Señor Tarek William Saab, no puedo dejar pasar esta fecha para denunciar ante la comunidad nacional que usted no ha cumplido con lo prometido cuando en el mes de agosto de 2017, asumió el cargo de fiscal general. En su discurso ante la asamblea nacional constituyente aseguró que combatiría la corrupción, responsabilizando a su antecesora Luisa Ortega Diaz de todos los vicios enquistados en el Ministerio Público y prometió que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta acabar con la impunidad. Su proclama muy parecida a la del libertador Simón Bolívar pronunciada en el Monte Sacro.
Déjeme decirle que Igmar Alexander y su hermano menor de edad Eduardo José Landaeta Mejías, fueron ajusticiados por funcionarios pertenecientes a la policía del estado Aragua, el 19 de noviembre de .1996, y hasta la presente fecha, el expediente signado con la nomenclatura 6J-2718, permanece durmiendo el sueño eterno de impunidad en el tribunal sexto de juicio del circuito judicial penal del estado Aragua a cargo del juez Israel Alejandro David López, sin que a la fecha se haya realizado el juicio, y precisamente, no por la inasistencia de la víctima Ignacio Landaeta a los actos judiciales, sino por la corrupción judicial que usted prometió acabar.
Pues bien, pareciera que su discurso se esfumó y terminó en simple retorica propagandista de corte político, cuya intención no era otra que la de desmarcarse de la anterior gestión.
Pero lo más grave es que sus subalternos, el fiscal Víctor Acasio y la fiscal Elmis Viera del estado Aragua, guardan silencio sepulcral ante las constantes y reiteradas violaciones tanto de la constitución como de la ley adjetiva procesal penal.
Estos dos fiscales quienes por mandato constitucional están obligados a garantizar y proteger el estado de derecho, lo que hacen es omitir su función garantista del proceso penal, prueba de eso, son los VEINTICINCO AÑOS DE IMPUNIDAD, sin que a la fecha los autores materiales y cooperadores hayan sido sancionados conforme a los hechos y el derecho por el homicidio de Igmar Alexander y su hermano menor de edad Eduardo José Landaeta Mejías.
En razón de las consideraciones anteriores, debo preguntarle si el caso de los hermanos Landaeta Mejías no es un caso de violación a los derechos humanos, por cuanto según usted en Venezuela no se cometen quebrantamientos de pactos y convenios internacionales de protección a los derechos humanos.
La ejecución extrajudicial de estas dos personas, representan la inmensa lista de venezolanos que han sido ajusticiados por cuerpos policiales y militares bajo la mirada complaciente del ministerio público, el cual no investiga, no imputa o permite el retardo procesal interminable hasta que la víctima se agote en la búsqueda de justicia.
Para finalizar fiscal general, debo preguntarle si VEINTICINCO AÑOS DE IMPUNIDAD no son suficientes para que usted inicie una investigación penal contra el juez de la causa y los dos fiscales del estado Aragua por ser cómplices inmediatos en la violación del debido proceso, la tutela judicial y garantías judiciales
Abog. Luis Aguilera
Apoderado de la Victima
0412-8958960