19-02-21.-El exministro de Petroleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, emitió un comunicado con su posición acerca de las acusaciones del Ministerio Público sobre una trama de corrupción

Ramírez respondió a los señalamientos que en una transmisión de rueda de prensa hiciera el fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab,  que  lo vincula con transacciones de una empresa española y pagos irregulares

El Ministerio Público inició una investigación para "establecer y sancionar las responsabilidades a las que haya lugar", con ocasión a la participación de la empresa española INGELEC, en una supuesta trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano.

Saab señaló que la empresa, con sede en Sevilla, fabrica generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de € en comisiones a una estructura criminal liderada por Salazar y Ramírez.

El exministro indicó que señalamientos de Tarek William Saab "son infundados", son parte de un ataque contra su persona y que no existen elementos probatorios en su contra. Aseguró las acusaciones se basan en un artículo de prensa y "responden a motivaciones evidentemente políticas".

Asevera que el fiscal Saab "arremete" en su contra "tal como lo ha hecho contra cientos de trabajadores y gerentes de PDVSA presos o muertos en prisión, como el caso del ex ministro Nelson Martínez, para evadir u ocultar el desastre del gobierno en la conducción de Petróleos de Venezuela…"

A continuación el comunicado emitido por Rafael Ramírez:

 

Caracas, 18 de febrero de 2021.- Hoy en horas de la mañana el fiscal Tarek William Saab, arremete nuevamente en mi contra esgrimiendo acusaciones infundadas, basadas en un artículo de prensa, que carece de pruebas que sirvan de fundamento a las graves acusaciones y señalamientos emitidos por este funcionario, el cual responde a motivaciones evidentemente políticas.

Esta nueva treta mediática, este falso positivo, se genera en España, con informaciones publicadas por el medio El País, donde se vincula mi nombre e imagen en supuestos actos criminales, sin ni siquiera presentar una prueba o un argumento que sustente sus señalamientos.

Por esta vía, exijo a este medio español, caracterizado por sus posturas políticamente motivadas, un derecho a réplica. Es un derecho que tengo como ciudadano, ningún medio de comunicación puede hacer señalamientos falsos que afecten mi nombre y reputación, no pueden alzarse como tribunal de inquisición respondiendo a sus propios intereses políticos.

No es primera vez que el fiscal del gobierno, actua por manpuesto en nombre del presidente maduro, quien se ha empeñado en una campaña de un verdadero linchamiento moral y persecucion politica, utilizando los inmensos poderes de los cuales abusa y las instituciones del Estado subordinados a sus designios, para violar mis derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la defensa y la presunción de la inocencia.

El fiscal en particular, arremete en mi contra, tal como lo ha hecho contra cientos de trabajadores y gerentes de PDVSA presos o muertos en prisión, como el caso del ex ministro Nelson Martínez, para evadir u ocultar el desastre del gobierno en la conducción de Petróleos de Venezuela, hoy en ruinas, debido a la persecución política interna y el desvío de recursos, y que ahora es rematada por medio de la inconstitucional Ley Antibloqueo.

El fiscal evade sus responsabilidades establecidas en la Constitución de preservar el debido proceso, y actúa como un apéndice del ejecutivo, prestándose para la persecución política, mientras se hace de la vista gorda o ignora la comisión de severos delitos en contra de la Constitución y leyes silenciados por razones de conveniencia política.

Debo aclarar a la opinión pública que no tengo ninguna causa legal o juicio en ningún país del mundo y que no existe ninguna orden de captura internacional, ni actuación de la Interpol en mi contra, pues ninguno de estos organismos se prestan para actuar en casos de persecución política.

El gobierno de maduro, su fiscal y poder judicial carecen de credibilidad y legitimidad en su actuación ante los organismos internacionales. Al contrario, es público y notorio, que son los altos funcionarios de este gobierno, incluyendo al mismo presidente y su fiscal, sobre los quienes pesan sanciones, señalamientos y órdenes de captura por graves cargos criminales, entre otros, su vinculación al narcotráfico y la comisión de crímenes de lesa humanidad contra nuestros ciudadanos.

Quiero reiterar mi decisión irreductible de mantenerme al lado del pueblo venezolano y firme en mis principios políticos, los mismos que me permitieron desempeñarme durante más de 12 años como ministro de petróleo del país, además de otros altos cargos al servicio del Estado venezolano, velando y trabajando siempre apegado a nuestra Constitución y leyes y los más sagrados intereses del país. Nada ni nadie, me hará desviarme de este camino.

Agradezco las innumerables muestras de solidaridad ante esta nueva agresión del gobierno. Más temprano que tarde nuestro país y sus fuerzas políticas y sociales seremos capaces de volver a restablecer la soberanía popular y el orden constitucional en nuestro país ¡Venceremos!