Impunidad y confrontación

Todo acto de justicia tardío, en sí mismo, es injusto, muchas veces, cruel y cínico. Y no somos pocos los que hemos sido víctimas de la justicia tardía, lo que nos ubica en el ámbito de la desconfianza contra el accionar del poder judicial, que para colmo de males, cuenta con los vericuetos y trampas de la legalidad burguesa, en un Estado y gobierno, que junto con la mayoría del Pueblo pretendemos construir un proceso de cambios, en una revolución, con abogados, jueces, redactores, escribientes y alguaciles, que no saben qué es el socialismo bolivariano del siglo XXI, lo que nos muestra, en términos de la praxis, el mismo ambiente corrompido y hostil, en tribunales y fiscalías, en donde el pobre y el sin nombre, ni apellido de abolengo o pedigrí, lleva siempre todas las de perder.

Y de esto se han valido los oposicionismos, para la impunidad en sus delitos cometidos más allá de uno que otro caso emblemático y descaradamente ubicado en la escena pública nacional, porque desde el lado revolucionario se ha evitado o se ha postergado tanto, la confrontación, que termina convirtiéndose en una norma no escrita el no confrontar, aunque la justicia y la verdad paguen el costo de la impunidad.

Hay impunidad, porque no hay justicia. Y cuando se pretende hacer justicia, la legalidad burguesa le abre un abanico de opciones para la impunidad, al ladrón con billete, al narcotraficante, al corrupto y al asesino. He allí, casos como el de Leopoldo López, un delincuente con abolengo y pedigrí, que si seguimos por el camino que vamos, terminará siendo presidente de la República, con la ayuda del retroconservador Donald Trump y los gobiernos lacayos al servicio imperial.

El caso es que la justicia para el inerme es un albur y lo será por un largo tiempo, porque la mayoría de las leyes aún responden al modelo burgués, en parte, por abulia, en parte, por culillo frente al la asquerosa derecha que está sembrada en las instancias de todo lo que tenga que ver con la justicia. Y es el pobre, el Pueblo de a pie, el que no rehúye la confrontación, cuyo costo,al mayor y al detal, ha sido muy alto, entre cuyas consecuencias está la impunidad de quienes delinquen con poder, con una legalidad a su medida y con el dinero que corrompe. Tanto la impunidad como el no confrontar son actos, además de nuestra “ignorancia aprendida”.

Peor aún, esas formas de ignorancia aprendida nos vienen de nuestras universidades venezolanas, por cuanto éstas reproducen ideología burguesa y fascistoide, en donde, por ejemplo, cualquier abogado, incluyendo a nuestros egresados de las universidades fundadas en revolución, se endilgan el remoquete de “Doctor”, sin serlo, cometiendo varios delitos, como el de usurpación de identidad, porque en un país en donde practicamos la “ignorancia aprendida”, esa abogada y ese abogado, saben que con ello se ubican, social y económicamente, por encima del resto de los mortales, los que, también, nos aniñamos y adulador, como en busca se clemencia, cuando los llamamos “doctores”. Y estos “doctores de mentiras” han aprendido a adocenar la verdad y a manipularla, haciendo que la justicia luzca boba e inalcanzable.

Ahí tenemos pues, los resultados de los pésimos consejos y prácticas de exministros que hoy arden de arrechera contra el Presidente Nicolás Maduro, los mismos que aconsejaron que a las universidades no se tocaran, ni con el pétalo de una rosa, sino que se les dieran sueldos miserables a sus trabajadores y se les miserabilizara la vida por esa vía, lo que trajo como consecuencia las grandes lacras sociales y franskensteins que fuerzan por “La Salida” de Nicolás Maduro a sangre y fuego, con pseudoacadémicos con mesadas en dólares, como hay unos cuantos en diversas universidades públicas.

Pero, en cuanto a lo que a justicia e impunidad se refieren, cuando se trata se derechos difusos o colectivos, la falta de justicia, la justicia tardía y la impunidad, se potencian en daños mayores, también, irreversibles en el tiempo, aunque intentemos matizarlo.

Por lo anterior comentado y ante la reciente medida asumida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en relación con la contumacia en la que se han mantenido los exdiputados de la autodisuelta Asamblea Nacional (AN), en el sentido de “declarar” la pérdida de la inmunidad parlamentaria a quienes ya la perdieron, por estar autodisuelta y en rebelión sostenida contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), ha sido un acto judicial que ha sido asumido por la mayoría de los venezolanos como justo, aunque tardío, lo que nos hace ávidos de más justicia o una justicia total o completa, porque, también, una justicia a medias, no es justicia, es decir, como la mayoría de los exdiputados que asumieron sus curules en enero del dos mil dieciséis (2016), desde el mismo día de su instalación, se pusieron contrarios a la CRBV, desconocieron los poderes constituidos y cometieron delitos diversos, que por impunidad, les ha permitido avanzar en sus intenciones de desmontar la institucionalidad, por la vía insurreccional, es decir, por el golpe de Estado en progreso, que pretenden consolidar y que lograrán, si no se toman las medidas enérgicas y ajustadas al estado de derecho. En fin, el TSJ está obligado legal, ética y moralmente, a declarar la “autodisolución” de la AN, sin caer en otro cálculo que no sea el de preservar -a tiempo y no de manera tardía- la institucionalidad al servicio de su mandante: el Pueblo venezolano. No esperemos a llegar a otros niveles de confrontación cruentos, gracias a la impunidad o justicia tardía, que no es justicia.



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Luis Alexander Pino Araque


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