TSJ solicita a España extradición de venezolano por decomiso de más de un millón de dólares en efectivo en República Dominicana

Credito: Archivo

29-11-19.-La Sala del Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del presidente del Alto Juzgado, magistrado Maikel Moreno, declaró procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano César Leonel Días González, al Reino de España, para ser sometido a un proceso penal en Venezuela por su presunta participación en los delitos de tráfico de material estratégico, legitimación de capitales y asociación, tipificados en los artículos 34, 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.

El presente caso se relaciona con un procedimiento ocurrido en junio de 2019, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, en el Aeropuerto Internacional de La Romana de ese país, donde se decomisó un total de 1.378.000,00 dólares en efectivo, a un grupo de ciudadanos venezolanos, quienes pretendían viajar llevando consigo ese dinero hacia Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, a bordo de una avioneta.

Posteriormente, el Ministerio Público venezolano ordenó una investigación para determinar el origen del dinero incautado, verificándose a través de los movimientos migratorios de algunos ciudadanos arrestados, que presentaban múltiples salidas desde el Aeropuerto Internacional de Barcelona hacia República Dominicana, utilizando varias aeronaves privadas, una de ellas propiedad de César Leonel Días González.

Constató la Sala del TSJ que en el presente caso se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia de la extradición activa, de conformidad con la normativa internacional y nacional, en armonía con los principios internacionales sobre extradición.

Así lo señala la sentencia N° 238-2019 de la mencionada Sala del Alto Tribunal, en la que se asume el firme compromiso ante el Reino de España, que a dicho ciudadano se le seguirá juicio penal con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 



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