En nuestros tiempos la ligereza mediática es una condición para la instalación en el imaginario colectivo de falsas matrices de opinión.
Y más cuando estas matrices obedecen a determinados intereses de grupo. Un ejemplo de ello es el actual debate de la mal denominada
“ley de amnistía” que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional y que más que una necesidad real del país fue una promesa electoral, que sirvió para que ciertas parcelas políticas obtuvieran más cuotas parlamentarias que otras dentro del espectro opositor. Si bien los leguleyos opositores, con una verborrea intoxicante, lanzan a los cuatro vientos las supuestas ventajas de la ley, al ir un poco más allá y realizar una comparación en los países que por una u otra circunstancia han tenido que implementar herramientas jurídicas de este tipo vemos como no siempre estas gozan con un consenso amplio para optar por el sitial “reconciliatorio” que se le quiere hacer ver.
En las realidades que han necesitado de estos instrumentos la condición sine qua non para su implementación es el reconocimiento total y absoluto de que si hubieron hechos delictivos, crímenes. Es una perogrullada solicitar una amnistía sin reconocer que efectivamente se cometió un hecho punible. Ir en un sentido contrario es, paradójicamente, no reconocer los muertos, heridos y los daños, que si existen que son públicos y notorios.
Muchos de nuestros opositores comparan con el caso chileno y la ley de amnistía de ese país pero lamentablemente en Chile la constitución que impera fue la creada bajo el régimen pinochetista. Durante muchos años fue un muro tras el cual los torturadores y los asesinos podían ocultarse. Su existencia transmite el mensaje de que Chile aún no está dispuesto a romper del todo con sus años más sombríos y a luchar
contra la impunidad. Con respecto al caso argentino la “Ley de Punto Final” sancionaba la impunidad de los militares penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas de varios miles de opositores, activistas de izquierda, intelectuales, peronistas, sindicalistas, escritores y otros grupos durante la dictadura. Y el caso español no se queda atrás pues se
amparó a los violadores de DDHH durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
Con estos antecedentes nos preguntamos ¿de qué tipo de “reconciliación” está hablando la oposición? Vemos como es estos países no la hubo. Y aquí no la habrá si esta supuesta“reconciliación” descansa sobre los pilares de la impunidad. Se quiere hacer ver que fue el Estado y específicamente el Gobierno quien penalizo la “disidencia política”. ¿Cómo desconocer las víctimas del11 de abril? ¿Cómo desconocer el daño patrimonial durante el paro petrolero? ¿Cómo desconocer a las víctimas de los actos después de las elecciones presidenciales de 2013? ¿Cómo desconocer la victimas de febrero 2014? No pude haber reconciliación si la oposición toma a losfamiliares de estas víctimas como ciudadanos de segunda que son “pagados o tarifados por el régimen” (Lilian Tintori dixit) e invisibilizados mediáticamente. Esas personas no pueden ser tomadas como simples “estadísticas”.
Fueron personas que vivieron, que tuvieron padres, hijos, familiares, amigos, trabajos que se relacionaron con su entorno, en fin fueron vidas que en actos de futilidad y por motivos políticos fueron arrancadas, sesgadas. Allí están los responsables y allí deben de seguir. No puede haber unajusticia que haga distinciones, porque uno de los autoresintelectuales es supuestamente “presidenciable” según la prensa de la derecha criolla. ¿Ese es todo el argumento para que le sean perdonados y olvidados sus delitos? Yo creo que una sociedad o un grupo político que actúa bajo estos criterios es un grupo enfermo y sin valores niética. Defendamos la justicia, no dejemos que sea vapuleada por los que no les importa la vida de los venezolanos con tal de pagar losintereses de su actividad política. No al Olvido, No a la Impunidad,
No la Amnesia Colectiva.
