La actual tragedia ambiental y social desatada por la chambona construcción de la represa de Hidroituango, cobra al río Cauca y a las comunidades ribereñas de 4 Departamentos, la corrupción de los contratistas que la construyen.
Para desgracia de Colombia, esta represa, verdadero monumento a la corrupción de la élite gobernante, fue construida sobre la sangre de las comunidades que habitan esa zona de Antioquia, quienes fueron masacradas y desplazadas, mediante una operación de guerra sucia del régimen, con la que sofocaron las voces de quienes se opusieron a esta obra.
Germán Ávila (QDEP), uno de los líderes que denunciaron la corrupción y guerra sucia perpetradas por los impulsores de esta represa, en su momento dijo: "Vengo de un país donde mataron a la gente para quedarse con el río y luego, mataron el río". Proféticas palabras, que hoy se cumplen con el desastre ocasionado por el cierre de la represa, con el que tratan de evitar su derrumbamiento. Cierre que para los gerentes de la hidroeléctrica, "apenas es un mal menor".
Evidencia esta tragedia de Hidroituango una terrible verdad, que explica por qué el Genocidio en curso contra los líderes sociales, tiene como móvil poder perpetrar el saqueo de bienes comunes, propiedad de todos los colombianos. ¿O el agua no es de todos?
Duque simula que protege a los líderes sociales
En 6 meses de este Gobierno, sigue incrementándose la matanza de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y la única respuesta gubernamental ha sido anunciar un gaseoso Plan de Acción Oportuna (PAO), y lo que ha sido peor, Duque ha colocado a dirigir este PAO, a uno de los Generales del Ejército, más implicado en las ejecuciones extrajudiciales, llamadas como Falsos Positivos.
La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, sostiene que: "Vemos una respuesta exigua por parte del Estado colombiano. El mecanismo de protección de los defensores de DDHH no cumple con las expectativas ni responde al contexto, tras la firma del acuerdo de paz" [1].
Negacionismo para no asumir responsabilidades
El Consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales indicó que no encontraron cifras del Gobierno saliente, pues la categoría de líder social no existía, sin embargo, el Director de Fiscalías asumió que tenían un registro de 480 casos de asesinatos, con la insistencia que son por "causas personales" [2].
La negativa del Estado a reconocer la sistematicidad de los constantes ataques y persecución contra los líderes sociales, más la ineficiencia de la Fiscalía para esclarecer los determinadores de los crímenes, desconocer los patrones, modalidad operativa y sobre todo el motivo o causa del exterminio, es la política de las élites gobernantes para invisibilizar el aumento de las amenazas y matanza de estos líderes.
Las estadísticas no mienten. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el exterminio de líderes creció un 45 por ciento, entre 2016 y 2017; pero creció aún más entre 2017 y 2018, porque la matanza aumentó en un 51 por ciento; como lo demuestran estos datos:
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AÑO LÍDERES ASESINADOS INCREMENTO (%)
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2016 - 117
2017 - 170 - (45)
2018 - 256 - (51)
Total 543
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Hay escalamiento y sistematicidad del Genocidio
Según INDEPAZ el total de líderes asesinado es de 566, entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de enero de 2019, los que en su mayoría estaban vinculados con programas de sustitución de cultivos ilícitos, resistencia y denuncia de proyectos minero-energéticos, restitución de tierras y protección de recursos naturales u otros temas ambientales [3].
Por su parte, el Informe "¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo", coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y realizado de manera conjunta por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales; analiza 343 casos que ocurrieron entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, el período comprendido por la investigación. La idea del Informe no es hallar una cifra común de casos, sino las similitudes que permiten demostrar, que si hay sistematicidad y que es un plan de exterminio dirigido desde las clases dominantes, contra los líderes de las comunidades y los defensores de Derechos Humanos [4].
Los líderes asesinados, según este Informe eran personas que llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local, con los que afectaron intereses de grandes grupos económicos, empresas o personas inscritos en la legalidad, pero también de grupos ilegales. Esta era su actividad antes de ser asesinados:
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LIDERAZGO SOCIAL DE LOS ASESINADOS
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61 en juntas de acción comunal
52 cívico-comunales
31 indígenas
28 campesinos
24 afros
18 movimientos políticos
12 activistas de víctimas
9 en sindicatos
7 activistas ambientales
6 reclamantes de tierras
5 abogados defensores de derechos humanos
4 en comunidades LGBT
3 en organizaciones juveniles
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Uribe y Duque niegan los Acuerdos de Paz
En el Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno, hay disposiciones y normativas más estructuradas que se aproximaron a rutas y metodologías para la desarticulación del crimen organizado y la protección a las comunidades en riesgo, entre ellas el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 de 2017), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto Ley 154 de 2017), el Sistema de Alertas Tempranas (Decreto 2124) y el Decreto 660 de 2018. Duque las ha ignorado completamente, negándose a convocarlas e implementarlas.
Si Duque como jefe de Estado no asume las responsabilidades de protección, que le manda la ley, ¿Qué le espera a los colombianos que realizan protesta social y oposición de izquierda?
Si además, las operaciones encubiertas que realizan las Fuerzas Armadas contra los líderes sociales y los opositores, las siguen camuflando tras la fachada de unas inexistentes "Águilas Negras"; hay que concluir que la tendencia creciente de este Genocidio, seguirá en ascenso.
El Procurador General de la Nación, Cesar Carrillo Florez, el pasado jueves 7 de febrero, durante la Mesa por la vida realizada en El Carmen de Bolívar [5], llamó la atención sobre las responsabilidades de protección que obligan al Estado, cuando dijo:
"Aquí hay departamentos donde se continúa el exterminio de líderes sociales y los gobernadores miran para otro lado. Esto es una responsabilidad conjunta del Gobierno nacional con el Gobierno departamental".
Cuando a una parte del Estado le preocupa el exterminio de líderes sociales, pero la otra encabeza este Genocidio, ¿Cómo puede llamarse éste fenómeno? ¿Estado fallido? ¿Estado delincuente? ¿O de ambas maneras?
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Notas
[5] "Hay exterminio de líderes sociales": Procurador. Caracol Radio, 7-02-2019.