La investigación que hace estragos en Bruselas es un mazazo para la credibilidad del Parlamento Europeo, un gigantesco daño de imagen para las instituciones comunitarias. Hay una investigación en curso: esperamos que se identifique rápidamente a los responsables de un escándalo, aún más odioso por la utilización de los derechos humanos como moneda de cambio en zonas sensibles del mundo.

Una redada que apunta a dos aspectos, ambos decisivos: la responsabilidad de los individuos con los delitos pertinentes; y el contexto en el que se produjeron dichas prácticas ilegales.

En cuanto al primer aspecto, la política tiene la responsabilidad de actuar con rapidez, para proteger el honor del Parlamento y la dinámica democrática. Actuar con rapidez significa condenar, investigar y frenar el fenómeno. Suspender a los implicados de sus cargos institucionales y de partido. Comparecer en el juicio como parte civil si es necesario. Verificar detalladamente si ha habido decisiones opacas en asuntos relacionados con la investigación y, en su caso, intervenir bruscamente modificando las decisiones adoptadas. A la espera, por supuesto, de los juicios, que son los únicos lugares donde se puede averiguar la verdad y las posibles condenas.

El segundo aspecto se refiere al contexto en el que se desarrollan las acciones de los grupos de presión de las grandes empresas internacionales y de los Estados terceros.

En Bruselas hay unos 12.000 grupos de presión acreditados. Las grandes empresas están dispuestas a gastar sumas considerables en esta actividad: 12 millones de euros el Consejo de Industrias Químicas Europeas, 6 millones Google, 5 millones Microsoft, 4 millones BusinessEurope, 2,2 millones Huawei. Para un gasto total de unos mil quinientos millones de euros al año.

Los acontecimientos de los dos últimos años han hecho aún más visible la acción de los grupos de interés. Primero las grandes farmacéuticas en busca de recursos y alianzas, durante la pandemia; ahora, con la guerra en curso, los vendedores de sistemas de defensa, seguridad y armamento.

En el año de la pandemia, la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (Efpia) aumentó su presupuesto para actividades de lobbying en un 20%. El gasto de Efpia (de la que forman parte Pfizer, Astrazeneca y Johnson & Johnson) para influir en las decisiones de Bruselas aumentó de 4,6 a 5,5 millones de euros. Todo el lobby farmacéutico, según cifras publicadas por Corporate Europe Observatory, tendrá un valor de 36 millones de euros en 2020. En Bruselas trabajan unos 300 grupos de presión oficiales del sector farmacéutico. Una cifra que muchos observadores consideran infravalorada.

El lobby armamentístico, en los últimos meses, ha echado toda la carne en el asador hasta el punto de abogar por que las armas se incluyan en la taxonomía social, es decir, que se consideren socialmente sostenibles.

Estamos hablando de cifras e informes muy significativos. Según Corporate Europe Observatory, solo Leonardo ha invertido recientemente hasta 400.000 euros en Bruselas en un año, duplicando así la cantidad invertida en 2017. Un año en el que, de media, la cifra se había duplicado a su vez con respecto a 2012. Un crecimiento exponencial, pues, para las reuniones de alto nivel con funcionarios de la Comisión: 48 reuniones sólo para Leonardo en 2022; 17 para la española Indra, que invierte alrededor de un millón al año en relaciones en Bruselas; 28 reuniones para Thales (Francia); 24 para Fraunhofer (Alemania); 16 para la sueca SAAB; e incluso 222 para Airbus (Francia, Alemania).

Hay que recordar que los grupos de presión son regularmente previstos y vienen regulados. No es menos cierto que, en los últimos meses, el volumen de este tipo de actividades ha superado los niveles previstos. Y el tema de cómo expulsar a los mercaderes del templo vuelve a estar de plena actualidad.

El Parlamento se compromete a promover la transparencia y la ética en las actividades de los grupos de presión. Junto con el Consejo de la Unión Europea y la Comisión, el Parlamento utiliza un registro de transparencia común para supervisar las actividades de los representantes de intereses. El registro es una base de datos en línea en la que figuran grupos y organizaciones que intentan influir en la formulación de la legislación de la UE. Sin embargo, la divulgación obligatoria de las reuniones con personas acreditadas en el registro sólo afecta a los ponentes de expedientes individuales y a los presidentes de comisiones parlamentarias.

De las aproximadamente 12.000 entidades acreditadas, la mitad afirma gastar 10.000 euros al año, mientras que algunas superan los 10 millones de euros. Queda la cuestión de la fiabilidad de una información espontánea sobre la que no se tiene ningún control.

La cuestión es, por tanto, cómo extender esta obligación de rastrear las reuniones a todos los parlamentarios y, en cualquier caso, cómo definir y circunscribir más estrictamente esta práctica. Por ejemplo, impidiendo que exministros, exparlamentarios y exmiembros de la UE puedan ejercer esta actividad durante al menos cinco años tras el final de su mandato.

Para evitar cultivar la duda sobre la continuidad de la relación al servicio de intereses particulares y no generales, que es la principal tarea del legislador. También porque la frontera entre lo que es lícito y lo que no lo es sigue siendo difusa, sobre todo si se compara con algunas legislaciones nacionales como la italiana donde, por ejemplo, se castiga el tráfico de influencias.

El mismo problema existe en relación con la acción diplomática llevada a cabo en el Parlamento por los Estados nacionales, que a menudo son autoritarios. Hablamos de países donde no existen el Estado de Derecho, la tripartición de poderes, la libertad de prensa, la independencia del poder judicial ni la opinión pública. Funcionarios de estos Estados campan a sus anchas por los pasillos del Parlamento para vender armas, alimentos y, sobre todo, energía: funcionarios que no tienen que someterse a las ya inciertas normas del registro de grupos de presión.

Por último, la cuestión no puede concernir únicamente al Parlamento, sino que el tema de la transparencia debe invertir toda la cadena tecnocrática de la Comisión Europea para la que trabajan nada menos que 50.000 personas. Por poner un ejemplo, de febrero a septiembre hubo 113 reuniones de la Comisión con el lobby del «petróleo y el gas» y, en particular, con las empresas Eni, Repsol, Total y Shell.

Quienes han cometido delitos graves deben pagar un alto precio. Sin embargo, la cuestión es cómo hacer frente no sólo a las manzanas podridas, sino a la cesta, es decir, a un sistema de presión sobre el legislador europeo que hace aguas por todos lados.

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*Eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. En Público.es

 

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