Abogado Alfredo Ruiz, defensor del

Alfredo defensor del pueblo y SAIME: Pido respuesta por derecho al voto

Hace mas de (2) años aproximadamente, hasta ahora, el ciudadano Manuel Alexis Arzola Rivas, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 8.963.224, domiciliado en la Calle Pablo Neruda, Urb. La Querencia, Mzna. 8, Casa N° 3, Alta Vista Sur del Municipio Caroní del sector de Puerto Ordaz del estado Bolívar, dirección electrónica que se indica para los fines consiguientes arzola68@hotmail.com, en varias ocasiones ha venido realizando reiterativos solicitudes ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ordaz, específicamente desde el día miércoles 6 de marzo de 2016 según se desprende en documento registrado N° DP/ DDEBA-R-00001-16 y paralelamente desde el 7 de marzo de 2016, ante la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Ordaz, estado Bolívar, según expediente MP-104823-2016, ha realizado todo el procedimiento para solventar administrativamente ante el Ente competente su caso de OBJECIÓN DEL SERIAL ANULADO DE SU CÉDULA DE IDENTIDAD, esto es, ante el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME). Es por ello que el jueves 8 de marzo del 2018, consignó comunicación ante el Defensor del Pueblo del estado Bolívar, anexando un disco compacto (CD) y paralelamente mediante escrito N° 02-02-2018 de fecha 8 de marzo de 2018, ante el despacho del Fiscal Segundo del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, otro disco compacto (CD), con todo el correspondiente soporte del procedimiento administrativo relacionado a las diligencias practicadas ante la Administración Pública Central desde el año 2008 hasta el 2018, a objeto de cumplir con el deber de contribuir en la solución definitiva de su caso.

I

Con un cordial saludo me estoy dirigiendo muy respetuosamente a los fines de solicitar su intermediación ante las instituciones del Estado, a los fines de que se me garanticé mi derecho Constitucional al VOTO en las venideras elecciones Presidenciales, de Consejos Legislativos y Municipales a realizarse el 20 de mayo de 2018. En tal sentido, requiero una repuesta con carácter de Extrema Urgencia ya que al día de hoy 25-4-2018, faltan veinte cinco (25) días y desconozco si que mecanismo realiza las instituciones la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Misterio Público para ante Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), para habilitarme en el ejercicio de mis derechos Civiles y Políticos, relacionados con la anulación del serial de mi cédula de identidad, toda vez que me encuentro solvente desde el 18 de noviembre de 2008, como lo he demostrado en los soportes y anexos que cursan en las Órganos del Estado Competentes Supra Identificados.

Sin mas a que hacer referencia, quedo de usted a la espera de una respuesta con la premura del caso, ya que el Sufragio es un Derecho Constitucional, siendo el Ministerio Público el garante de la Vindicta Pública y La Defensoría del Pueblo el defensor de los Derechos Humanos, que por esta vía estoy solicitando un pronunciamiento sobre el procedimiento de restitución de mis garantías Constitucionales vulneradas.

Por medio de presente yo, Manuel Alexis Arzola Rivas, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 8.963.224, domiciliado en la Calle Pablo Neruda, Urb. La Querencia, Mzna. 8, Casa N° 3, Alta Vista Sur, Municipio Caroní, Puerto Ordaz, estado Bolívar, teléfono 0424-9149543, correo electrónico arzola68@hotmail.com, muy respetuosamente me dirijo a usted, a los fines de consignar en disco compacto (CD), todo el soporte del procedimiento que he realizado ante los Órganos del Estado Competentes, para solventar mi caso de OBJECIÓN DEL SERIAL ANULADO DE MI CÉDULA DE IDENTIDAD, en el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría del Pueblo y Misterio Público.

I

PUNTO PREVIO

Cursa dese el 28 de octubre de 2008, para ante el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), éste antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), toda la información sobre mi identidad que me fue requerida en el año 2008, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objeto de resolver mi caso de Objeción de Serial Anulado de mi Cédula de Identidad, consecuencialmente ejercer el derecho al sufragio, en las elecciones realizadas el domingo 23 de noviembre de 2008 (Gobernadores de los estados, Alcaldes de los Municipios y a los Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales). Asimismo, elevo a su conocimiento que desde el 28 de octubre de 2008, también entregue ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), toda la información de mí identificación, consecuencialmente se solucionó mi caso de Objeción de Serial Anulado a mi Cédula de Identidad, esto es, cumplidos los requisitos exigidos la objeción fue derogada y el caso fue resuelto satisfactoriamente en un lapso de cinco días hábiles, contados a partir del 28 de octubre de 2008, específicamente el 18 de noviembre de 2008. De este modo, FUI HABILITADO PARA EJERCER MI DERECHO AL SUFRAGIO, como efectivamente las ejercí en las siguientes elecciones: a) En las Elecciones para Gobernador, Alcalde y a los legisladores de los Consejos Legislativos Estadales (23 de noviembre de 2008); b) Elecciones Presidenciales (7 de octubre de 2012); c) Elecciones Regionales (16 de diciembre de 2012); y d) Elecciones a la Asamblea Nacional (6 de diciembre de 2015).

Como podrá verificar que estando civilmente hábil, esto es, solvente por haber cumplido con mis obligaciones, INEXPLICABLEMENTE SE ME CONCULCÓ MIS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, POR LA MISMA CAUSA QUE FUE RESUELTA EL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2008. Es por ello, que he padecido una serie de penurias al no poder renovar mi cédula de identidad vencida desde diciembre de 2015, renovar pasaporte, realizar cambio de residencia hechos que han traído como consecuencia directa la vulneración de garantías constitucionales relacionada con el sufragio, ya que se me IMPIDO VOTAR en las elecciones: 1) Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio de 2017); 2) Gobernador y Gobernadora (15 de octubre de 2017); y 3) Alcalde y Alcaldesas (10 de diciembre de 2017).

II

ANTECEDENTES CRONOLOGICOS QUE ILUSTRAN EL CASO

Ciudadano defensor, cursa denuncia en su despacho desde el 6 de enero de 2016, por el impedimento del SAIME, para renovar mi cédula de identidad vencida desde diciembre de 2015, lo que evidencia que hasta el día 25-4-2018, han trascurrido con creces un lapso de tiempo de dos (2) años, tres (3) meses y diecinueve (19) días, sin poder solventar mi caso de identificación (cédula de identidad, pasaporte), a pesar de estar dando impulso procesal ante el SAIME-Puerto Ordaz y SAIME- San Félix, en la búsqueda de solución consigné toda la documentación sobre mi identificación, mi problema continúa incólume, no he podido obtener una cédula de identidad renovada, motivo por el cual acudo ante la Defensora del Pueblo, para las apremiantes acciones defensoriales, ya que se encuentra competente según sus facultades para actuar por violación a mis derechos humanos y garantías constitucionales tales como:

  1. Principio de no discriminación, según lo establecido en el Artículo 19: El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En tal sentido, opinar es un derecho humano, consagrado como político, éste ilícitamente se me conculcó, al negárseme ejercer el voto en las tres (3) elecciones realizadas durante el pasado año 2017. ¿Cómo queda mi derecho político, ya que me encuentro solvente?
  1. Viola el derecho humano de identidad, ya que la burocracia se traduce en ineficiencia e ineficacia por el lánguido proceder administrativo de los funcionarios públicos que conocen mi caso desde 6 enero 2016 al 12 de marzo de 2018, se advierte un grotesco retardo procesal administrativo, toda vez que no hay solución en un lapso de tiempo de dos (2) años, dos (2) meses y seis (6) días, y la objeción continua incólume. En tal sentido, se me causo un perjuicio, esto es, el derecho humano a la identidad, ésta no es una dádiva del Estado, es un derecho que nace con la persona.
  1. Viola la garantía de libre tránsito, toda vez tengo problemas con las autoridades en las alcabalas, aeropuertos, puntos de control, éstos me piden mi cédula de identidad y colocan trabas, igualmente me imposibilita renovar mi pasaporte vencido y como consecuencia de ello, entrar y salir del país, esto es, viajar por razones médicas, de formación, deportivas, culturales, etc.
  1. Vulnera el principio constitucional de la seguridad jurídica, ya esta situación de serial anulado de mi cédula de identidad fue resuelta satisfactoriamente en fecha martes 18 de noviembre de 2008. En tal sentido, no se puede exigir que realice el mismo trámite que demuestro que solventado, resuelto ante los entes competentes del Estado, me refiero ante la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ciudadano Defensor del Pueblo, pido respetuosamente por esta vía su avocamiento personal y o vigilancia , con el objeto de conocer el procediendo procesal subsiguiente que ejecutará la Defensoría del Pueblo, para una solución perentoria, ya que HE AGOTADO TODOS LOS MEDIOS HABIDOS Y POR HABER PARA EJERCER MI DERECHO AL VOTO. Es por ello que acudo ante su persona institucional, requiriendo las apremiantes Acciones Defensoriales y/o Judiciales que restituya, garantice los derechos civiles y políticos conculcados: a) EL DERECHO A LA IDENTIDAD, y b) EL DERECHO AL SUFRAGIO EN LAS VENIDERAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 20 DE MAYO DE ESTE AÑO, ADEMÁS LA DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y MUNICIPALES.

