17-05-18.-La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación se manifiesta sobre las condiciones imperantes para la celebración de las elecciones del próximo 20 de mayo.
El período que antecede a la realización de una elección tiene una importancia primordial en la definición de las condiciones imperantes para el proceso electoral en su conjunto. Las actuaciones de las autoridades electorales, judiciales y de otras áreas, con relación a la elección por celebrarse, determinan en qué medida se cumplen las exigencias para que dicha elección pueda ser considerada una competencia libre y justa. En el caso de la elección que nos ocupa, una cantidad considerable de medidas adoptadas por las autoridades, desconocen y violan los requerimientos de una elección democrática.
A continuación resaltamos los más significativos:
1) En una arremetida sin precedentes contra organizaciones políticas y líderes nacionales, las autoridades electorales y de otras áreas han procedido a inhabilitar, utilizando diversos subterfugios con revestimiento legal, a numerosas organizaciones políticas, entre las cuales se cuentan dos importantes partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, así como también a destacados líderes del país que han sido inhabilitados, están presos o se han visto obligados a exilarse, como son Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros. De manera similar, a la alianza MUD ─habiendo sido la alianza electoral más votada en la historia del país─ le fue anulada su tarjeta electoral.
2) La convocatoria de la elección presidencial y de los miembros de Consejos legislativos estadales, fijada finalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 20 de mayo, obedece a un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), violatorio de la autonomía y exclusividad que la constitución le otorga al CNE para la convocatoria a elecciones. Por otra parte, esta convocatoria constituye una arbitraria ruptura con la tradición del país, de celebrar elecciones presidenciales en el mes de diciembre del año en que finaliza el período.
3) La convocatoria a esta elección se hizo sin la obligatoria publicación del correspondiente cronograma electoral con los lapsos y actividades previstas, como lo ordena la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE), y lo que es más grave, el lapso total dispuesto para su ejecución fue sustancialmente reducido, pasando de los aproximadamente seis meses que acostumbraba asignar el CNE a la organización de una elección, a la mitad de ese tiempo. Esto da lugar a que se incumplan requerimientos indispensables para garantizar la realización de una elección democrática, tales como los lapsos para la escogencia y presentación de candidaturas; los plazos para la actualización del Registro Electoral; la duración de la campaña electoral; los lapsos relacionados con los procesos de sustitución y modificación de postulaciones y con la interposición de recursos en su contra, entre otros.
4) Durante el período transcurrido de la campaña electoral ha sido manifiesto el uso recurrente de recursos del estado para la promoción de la candidatura del presidente-candidato Nicolás Maduro. En efecto, en actos públicos éste ha hecho ofrecimiento de “premios” por participar en las elecciones a los poseedores del Carnet de la Patria, que es un programa gubernamental, además de estimular de manera confusa la utilización de dicho requisito, violando lo establecido en la ley, que señala la cedula de identidad como el único requisito exigible para votar. Así mismo, en diversas alocuciones el presidente-candidato ha utilizado consignas tales como, “La patria te protege con el Carnet de la Patria y tú proteges a la patria con tu voto; esto es dando y dando”, en un uso abusivo de su condición de presidente, para atraer votantes a su candidatura. En términos generales, en actos de campaña el presidente candidato participa en actos de entrega de viviendas, ofrece bonos y becas, y amenaza con suspender programas sociales si no recibe votos, lo que da a la elección un profundo sesgo amenazante y ventajista a su favor y constituye un ilícito electoral.
Ante este estado de cosas la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación se siente en el deber de advertir a la ciudadanía y a la opinión pública nacional e internacional sobre las condiciones de desigualdad y desconocimiento de normas esenciales en que se celebrarán las elecciones presidenciales y de legisladores estadales del próximo 20 de mayo, con lo que el país corre el riesgo de culminar con unos resultados electorales que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población, lo que redundará con seguridad en el incremento de la división, la discordia y la confrontación que ya existe entre los venezolanos. Las autoridades electorales, judiciales y de otros poderes del país están en la obligación de librar a la nación de este indeseable escenario, por lo que les hacemos un llamado a intervenir a tiempo con equidad y sentido democrático para evitarlo.
