La justicia tras los barrotes o el caso de Miguel Rodríguez Torres

Podía ser agobiante compartir con Chávez mientras esperábamos a alguien, porque la mayoría de las veces era él quien llegaba de último. Ese día recibiríamos a Cristina Fernández en la Academia Militar y los minutos se alargaban porque el Presidente inició un "examen oral" de historia a los jóvenes formados en el callejón. Estaba a cargo el Gral. Miguel Rodríguez Torres. Fue la primera vez que escuché a muchachos de 17 años, todos formados por el general, respondiendo con seguridad la seguidilla de interrogantes del Presidente. No fue la única oportunidad que pude constatar su liderazgo constructivo. Sus posturas con respecto del destino del país, estaban diametralmente alejadas de aventuras militares o salidas de fuerza.

En conversaciones privadas solía expresar que la necesidad más urgente que tenía Venezuela era cerrar esa fisura que separaba dos polos con preferencias políticas opuestas y solía reunirse con sectores de base como estudiantes, trabajadores o ancianos presentándole sus reflexiones para sumar una mayor cantidad de ideas. Aborrecía la idea de un enfrentamiento intestino en el seno de la Fuerza Armada, quizá porque su cuna fue el 4F y conocía sobradamente las implicaciones de este tipo de eventos. Cuando finalmente, fue detenido por actividades sociales en una reunión de mujeres en el Hotel President, supuse que saldría pronto en libertad porque su activismo estaba centrado en la reconciliación. El General se había desprendido del uniforme e intentaba amalgamar un movimiento civil con un mensaje de reencuentro nacional.

Por esa razón estoy convencida que es inocente de las acusaciones que han trascendido de manera no oficial, porque después de dos años y medio en prisión, y aislado desde el mes de marzo de este año, aún no se le ha celebrado la audiencia preliminar –que conforme a la ley- debió hacerse 20 días después de su detención o en caso contrario liberarlo por falta de evidencias. Sus condiciones de reclusión se han endurecido porque se le impide tener contacto físico con sus familiares y su pareja sentimental debió abandonar el país luego de ser "detenida" y llevada a un centro de detención clandestino donde sufrió tortura, tratos crueles, degradantes y humillantes. La preexistencia de enfermedades crónicas se ha agravado paulatinamente al no recibir atención médica regular.

En junio de 2020, la CIDH solicitó una medida de protección a su favor, después de conocer las más de diez medidas que se han intentado en aras de su libertad, además del empeoramiento de su condición de salud. El caso de Miguel Rodríguez Torres desnuda la inhumanidad del sistema de justicia venezolano, ciego a los abusos que han rodeado su caso y sordo a las demandas de sus familiares sobre el respeto de su derecho a su salud. Transmite también el terror mudo de sus ex compañeros, quienes compartieron con él años de servicio en la Fuerza Armada y sin embargo prefieren callar frente a la brutalidad desnuda de un secuestro sin fórmula alguna de ley. Transmite la impiedad por el dolor de sus padres ancianos y también el altísimo costo que implica, a lo interno del gobierno, ser objeto de la desconfianza o de la venganza de alguno de los jerarcas del régimen que se mantienen por la fuerza en Venezuela. Y sin embargo, olvidarnos de la saña con la cual son encarcelados quienes fueron nuestros compañeros, nos envilece tanto como a los autores intelectuales de su secuestro.

Abogar por su libertad, privada o públicamente nos reconcilia con nuestra dignidad como revolucionarios y con el coraje que nunca debimos dejarnos arrebatar por la crueldad de una élite que desvió las bases fundacionales de un proyecto de justicia social.

 

corroncha0906@gmail.com



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