El Movimiento de Pobladoras y Pobladores, plataforma que articula distintas expresiones de la lucha popular urbana, repudia la detención arbitraria de David Díaz ocurrida el 4 de diciembre pasado, y exige su inmediata libertad. David Díaz es dirigente de la comunidad popular Guerreros de Ana Soto, que desde hace más de 4 años ocupa terrenos ubicados en el centro de Barquisimeto, terrenos que fueron arrebatados al capital inmobiliario que los mantenía ociosos, para ponerlos al servicio de más de 300 familias sin vivienda. Por esta causa, se pretende acusar a David de invasión, acudiendo al tristemente célebre artículo 471-A del Código Penal, que ha servido para criminalizar la justa lucha por la tierra y contra el latifundio, tanto en el campo como en la ciudad, y enviar a la cárcel a familias pobres y a luchadoras y luchadores populares
Esta detención, que contó con la complicidad de funcionarios del Ministerio Público Fiscal, representa una afrenta más a los avances conquistados en estos últimos años por las y los pobres en la ciudad, que ha permitido que cientos de miles de familias puedan acceder a las zonas urbanas que hasta ahora eran privilegio de los ricos o sujetas a la especulación del negocio inmobiliario.
Esta detención, que se suma a una larga lista de acosos, persecuciones y terrorismo judicial contra familias y organizaciones que luchan por el derecho a la ciudad y a una vivienda digna, es una señal clara de los planes de la oligarquía, junto a la derecha y funcionarios complacientes, de revocar las conquistas populares de estos años de revolución, para devolverle a los poderosos los privilegios que por tantos años usurparon a costa del pueblo.
Con este hecho se pretende criminalizar las luchas populares, usar la ley para reprimir y castigar a las y los que luchan, actuando como maniobra provocadora que intenta poner al Estado y al gobierno revolucionario en contra del movimiento popular, en un momento en que se requiere como nunca antes la unidad y la movilización del pueblo.
Exigimos la inmediata libertad de David Díaz y el cese de las persecuciones y amenazas contra campesinas, campesinos, pobladoras y pobladores que luchan por el derecho a la tierra para la vida y la producción.
Demandamos a los organismos competentes, en especial al Ministerio de Vivienda y Ecosocialismo, que se tomen con la urgencia necesaria las medidas administrativas pertinentes para proteger a las familias de la Comunidad Guerreros de Ana Soto y otras comunidades populares de las acciones de criminalización y desalojos.
Solicitamos al Tribunal Supremo de Justicia que se desaplique de inmediato el artículo 471-A del Código Penal, que sólo ha servido para criminalizar la pobreza y la justa lucha por la vivienda y por la tierra. La ley no puede servir para proteger a los poderosos y mandar a la cárcel a las y los que luchan.
La tierra es un derecho, debe definitivamente dejar de ser una mercancía. La tierra, en el campo y en la ciudad, debe ponerse al servicio de la reproducción de la vida y no de la reproducción del capital. Ni la criminalización, ni la represión ni la cárcel detendrán nuestra guerra sin cuartel contra el latifundio urbano.
¡Todo el pueblo contra el latifundio urbano y rural!
¡Tierras, hombres y mujeres libres!
¡En socialismo todo el poder para el pueblo!
Movimiento de Pobladoras y Pobladores/ Diciembre 2014.
