14-03-17.-Gilberto Andrea, abogado de la Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las PIP (Asomuvenapip) difundió un comunicado donde denuncia una serie de problemas jurídicos entorno al caso, como un comercio indiscriminado que ha surgido en aprovechamiento de las victimas por un grupo de abogados, así como también desmiente que exista una indemnización ya aprobada por parte de Francia.
Es propicio recordar que Poly Implant Prothèse (PIP) fue una empresa francesa que sustituyó el silicón médico de sus prótesis mamarias por uno industrial, hecho considerado el mayor fraude sanitario de todos los tiempos, y que afectó la salud de miles de mujeres en todo el mundo. Con 40 mil portadoras calculadas, Venezuela ocupó el segundo lugar en el mundo con casos de PIP, solo superado por Gran Bretaña (44 mil pacientes). Francia, donde se fabricaron las prótesis, sumó 33 mil implantadas. Siguieron Argentina y Colombia con 15 mil casos cada uno.
“Es complicado analizar el problema surgido con el comercio que se pretender hacer con las afectadas y nadie debería lucrarse de este hecho por cuanto es una causa humanitaria. Nadie debería incurrir en el aprovechamiento de las víctimas de esta situación”, señala el abogado.
Andrea hizo un llamado de atención a las afectadas para que no “se dejen manipular” por cuanto él mismo hizo la consulta a los abogados de Francia y estos le indicaron que hasta ahora no ha habido ninguna sentencia que establezca una indemnización a las mujeres perjudicadas. No obstante, está en pendiente obtener por parte de un organismo estatal de Francia la aprobación de una indemnización con un máximo de 3.000 euros por persona afectada, en base a la sentencia de una corte, cuya fecha no se conoce aún.
A continuación el video completo del comunicado:
