Las medidas soberanas y constitucionales asumidas por el presidente Nicolás Maduro, en torno a la frontera colombo-venezolana, surgen como respuesta a una situación de amenaza al pleno goce y la garantía de los derechos de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Las medidas están enmarcadas en la decisión firme del gobierno bolivariano de erradicar las estructuras narco paramilitares, que intentaron imponer su dominio sobre los flujos de capital, materia y fuerza de trabajo, e incluso sobre la dinámica social de la zona fronteriza.

Se trata de una respuesta soberana contra la ocupación del territorio venezolano por parte de dichos grupos, mediante los cuales se han insertado en Venezuela fenómenos criminales como el magnicidio, el asesinato político, las guerras por el control territorial, el sicariato, el desmembramiento de seres humanos, las fosas comunes, las redes de extorsión, entre otros.

De igual manera, las medidas apuntan hacia combatir enfáticamente la depreciación inducida y arbitraria de nuestra moneda –asociada, también al narco paramilitarismo-, que influye negativamente sobre fenómenos que perturban la economía nacional, tales como el contrabando de extracción (de alimentos, combustibles, medicinas, entre otros), la inflación y el desabastecimiento.

El Estado venezolano ejerce sus atribuciones soberanas para no tolerar que en la frontera colombo-venezolana se instaure un orden social, económico, político y militar distinto al que establece la Constitución.

La Venezuela Bolivariana ha demostrado con hechos su política de hermandad y solidaridad hacia el pueblo colombiano. La Patria de Bolívar y Chávez, es reconocida mundialmente como uno de los países con mayor recepción de refugiados en el mundo y el 95% de los mismos provienen de Colombia.

El Estado venezolano ha asumido la responsabilidad de recibir y proteger las vidas, así como de garantizar condiciones de existencia digna de los migrantes y refugiados colombianos, aunque esto signifique un enorme costo social y económico.

Por tal motivo, es una infamia que desde diversas instancias del Estado de la República de Colombia, se promuevan y difundan hostilidades hacia Venezuela. Acusar a Venezuela de violación sistemática de Derechos Humanos, de anti colombianismo y de xenofobia, a través de corporaciones mediáticas e incluso ante tribunales internacionales, es un acto de profunda hipocresía.

Es un acto de desvergüenza que Venezuela sea acusada de Estado agresor y violador de Derechos Humanos (sobre la base de cifras: sin bases, sin pruebas, sin expedientes y sin casos verificables), precisamente por un gobierno reconocido internacionalmente por ejercer el terrorismo de Estado, responsable de operaciones tan deleznables como los “falsos positivos”; las masacres recurrentes y las miles de fosas comunes que alberga ese país.

Es un acto de cinismo que un gobierno indolente ante las hambrunas y los elevados niveles de desnutrición infantil que padecen los niños y las niñas de Colombia, e incluso las muertes por inanición generalizadas en los últimos meses en departamentos como La Guajira y El Chocó, se atreva a afirmar que el modelo venezolano se “autodestruye”, mientras en Colombia se construye “prosperidad”.

El éxodo de colombianos y colombianas se produce porque millones de seres humanos del hermano país huyen de la muerte, del terror, del hambre, la miseria y la desesperanza en búsqueda de condiciones de vida digna que encuentran en la República Bolivariana de Venezuela.

Hablemos de Derechos Humanos, sin hipocresías y sin espectáculos mediáticos. Hablemos con franqueza del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a los servicios públicos básicos. Hablemos del derecho humano de vivir en paz.

Hablemos de derechos humanos con seriedad. Hagamos un diagnóstico de violación de derechos humanos en nuestra extensa frontera compartida (cuyos resultados demostrarán quién es victimario), pero hablemos de casos con nombres y apellidos, con expedientes sustanciados con pruebas tangibles, no con cifras irresponsables.

Hablemos de los miles de refugiados y de los miles de solicitantes de refugio en Venezuela (provenientes de Colombia), de los procesos de victimización de esos refugiados, de la reparación que el Estado colombiano debe brindar a esas víctimas. Hablemos también de las garantías y lo derechos que disfrutan esos ciudadanos en Venezuela.

Hablemos de los Derechos que se vulneran al pueblo venezolano, por la acción de la economía delictiva sostenida por las mafias cambiarias de Cúcuta que son sostenidas financieramente por el narco paramilitarismo y por una legislación irregular del Estado colombiano en su nefasta Resolución 008, así como por el contrabando de extracción que padece Venezuela ante la pusilanimidad de las autoridades de Colombia. Hablemos del impacto negativo de la economía delictiva sobre la cultura, la subjetividad, el tejido social y la mentalidad política de los ciudadanos en frontera.

El gobierno de Venezuela ha demostrado voluntad política para evaluar sus acciones, e incluso para llevar a cabo medidas correctivas ante casos específicos, en los que la actuación de los cuerpos de seguridad y demás organismos del Estado no haya sido correcta.

Por supuesto, hay muchos aspectos mejorables. Aún persiste la cultura represiva en diversos cuerpos de seguridad, así como la lógica burocrática y corporativa en instituciones garantes de derechos. Casos como el del camarada Alcedo Mora, representan un referente terrible (aprovecho la ocasión para expresar mi solidaridad con la familia y demás allegados del compañero). Sin embargo, no se puede comparar la Venezuela actual con la de la cuarta república, periodo en el que la tortura, el asesinato político, las desapariciones forzosas y las masacres eran prácticas orgánicas al aparato del Estado

El pueblo venezolano eligió un modelo de sociedad a través de la constituyente de 1999. Es preciso profundizar los cambios positivos en materia de derechos humanos, lo cual implica materializar los principios y leyes que nos rigen como república. A pesar de las contradicciones, la Venezuela bolivariana siempre ha buscado procesos de integración con el hermano pueblo colombiano, pero no renunciará al derecho de vivir en paz, no abdicará ante las estructuras criminales que se han impuesto en la zona fronteriza, porque esas estructuras son las principales vulneradoras de los Derechos de nuestros pueblos.