiscales del Ministerio Público en la zona, que tienen bajo su responsabilidad el caso.

*Miembro del Buró Político del Comité Central del PCV



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