III

DEL DERECHO

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en el artículo 63:

"El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas."

De la norma Constitucional se desprende que el voto es un derecho y el único instrumento para sufragar por ley que tiene valor a la hora de reclamar un "derecho" o exigir el respeto de algún funcionario que se encuentre en los centro de votación, lo cierto es que la CÉDULA DE IDENTIDAD, por estar amparado en la Ley Orgánica de Identificación.

LEY ORGÁNICA DE IDENTIFICACIÓN

Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.458 de fecha 14 de Junio del 2006

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la identificación de todos los venezolanos y venezolanas que se encuentren dentro y fuera del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 2. Definición de Identificación. Se endiente por identificación, el conjunto de datos básicos que individualizan y diferencian a una persona con respecto a otros individuos y que sirve de fuente de información para su reconocimiento.

Artículo 3. Medios de identificación. A los efectos de esta Ley, se entenderá por medios de identificación: la partida de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte.

Del análisis de la norma que antecede se puede colegir reitero, que el único instrumento válido para votar es la cédula de identidad, aunque se encuentre vencida. No obstante, me encontré en la obligación de denunciar tempestivamente ante la Defensoría del Pueblo el hecho que se me impidió ejercer el Derecho al Sufragio, en las pasadas elecciones: 1) Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio de 2017), 2) Gobernador y Gobernadora (15 de octubre de 2017), y 3) Alcalde y Alcaldesas (10 de diciembre de 2017). En tal sentido, estoy obligado a denunciar un presunto DELITO DE TIPO ELECTORAL Y/O ILÍCITOS ELECTORALES, que por esta vía lo hago ante UD., y pido a la competente Defensoría del Pueblo, emitir opinión y/o pronunciamiento, ya que requiero la protección del Estado Social de Derecho y de Justicia, por ser un derecho humano fundamental, es una garantía constitucional que requiere tutelaje de las Instituciones del Estado. Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, considero procedente que su despacho realice lo concerniente en fundamento al Principio de Colaboración de los Órganos de Poder Público, estipulado en el artículo 136 de la Carta Magna, en concordancia con los ordinales 2°, 4° del artículo 69, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y de estar ajustado a derecho pase las actuaciones a la Fiscalía Especializada en materia de delitos, faltas e ilícitos electorales, a los fines de abrir las averiguaciones que a lugar corresponda, para que los delitos y las penas no queden impunes.

