Hasta 739 euros por hora de trabajo ficticio cobraba el ex-embajador de España en Venezuela a Pdvsa

Ex-embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo

Ex-embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo

Credito: Web

22.05-19.-Tras la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de España en 2004 y la posterior designación como embajador en Venezuela de Raúl Morodo, la familia del diplomático entabló lucrativas relaciones con el entonces presidente de la nación suramericana, Hugo Chávez Frías, y el presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

El pasado lunes, su hijo Alejo Morodo fue detenido en Madrid, investigado por el blanqueo de al menos 4 millones de euros sustraídos de la petrolera estatal venezolana. Raúl, quien también es investigado, no fue apresado por su avanzada edad.

Para saquear el dinero, Alejo utilizó dos empresas, una domiciliada Madrid y otra en Panamá. A través de ellas firmó diversos contratos con Pdvsa con el objeto de “prestar asesoría legal necesaria relacionada con las actividades de la compañía en el Reino de España y la República de Portugal”.

Los documentos consultados por ABC detallan que el valor de los honorarios eran calculados por la fórmula valor hora/hombre, y oscilaban entre los 240 y 739 euros por cada hora de “trabajo”.

Del contrato más lucrativo firmado por Alejo el 21 de agosto de 2012 a nombre de Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, el monto total ascendía a 1.584.000 euros, pagados en 12 facturas mensuales. De esa cantidad, 1.560.000 euros correspondían a “honorarios profesionales en el entendido de que cada hora efectivamente causada y, por ende, facturada, será de setecientos treinta y nueve euros (739,00)”.

Los 24.000 euros restantes corresponderían a “gastos reembolsables”.

Sin embargo, el balance de cuentas presentado por Aequitas Abogados y Consultores Asociados ante el Registro Mercantil refleja que el despacho carecía de empleados, declarando cero euros por gastos de personal.

De allí, los investigadores desprenden que el trabajo era ficticio, lo que conllevaría a un lavado de dinero de los fondos del patrimonio venezolano.

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