Contralores Sociales se quejan de desconocimiento de las autoridades a organos del poder popular

Siguen impunes atropellos y graves delitos de funcionarios y agentes de seguridad en Barinas, según el CCSSJJ

Carlos Ramón Paredes Garrido, coordinador del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia. Viene actuando en casos de defensa de campesinos víctimas de desalojos, atropellos y violencia (CCSSJJ). Pasó dos años preso por un "falso positivo judicial" de catarácter "retaliativo" y luego de ser liberado sin los cargos imputados, "nadie quiere responder por esa injusticia"

Carlos Ramón Paredes Garrido, coordinador del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia. Viene actuando en casos de defensa de campesinos víctimas de desalojos, atropellos y violencia (CCSSJJ). Pasó dos años preso por un "falso positivo judicial" de catarácter "retaliativo" y luego de ser liberado sin los cargos imputados, "nadie quiere responder por esa injusticia"

Credito: CCSSJJ

Carlos Paredes, representante del Comité de Sontraloria Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ), denuncia atropellos por parte de los funcionarios públicos y representantes penales jurídicos por no reconocer la contraloria social como mandato constitucional y no administrar la justicia verdadera a favor de los campesinos del Estado Barinas.

En video adjunto de Alianza Barinas TV (reportes de Ricardo Díaz) se exponen varios casos en los que viene actuando este organismo de poder popular junto a diversos movimientos sociales de base de la región barinesa.

Reclaman el retraso de audiencias en torno a esos casos pendientes y al respecto Carlos Paredes da detalles específicos, así como explica el soporte legal de las actuaciones del poder popular que vendrían siendo desconocidas por las instituciones del Estado. Recientemente el CCSSJJ denunció desalojos de campesinos en uno de los cuales (en La Madera) murió un infante. Igualmente se refirió a la presunta falta de acción frente a la participación de paramilitares, llegando incluso a soltar a delincuentes capturados in fraganti (se presume complicidad o pago a funcionarios instancias del Estado) mientras que se mantiene a campesinos presos.

Paredes y otros integrantes de la CCSSJJ acusan abiertamente a los organismos judiciales y de seguridad de irrespetar la Constitución y todas las leyes, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, de mantener procesos judiciales fraudulentos con privaciones ilegítimas de libertad sobre los cuales están solicitando investigación y respuesta, llegando también a la comisión de delitos de lesa humanidad. Entre los casos sobre los que vienen actuando está el del Hato Las Garzas que es mantenido inoperativo y desvalijado en manos del Estado y donde los denunciantes aseguran que las familias campesinas están siendo burladas y atropelladas, con supuesta inmersión de autoridades en los delitos.

 



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