En este mismo orden en las competencias del Defensor del Pueblo, según el ordinal 2°, del artículo 15° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dispone:

"…Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos…"

IV

PETITORIO

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, requiero poder obtener sin más dilación solución PRIMERAMENTE AL CASO DEL SERIAL ANULADO DE MI CÉDULA DE IDENTIDAD RENOVADA, SEGUNDO LUGAR SE ME PERMITA EJERCER EL DERECHO AL SUFRAGIO EN LAS VENIDERAS ELECCIONES DEL 20 DE MAYO DE 2018 Y EN TERCER LUGAR PODER RENOVAR MI CÉDULA DE IDENTIDAD Y PASAPORTE VENCIDOS, toda vez que la Defensoría del Pueblo es competente para el auxilio de restitución de mis derechos constitucionales, según se desprende de la sentencia vinculante, que aclara las competencias del Defensor del Pueblo, éstas contenidas en el Exp. 17-0649, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que interpretó los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal (sentenciada el martes 27 de junio de 2017), ésta publicada en la Gaceta Oficial, N° 41.182 de fecha miércoles 28 de junio de 2017.

Es justicia que Clamo al Dios Todo Poderoso, en Puerto Ordaz, a los 25 días del mes de abril de 2018, al amparo de los artículos: 2, 19, 28, 49.1, 51, 63, 141, 143, 257, 280, 281, 285, 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente,

Manuel Alexis Arzola Rivas.

C.C. Poder Moral.

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

CONABDH.

El Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos (CONABDH), se hace solidario y en sus efectos denuncia públicamente, la mala praxis procedimental extrajudicial practicada por dos (2) Consejeras de Protección del Niño (@) y Adolescente del Municipio Socialista de Caroní del estado Bolívar, en contra del Presidente del Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos, al tomar una decisión de inconformidad Constitucional, violando el Debido Proceso Constitucional extrajudicial, en sintonía con las malas costumbres, tal como se expreso en una oportunidad el difunto Cmdte/Pdte. Hugo Chávez Frías, en el taller de Alto Nivel, denominado en aquella oportunidad: "El Nuevo Mapa Estratégico", de fecha 12 del mes de noviembre del año 2004, quien manifestó, lo siguiente:"…la vieja idea hay que golpearla, golpearla, golpearla, golpearla, pero golpearla sin clemencia por el hígado, por el mentón, todos los días, en todas partes, las viejas costumbres; si no la hacemos, si no las demolemos, ellas nos van a demoler tarde o temprano". En síntesis, Hugo Chávez se refería en aquel entonces que: "Una de las principales trabas de la Revolución Bolivariana es el "BUROCRATISMO". Palabras que tenemos que sustituir por la Primacía Constitucional y por los Principios Constitucionales de la Administración Pública, establecido en los artículos 7 y 141 constitucional, razón por la cual nos ocupa para a exponer las circunstancia que en fecha del días martes 17 del mes de abril del presente año 2018 se había acordado una convocatoria procedimental para la fecha del días miércoles 18 del mes de abril del presente año, fijada para la hora de las 09:00 am, con el objetivo de tratar el caso de los padres de la niña, hija de Julio César Del Valle y de Mariaissa Díaz, caso presentado por la representación del Ministerio Público, (Fiscalía Séptima del Segundo Circuito), en fecha del días lunes 16/04/2018, la cual y visto la conversaciones realizadas orales por la Consejera Del Valle Mendoza a ambas partes se procedió a citar para él días martes 17 del mes de abril del año en curso, a los Señores Julio Del Valle y respectivamente Mariaissa Díaz, donde se acordó celebrara un acto procedimental extrajudicial conciliatorio con la plenaria del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Caroní, donde dicho días se imposibilito realizar el acto y se fija para miércoles 18/04/2018, donde dicho días se me imposibilito a asistir a comparecer motivado a que la niña (mi hija), paso todo la noche con fiebre y tos, la cual su padre acudió desde temprano al Instituto de Previsión Social del Trabajador de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (IPSTUNEG), para que fuera, como efectivamente paso de que la niña fuera chequeada por un médico Pediatra, inversión de tiempo que le tomo a su padre hasta en hora de la tarde, intento e hizo del conocimiento a las Consejeras de Protección de las que estaban de guardia los impedimentos de su inasistencia al acto fijado, complicándose el días por unas lluvias que cayó y en lo sucesivo el días siguiente caí días feriado administrativo 19 de abril.

