Maracaibo, abril 21 - “Se compra cobre, bronce, hierro y aluminio” es el cartel que se reproduce como una epidemia en los cuatro puntos cardinales de Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta. Los comercios caseros de metales se propagan; a la par, algunas fundidoras operan ilegalmente. En muchos casos, son los receptores de bienes públicos robados, según reporta la Intendencia de Maracaibo.
El cobre del sistema eléctrico y de los cables de alimentación de los motores en los pozos de Pdvsa, al igual que el bronce y el hierro de las piezas históricas de las plazas se convirtieron en un meganegocio para los delincuentes. La mayoría de los hurtos tiene como destino estos puestos, otros, aún más ambiciosos, burlan la frontera y exportan el material de manera ilícita.
Quien transita vía La Cañada de Urdaneta debe disminuir el paso para alcanzar a contar los más de 15 puestos que hay de ambos lados de la carretera, casi uno al lado del otro. Los precios son borrados y reescritos diariamente. El kilogramo de bronce oscila entre 3 mil y 6 mil bolívares, mientras que el de cobre va desde 4 mil hasta 5.500. Una balanza manual espera al mejor postor.
De entrada, los compradores informales de estos materiales se muestran desconfiados. Todos sueltan un ¡No! al preguntarles si están interesados en un cable de “luz”. “Yo nada más compro herramientas, máquinas viejas. No tengo que ver con guayas ni cosas robadas. A mí me han caído comisiones del Gobierno y me encuentran limpio”, asegura uno de los negociantes de la zona, quien prefiere resguardar su identidad.
A unos 30 metros, otro, incluso, tiene muestras de lo que no recibe, para que no queden dudas de su rectitud y su rechazo a “los casos complicados”. Él mismo confiesa: “Algunos de los camiones (mayoristas) que nos compran a nosotros se llevan todo a Maicao (Colombia). Allá les dan un buen pago”.
Del lado del municipio Jesús Enrique Lossada, específicamente en La Concepción, la carretera luce desolada, pero los metaleros están alertas bajo el sol intenso que golpea sobre sus avisos.
Frente a la problemática, el intendente de Maracaibo, Enrique Parra, declara: “En las comunidades hay sitios donde se compra este material. Es una práctica extendida en el Zulia. Presumimos que los metales que se venden en esos sitios son producto del delito. Hay una altísima probabilidad de que sea ilícito lo que llega a esos puntos”.
Detalló que, en la capital zuliana, predomina esta práctica, mayormente, en los sectores Milagro Norte y San José, al igual que en las parroquias Antonio Borjas Romero, Francisco Eugenio Bustamante y Cacique Mara.
No obstante, en uno de los “tarantines” de San Francisco quien atiende asegura que “el negocio se ha puesto duro”, pues antes compraban y vendían alrededor de 300 mil bolívares diarios y ahora solo revenden la mitad.
Otro punto “fuerte” que alarma a las autoridades regionales es el tema de las fundidoras ilegales, debido a que “buena parte, por no decir la totalidad, de los cables que se están llevando del alumbrado público y de Cantv, de escuelas, ambulatorios y edificaciones” llega a estos lugares, informa Parra.
Al respecto, el secretario de Gobierno regional, Giovanny Villalobos, sostiene que se encuentran coordinando acciones con el Estado Mayor de la entidad para detener los robos. Puntualiza que han capturado a 20 personas que practican estos delitos y llevan seis meses siguiendo la pista de bandas que hurtan material estratégico para el Estado, quienes podrían ser penados con entre ocho y 12 años de prisión.
“Hemos procedido a cerrar las fundidoras en la región y a sustituir más de mil kilómetros de líneas de Cantv por fibra óptica”, añade Villalobos.
Por su parte, el presidente de la Cámara Municipal de San Francisco, Dirwin Arrieta, precisa que en la localidad existen alrededor de ocho fundidoras, ubicadas vía Perijá, en la parroquia Domitila Flores y en la Zona Industrial. Sostiene que los cuerpos de seguridad están supervisándolas para determinar la procedencia de la materia prima que utilizan.
“En vista de lo que hemos observado desde el año pasado, estamos preparando una ordenanza para regularizar esta actividad. Estableceremos las normas y las sanciones para quienes incurran en esos hechos delictivos”, explica Parra. Otro aspecto que incluirá la normativa es la restricción de los horarios de compra-venta de los metales. “Los puestos también deben tener un permiso y un registro en el Sicsum (Sistema Integral de Certificados y Solvencias Único Municipal)”, enfatiza.
Las intendencias municipales, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Zulia se encuentran en reuniones para abordar el tema. Los efectivos policiales están encomendados para la revisión de fundidoras y tarantines, muchos de los cuales han sido clausurados.
Además, siete personas han sido detenidas en los últimos meses por tratar de llevar estos productos a Colombia, así lo dio a conocer a PANORAMA el secretario de Seguridad y Orden Público, Biagio Parisi.
Al mismo tiempo, están desarrollando un plan preventivo para que las autoridades de salud, educación y los cuadrantes de paz se sumen a la solución.
Todas estas acciones van en respuesta al decreto emitido por la Gobernación del Zulia, en diciembre, referente al control de estos materiales estratégicos en toda la región.
