Una terrorífica historia que bien puede ser una horrible realidad colombiana

En un lugar de Colombia, Soacha, suburbio de Bogotá, desayunando estaba Leonardo Porras, sin imaginar siquiera, que esa sería la última vez que lo haría en su casa. Salió rumbo a un trabajo que le habían ofrecido. Leonardo sufría una enfermedad mental, que limitaba su capacidad intelectual y física. Salió raudo para no regresar jamás, a pesar de todas las horas, días y meses de infructuosa búsqueda, en los lugares donde frecuentaba, nadie lo había visto, sus familiares revisaron todo, era como si se lo hubiera tragado la tierra.

Efectivamente se lo tragó la tierra, porque a los meses apareció en el fondo de una fosa común, conjuntamente con unas decenas de supuestos combatientes guerrilleros, todos sin manos. Es que en Colombia, es una práctica común, amputarle las manos a los supuestos combatientes, para identificarlos y además, lo más importante, para poder cobrar la jugosa recompensa, que el gobierno ofrece, por cada guerrillero caído en combate. De acuerdo a un decreto, que le otorga una recompensa a los comandantes de las unidades del Ejército colombiano que presentaran las pruebas: Fotos, Manos amputadas y otros. De acuerdo a una resolución del Ministerio de Defensa, firmada por Camilo Ospina y aprobada por el Presidente Álvaro Uribe, bajo el Número 029, del año 2005, donde ofrecen 3.800.000 Pesos (1.900 Dólares) por cada guerrillero dado de baja, pudiendo ser mucho más alta, si se tratase de un comandante o jefe guerrillero.

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: “Los falsos positivos”. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Luz Marina Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

Cuando fue a reclamar a su hijo obtuvo la siguiente respuesta, por parte del fiscal de la causa:

-Así que es usted la madre del comandante narco guerrillero

Le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.

-No, señor. Yo soy la madre de Jair Leonardo Porras Bernal.

-Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, 4 días después a setecientos kilómetros de distancia. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

-Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Jair Leonardo Porras.

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: Miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes en barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas.

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos positivos).

Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”.1

Lo anterior no fue una historia, producto de la imaginación de algún escritor extravagante, se trató de la cruda realidad, uno de los miles de casos juzgados. Esto nos lleva a concluir que efectivamente se trata de una política del Estado colombiano, que promueve crímenes atroces, comparables, quizás, con los crímenes más horribles de la historia de la humanidad, como el caso de Atilas, cuando ordenó el asesinato de todos los niños nacidos en Jerusalén, para también tratar de eliminar a Jesús, El Hijo de Dios. En el siglo pasado destaca la masacre de Armenia, donde murieron millones de personas, a principios del siglo anterior, y que dejó chiquitos los daños humanos causadas por las dos bombas atómicas, lanzadas por el imperialismo norteamericano sobre dos ciudades japonesas y el exterminio de Judíos durante la segunda guerra mundial. Sin embargo ahora se trata de exterminio político, sobre personas que no tienen una ideología opuesta al régimen, sino que se encontraban inocentemente en el lugar equivocado y a la hora también equivocada, es decir matan a inocentes, preferiblemente niños, discapacitados, ancianos, miserables viviendo en las calles, en fin los más fáciles de reclutar.

Ahora, en este año, en septiembre, se descubre una nueva masacre sobre el territorio colombiano, durante este gobierno de Iván Duque, que significa lo mismo, que el de Álvaro Uribe o el de Juan Manuel Santos, todos tienen las mismas políticas direccionadas al magnicidio. Es por eso que podemos relatar “UNA TERRORÍFICA HISTORIA, QUE BIEN PUEDE SER UNA HORRIBLE REALIDAD COLOMBIANA” Imaginemos que:

En cualquier lugar de Colombia, en distintos lugares, se inicia una cacería de niños, los cuales por su ingenuidad son presas fáciles. Son trasladados en buses u otros medios, bajo engaño o aplicando la fuerza, hasta el territorio del Caquetá, donde son asesinados y luego introducidos en bolsas plásticas negras, para ser enterrados en fosas comunes. Se trataba de un grupo de 19 niños, de los cuales 7 quedaron en el sitio conjuntamente con algunos adultos, que también cayeron en esta maléfica trampa. Parece ser que 12 lograron escapar, de los cuales 3 cayeron ante la feroz cacería, que se implementó de inmediato, usando para ello perros de caza. Fueron asesinados con disparos a la cabeza, luego de ser atrapados. La suerte de los 9 restantes, aún se desconoce.

Tres días después de los hechos durante el mes de septiembre, el Presidente Iván Duque, anuncia ante los medios el gran éxito que obtuvo el gobierno, al bombardear un campamento guerrillero en Caquetá, donde dieron de baja a un importante número de rebeldes, sublevados en contra del legítimo gobierno democrático que él preside.

Sin embargo una vez que se inician las investigaciones, sobre todo por los familiares de las víctimas, que ubicados a cientos de kilómetros, no alcanzan a entender, como sus familiares aparecen en una fosa común en el medio de la selva. Cuestión que ocurrió recientemente.

Cabe recordar que este caso se conoció el pasado 5 de noviembre durante el debate de control político contra el ex Ministro de Defensa Guillermo Botero, cuando el senador Roy Barreras, del partido de la U, reveló que en este supuesto bombardeo contra un campamento de disidentes fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años.

Esta es una muestra de cómo las llamadas Social Democracias, han evolucionado en su proceder y han violentado al derecho público internacional, la Carta Magna de los derechos fundamentales del hombre, la carta de las Naciones Unidas, se han asociado a los grupos delincuenciales, para mantener el poder. Pero quizás lo más importante, es que disfrazan con un manto de inocencia, lo que indudablemente es el más feo, horripilante rostro de la muerte, el asesinato en masa con impunidad a gente inocente, incluso a niños.

Tratar de justificar los horribles hechos narrados como una acción de guerra, basada en un bombardeo a un campamento guerrillero, donde mueren una cantidad de irregulares. Es una hipótesis traída por los cabellos, puesto que pensar que niños de la ciudad recientemente secuestrados, cómo es posible que mueran en combate, en un lugar de la selva a cientos de Kilómetros de distancia de su lugar de origen, sin haber tenido tiempo de haber recibido entrenamiento militar. Unos mueren por efecto de las bombas y otros por efecto de un tiro en la cabeza, lo que indica que todo fue un escenario preparado, para producir lo que estamos sospechando. Es decir un “Falso Positivo”.

1 https://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394130939_118854.html, Así se fabrican guerrilleros muertos, El País, Consulte la portada de EL PAÍS, Edición América, del martes 3 de diciembre de 2019, revisado el 2/12/2019

 



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Jouseff Kan

Master en Ciencia Política. Enfoque Sur.

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