Por razones, ya confirmada, comparezco el días 20 del mes de abril del 2018, entre las 11:30 am en la sede del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Caroní, como efectivamente he sido me pongo a la disposición de ese Consejo de Protección, con mi niña de 3 añitos y en minutos una de la Consejera nos hace entrega a mi excocubina Mariaissa Díaz y mi persona una página para que escribiéramos la denuncia, lógicamente en el papel que se me hizo entrega, escribí las razones y motivo porque Mariaissa Díaz no podía tener la Guardia y Custodia de la niña, por ahora, hasta que el Tribunal decidiera sobre el caso de mi hija. Mi mayor sorpresa fue que luego de ser sometido por largas horas, desde las fecha del días 16 de abril, se aparece la Consejera Del Valle Mendoza, a hacerme entrega del pronunciamiento decididos por dos Consejeras de Protección, y cuando sostengo, agarro, leo y observo el escrito, decía acta de conciliación y casi me impresiona porque en ningún momento hubo acto de conciliación, cuando vuelvo a leer el escrito, esta Consejera me dice que lo firme, pues bien le manifiesto que yo no firmo este escrito, porque es un acto donde no hubo conciliación y mucho menos observo los elementos probatorio extrajudicial administrativo que lo avale, como base para que este Consejo de Protección tomara una respuesta y medida de restitución de la niña a favor de su mama Mariaissa Díaz, cuando esta persona no está en capacidad neurológica y psicológica para ejercer la Guardia y Custodia de la Niña, hechos que comprobé y he vivido, en el sentido que quienes hace todas los servicios de compra, de asistencia de ir a los médicos, las farmacias, los módulos, hospitales y clínicas, los abastos y centros comerciales, entre otros, llevar a mi hija a la Escuela, y a otras actividades complementarias, es su padre. Además, que es público y notorio en las aéreas de trabajo de la de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), de que Mariaissa Díaz presenta problema de incapacidad, relacionado a su estado de salud, cuidar a la niña es un pedimento que la imposibilitan, porque se desestabiliza madre porque la niña, como toda niña de tres (3) añitos son inquieto y traviesas.

De lo que se trata es que la ciudadana MARIAISSA ORAMIACA DÍAZ MARTINICA, viene presentando según los especialistas un cuadro médico de dificulta neurológica, psicológica y psiquiátrica, de hipertensión, entre otras, tal como se especifica previamente en los informes entregados, tanto al Consejo de Protección del Municipio, como al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ, la cual he venido siendo testigo, por tener una relación de Unión Estable de Hecho desde varios años, prestándole desde que la conocí todo mi apoyo personal, moral y espiritual, concretamente en los momentos más difíciles que ha vivido y haya tenido por presentar una conducta de salud sumamente desviada de lo normal, y que durante mucho tiempo ha estado en control por especialistas, los esfuerzo es y ha sido constante por parte de mi persona, pero su cambio de conducta y su manifestación siempre se torna y en ocasiones critica, mostrando de que no está en capacidad para atender a mi hija, razones por la que dicha persona se encuentra en tratamiento permanente y siempre he estado prestándole y apoyándole en medio de sus complicaciones de salud, evitando sobre manera cualquier factor de riesgos que constituya un peligroso para mi hija, en el sentido de que la niña tiene reacciones de inquietud, la cual evidencia que su madre MARIAISSA DÍAZ, al suministrarse su tratamiento le producen sueños, algunos mareos y distintas manifestaciones que la imposibilita estar con la bebe largo tiempo. Por eso lo fundamental y para los efectos de corroborar los elementos de convicción, es necesario proceder con un equipo Multidisciplinario que permita su rápida intervención para reevaluar su situación personal y poder direccionar hacia su estado normal. Y que para el conocimiento de las autoridades competentes, peticionarios, lideres y amigos, la Señora MARIAISSA DÍAZ, después de haber sometido a mi hija y a mi persona Julio César Del Valle, desde el 1 de marzo del año en curso, e impidiendo que no entrara mas al domicilio donde vivía con la niña, hasta ahora y con los días esta señora acudió a denunciarme por secuestro, entre tantas cosas que invento, fabrico, construyo con la mal sana intensión de satisfacer sus deseos neurológico de mandarme preso, de dañar mi moral y mi reputación, de hacerme responsable de unos hechos que nunca en mi vida lo he hecho, fue ella en dejarme afuera, me ha retenido todas mis pertenecías personales, ropas, libros, documentos personales, de trabajo, medicamentos, instrumentos computarizados de trabajo, entre otros. Esta situación es comprobable mediante los respectivos informes médicos que reposa tanto en el hospital de UYAPAR en AltaVista Puerto Ordaz, como en el HOSPITAL "RAÚL LEONI" del sector de San Félix, así como de la Dirección de Personal de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), llegando a la conclusión que mi hija hasta no podía estar mucho tiempo con su mama sola y eso lo reconoció diciendo que las veces que saliera me llevara a la niña y mis compromisos en la capital de Caracas direccionaron bajo otra agenda, dejando muchos compromisos por un tiempo, producto de estas circunstancias, que dejar a la niña por mucho tiempo a su mama Mariaissa ya que ella es estresaba y se desestabilizaba.

