Hace poco más de un año, una denuncia sobre el supuesto manejo ilegal que las casas de bolsa hacían con los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), papeles del BCV que permitían la conversión de bolívares a dólares en un mercado paralelo llamado permuta, y que funcionó durante unos cinco años, desencadenó una serie de acusaciones contra estas instituciones financieras que concluyó con la intervención y posterior liquidación de las mismas.

De la misma manera, el Ministerio Público, basándose en esas denuncias y en investigaciones llevadas a cabo en la sede de las instituciones intervenidas, acusó de ilícito cambiario a las casas de bolsa por haber utilizado los bonos Ticcs, aunque la ley de ilícitos cambiarios excluye específicamente a los bonos. En ese sentido, ordenó el encarcelamiento y enjuiciamiento de un grupo de Directores y accionistas de las principales casas de bolsa los cuales aún se encuentran presos y en proceso judicial después de 10 meses.

Así mismo, el Ministerio Público acusó a los Directores y accionistas de las casas de bolsa intervenidas, de asociación para delinquir, cargo que no aplica según los abogados defensores por que, muchas de ellas, tenían mas de diez años de funcionamiento, es decir, mucho antes de entrar en vigencia el actual régimen de control cambiario.

Mientras tanto, las casas de bolsa y sus Directores fueron también acusados por los medios de comunicación y algunos voceros del gobierno, de haber propiciado la alta inflación que sacudía al país, mediante la manipulación arbitraria del valor del llamado dólar permuta.

A un año de la intervención de las casas de bolsa, la inflación sigue en niveles muy altos. El juicio contra los directores presos avanza lentamente, y en él, los argumentos de los abogados defensores y de los acusados han sido contundentes para demostrar que las acusaciones contra ellos, son totalmente falsas. Entre las pruebas, se encuentran documentos emitidos por instituciones financieras del gobierno donde se declaraba la legalidad de las operaciones con Ticcs, desmintiendo categóricamente las acusaciones originales, y así lo han destacado importantes medios de comunicación social y de analistas financieros y económicos del país.

A continuación transcribo dictamen de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas que ha sido esgrimido por la defensa de los señalados Directores y accionistas presos:

“En ese sentido, luego de analizar desde el punto de vista “estrictamente jurídico” los decretos, leyes, convenios cambiarios, entre otros instrumentos, la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas concluye que:”

“Analizada como ha sido la competencia de forma exclusiva del Banco Central de Venezuela y del Ejecutivo Nacional, de la política cambiaria y la regulación de las operaciones en el mercado de divisas, como de las operaciones en bolívares con títulos en moneda extranjera, y adminiculando la normativa antes expuesta, observamos que las operaciones en divisas y en bolívares en el mercado secundario no tendrán carácter de ilegales o ilícitas, por cuanto no se encontraban ni se ubican en la actualidad, como un supuesto hecho que contenga una consecuencia jurídica en la Ley de Ilícitos Cambiarios, y a su vez el Instituto Emisor reguló a través de las Resoluciones ya citadas, el aspecto relativo a la negociación en mercado secundario y en moneda nacional los ya mencionados títulos “

Por lo tanto es hora de que se restablezca la legalidad en este caso, y que los acusadores se disculpen ante la opinión pública por el daño causado a los venezolanos presos injustamente, por el cierre de las casas de bolsa y por haber mal informado al Ministro Giordani y al Propio Comandante Presidente Chávez de una situación inexistente.

Seguramente, será imposible reabrir las casas de bolsa, que tanta falta hacen al sistema financiero venezolano, pero algo que si puede hacerse es restituir la legalidad y dejar en libertad a los Directores y accionistas presos hace casi un año sin justificación alguna.


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