145 alcaldías de 20 estados manejan fondos públicos y no rinden cuentas

Credito: YVKE Mundial

17-02-18.-La gestión en los municipios del país tuvo en 2017 el período más oscuro, quizás, desde su creación hace casi 19 años. Esta afirmación surge luego de revisar los datos presentados en el Índice de Transparencia de las Alcaldías 2017 por la ONG Transparencia Venezuela. El informe se realizó sobre una muestra que incluyó 150 alcaldías y concejos municipales, en 20 estados en los que reside 65% de la población del país, según un reporte publicado en el portal El Nacional.

La evaluación se realizó sobre la base de datos recabados directamente de las dependencias del Ejecutivo local y, por primera vez, de las cámaras municipales, y revela datos alarmantes sobre la gestión de las formas de gobierno más cercanas a la gente. La mayoría presenta prácticas que son propicias para la comisión de actos de corrupción, lo que perjudica la calidad de vida de los ciudadanos, afirmó Mercedes De Freitas, directora ejecutiva del Capítulo Venezolano de la ONG.

“Hay una preocupante opacidad en toda la administración de los gobiernos locales del país. En general se está haciendo muy poco o nada para adelantar procesos administrativos en función de mejorar la calidad de vida del ciudadano. Se ha vuelto una práctica reiterada la falta de acceso a la información oficial, el nepotismo, la no rendición de cuentas, la omisión de la formulación y ejecución de presupuestos. No existe calidad de gestión”, indicó.

De Freitas detalló que estas prácticas contribuyen con la instauración de un entorno hostil que reduce cada vez más las capacidades de los gobiernos locales para resolver los problemas de los ciudadanos. “Se han debilitado las instituciones municipales. La crisis nacional ha permeado hasta las alcaldías de forma alarmante, estas se han sumado a la crisis sin generar estrategias para superarla. Todo ello redunda en la minimización del trabajo municipal”, alertó.

En general los municipios no poseen mecanismos para una eficiente contraloría social. En los concejos municipales no se diseñó un Plan Estratégico Institucional y en las alcaldías no existe manual de procedimientos para garantizar la eficiencia de los procesos. La participación ciudadana no cuenta con instrumentos para su ejercicio real.

“Todo se hace al estilo ‘como vaya viniendo, vamos viendo”, afirmó De Freitas. La metodología del estudio abarcó desde la forma en que se diseñan los presupuestos, hasta el manejo de los servicios públicos, como el aseo urbano o la policía. No obstante, no se midió la calidad de estos, sino el cumplimiento de los parámetros legales para su mejor administración.

Las alcaldías de Chacao, Baruta, Sucre, El Hatillo, en el estado Miranda, y la de San Cristóbal, en Táchira, fueron las 5 mejor ponderadas en el ránking de transparencia de la gestión, con calificaciones por encima de los 50 puntos, en una escala del 1 al 100; sin embargo, las 145 restantes están por debajo de una puntuación mediana. Con los peores resultados quedaron las gestiones de los municipios Crespo, estado Lara; Cabimas, en Zulia; José Félix Ribas, de Guárico; García de Hevia, en Táchira, y Peña, en Yaracuy; todas con un grado de transparencia cero.

Transparencia en caída libre

El Índice de Transparencia Municipal 2017 es el quinto informe de este tipo que elabora la ONG Transparencia Venezuela en el país. Los datos presentados ayer se recabaron luego de 7 años sin que se actualizara el registro. Los promedios de evaluación muestran un sistemático descenso de la transparencia en la administración pública municipal si se les compara con los de 2010, cuando se ubicaron en 37 puntos, que contrastan con la media del año pasado de 15,77 puntos.

La información fue obtenida a través de la aplicación de instrumentos de medición en cada localidad seleccionada, por áreas como las finanzas públicas, hábitat y contratación de servidores públicos. Entre abril y noviembre del año pasado parte del equipo de la ONG Transparencia Venezuela se trasladó a cada una de las alcaldías; en total, 74 auditores visitaron despachos municipales y sedes de legislaturas locales a fin constatar la información y verificar la fiabilidad de los documentos en los que se registran los procesos administrativos.


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