En concreto, el punto es que en la presunta acta de conciliación, que redacto la Consejera Del Valle Mendoza, por recomendación de la psicóloga la Consejera de Protección Carolina Rodríguez", MARIAISSA ORAMIACA DÍAZ, "la ciudadana no representa ningún tipo de peligro para su hija"… ellas toman la decisión de restitución de que la niña tiene que estar con su madre, sin conocer a fondo la situación de la paciente y tener acceso a los soportes de convicción, un acta con una cantidad de errores ortográficos y de motivación, en las (tres) 3 convocatoria nunca se dejo constancia, no hubo minuta y ningún procedimiento administrativo que diera fe, o en sus efecto se dejara constancia de nuestra comparecencia, no tuve acceso al expediente, no se tomaron las entrevistas correspondientes de ambos, lo que perfectamente pude percibir que el llamado acto de conciliación, fue un acto mecánico, viciado, tramposo, es decir de inconformidad, de abuso de poder y de autoridad, un Acto Contra la Constitución según el artículo 25 Constitucional y un presunto Acto de Corrupción, violentando las Garantías Judiciales y Administrativas, como es el Debido Proceso Constitucional, previsto en el articulo 49 y numeral 3 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sumado a que ese mismos días me traslado al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ, y logro infamarme que ya habían liberados las Boletas de Notificación a los fines de que sean notificados la Demandada y el Demándate, esto en pocas palabras hay una complicidad de interés, de dañarme mi imagen, por eso y desde este espacio comunicacional denuncio este acto de conciliación, como un acto de inconformidad y fíjense que ya las Boletas de Notificación del Tribuna tenían casi una semana, cuando el Fiscal del Ministerio Público me había dicho que hubo una mala impresión e errores por el Tribuna sobre las notificaciones, guardando silencio hasta que me traslado al Palacio de Justicia hacer las diligencias pertinentes me consigo que las Boletas estaban pegada en el expediente y como se explica que existiendo un procedimiento por ante los Tribunales, las Consejeras mediante una decisión de un acta chiba de Conciliación, le hacen entrega a la niña a su mama, cuando su mama para ese momento lo que proyectaba en su cara una Crisis Neurológica.

SÍNTESIS PETITORIAL.

