Los entretelones del Golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, deben ser analizados a la luz de la variable petrolera, que desde 1998 empezó a ser la base para transformar estructuras socio productivas que apuntalarían las políticas públicas de la Revolución. Sin embrago desde el momento cuando asume la Presidencia el comandante presidente Hugo Chávez, se empieza a captar en la tecnocracia petrolera un malestar, debido a que el gobierno revolucionario empezó a revisar la “caja negra” de la principal corporación petrolera de América Latina, que manejada por supuestos “notables”, obedecía a las órdenes del Imperio, manteniendo una política de precios bajos, en medio de un juego internacional que disfrazado por las supuestas “leyes del mercado” y la llamada “apertura petrolera” favorecía desenfrenadamente los intereses de la economía norteamericana, golpeando severamente los precios petroleros al situar el barril en cuotas mínimas que llegaron a cotizarse en 7 dólares. Desde luego que en medio de este escenario se va fraguando y financiando la conspiración contra el gobierno revolucionario, que llegó a su punto de ebullición con el saboteo y la paralización de todo el sistema petrolero nacional, apoyada por la burguesía comercial, algunos cuadros de las Fuerzas Armadas, y la propia tecnocracia interna, abriéndose las operaciones desestabilizadoras para el salto al vacío y el desenlace definitivo que tenía como objetivo clave la salida del Presidente Constitucional Hugo Chávez. Sin embargo los hechos demostraron, en primer lugar el rechazo contundente del pueblo a los intentos destructores de la oposición, que sin medir las consecuencias de sus acciones ocasionó daños muy graves al patrimonio nacional, en infraestructura y recursos económicos, incluido el cierre de miles de empresas. Un segundo aspecto está en haber desenmascarado a la clase tecnocrática y militar enquistada en PDVSA, quienes formados bajo la influencia capitalista de los Estados Unidos creían tener los misterios del conocimiento experto sobre nuestra principal empresa nacional. El tercer aspecto se refiere a la posibilidad cierta de que el pueblo venezolano por fin empieza a tener cabida en PDVSA, ocupando espacios que hasta 1992 parecían vetados e impenetrables para el común de los venezolanos. Retomado el rumbo de la institucionalidad el gobierno revolucionario emprende sin contratiempos una nueva visión de la política petrolera, mostrando signos inequívocos de que la alternativa estaba en recuperar el papel del Estado; pero defendiendo los intereses nacionales, rompiendo la hegemonía de una élite amenazante de los derechos humanos y de las garantías constitucionales y económicas.
En síntesis los venezolanos no podemos olvidar las consecuencias que género la oposición venezolana al intentar destruir la principal fuente de ingreso del país como es la industria petrolera; precipitándolo a una severa recesión económica que llego a impactar en un 24 % en el Producto Interno Bruto de forma negativa; sin embargo gracias a la recuperación de la sobraría de nuestra industria petrolera hoy por hoy somos una de las sociedades menos desiguales del mundo, la pobreza extrema se redujo del 27 % en la que se encontraba para 1998 a un 7% por ciento en la actualidad, de igual manera el consumo de alimento per capital paso de 400 kg por año en 1998 a 499 Kg por año para el año 2011. Los ejemplos anteriormente destacados son una muestra mínima de cómo en la Revolución Bolivariana la distribución de la renta petrolera apunta cada días más hacia la construcción de una verdadera democracia con igualdad y justicia.
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