Ciudadano, Dr. TAREK WILLIAM SAAB, Fiscal General de la República, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, y actuando y cumpliendo con los requisitos y formalidades legales que por esta vías y por medio de su dirección electrónica de fecha sábado 21 del mes de abril del año 2018, le hice muy respetuosamente del conocimiento y ratifico a través de este medio comunicacional ante ese honorable Despacho Fiscal tomando en consideración los hechos y los supuestos elementos de convicción que presento en contra de las ciudadanas CAROLINA RODRÍGUEZ Y DE DEL VALLE MENDOZA, Venezolanas, mayores de edades, abogadas, de este domicilio de Ciudad Guayana, y Consejeras del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Caroní, solicito al correspondiente órgano Rector Penal del Ministerio Público que el presente escrito peticionario es sobre los asuntos de su competencia de conformidad con los articulos 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, y 16 de la Ley Organica del Ministerio Público, y que esta diligencia que se presenta sea recibida, admitida, tramitada y sustanciada con base a los principios establecido en el artículo 16 de la Ley Organica del Ministerio Público conforrme a derecho, así mismo, pido se aperture las correspondientes investigaciones, y de la misma manera se active una intervencion de Control Social Constitucional dirijido a ese Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Caroní, en base al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, y en atención a los artículos 16 y 19 de la Ley Contra la Corrupción se sirva proceder, o en sus efectos ordenar lo conducente a iniciar las correspondientes diligencias petitorial de investigaciones, y de la misma forma, responsabilizo a las Consejeras del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Caroní, CAROLINA RODRÍGUEZ Y DE DEL VALLE MENDOZA, que de pasarle algo a mi hija, hecho que llegase ocurrir algo, le pido a mi santo Dios toda la protección para con mi pequeña hija, las hare responsables. Donde yo he venido enfrentando al lado de mi hija y lo denuncio que en ese acto de que fui objeto de un desalojo ilegal con mi menor hija de 3 añitos de edad, desde el 1 del mes de abril del año en curso por parte de su mama MARIAISSA ORAMIACA DÍAZ, que a todas luces los presuntos elementos de convicción de los hechos que presenta la ciudadana MARIAISSA DÍAZ, fue el hecho de secuestrarme y retener mi patrimonio personal de trabajo, la cual ratifico la solicitud de la designación de un Fiscal Especial Nacional a objeto de restituir los Derechos y Deberes Constitucionales, a los fines de que prevalezca, "La Naturaleza Jurídica del Ministerio Público"., en cuanto, a "preservar el Estado, democrático y Social de Derecho y de Justicia.", según lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en conexión con el artículo 2 Constitucional, que traduce los Valores Supremos del Estado, y que se practiquen todas aquellas diligencias previstas en la Ley. Nuestra experiencias cada días nos recuerda las palabras del fallecido excomisario Fermín Mármol León en su libro de "4 CRÍMENES Y 4 PODERES" tienen e indiscutiblemente una gran vigencia que dice a la letra que, "indiscutiblemente que en nuestro país, esta disciplina tiene una proyección totalmente diferente: el objeto del poder es demostrar su poderío; personalmente constate, que el instrumento es la Ley y el Orden, y la esencia aparente, es la Justicia; pero no es menos cierto, que existen intereses más importantes, en donde entran en juego un sinnúmero de influencias y poderes, que hacen de esa justicia, un elemento más de corrupción".

En definitiva, "Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete aborrece su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos". (Libro de Proverbios, capítulo 6, versos desde el 16 hasta el verso 19 de la Biblia).

Dicho esto, y a titulo de reflexión, la Corrupción la podemos resumir como un problema Moral que atenta contra la Ética Pública y la conducta Moral Administrativa, es parte del cumplimiento profético Bíblico de nuestra historia de la humanidad, la Corrupción es hermana del Capitalismo, la corrupción es hermana de la Mundialización financiera y liberal, la Corrupción es hermana de la Globalización, la Corrupción es hermana de la Mercantilización, la Corrupción es hermana del Neoliberalismo, la Corrupción se alimenta de las malas praxis legales e influencia, se alimenta de los cargos que poseen algunos funcionarios de alto y bajo nivel, se alimenta del abuso de poder, del abuso de autoridad. Por consiguientes, pongo ante la opinión pública Regional de Ciudad Guayana y a la orden a este Consejo Derechos Humanos para que los distintos usuarios y usuarias que hayan tenido y fuese afectado, victima, por parte de ese Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Caroní, formulen las denuncias con el propósito de elevarla antes las autoridades Nacionales competentes.

En pies de lucha con la Revolución de Cristo y de la Patria de Bolívar, en contacto apreciados (a) lectores por conabdh@gmail.com. Y @conabdh

*Analista e Investigador, Especialista, Escritor y consecuente Defensor de los Derechos Humanos. Y Pdte. Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos.



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Julio César Del Valle

Analista e Investigador, Especialista, Escritor y consecuente Defensor de los Derechos Humanos, y Pdte. Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos.

 conabdh@gmail.com      @conabdh

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