Maduro alquiló a Irán, de espaldas a la Constitución, Un Millón de Hectáreas de Tierras Cultivables

Venezuela: un País en Alquiler

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Maduro alquiló a Irán, de espaldas a la Constitución, Un Millón de Hectáreas de Tierras Cultivables

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

La información provino del viceministro iraní para asuntos económicos, Mohsen Kushki Tabar a través de la agencia de prensa Tasmin, quien resaltó la importancia que tiene para su país este acuerdo por 20 años como parte de su objetivo de lograr la soberanía alimentaria, lo cual pasa por desarrollar cultivos extraterritoriales agroalimentarios, en razón de que tienen un déficit de 7 millones de Ha de tierras cultivables porque el 70% de su territorio está conformado por desiertos y tienen carencia del agua dulce para lograr esa meta. El gobierno aún no ha confirmado la información y por ello se desconocen los detalles de la operación que le permitiría al pueblo venezolano evaluar los términos y condiciones en que se ha dado esta cesión onerosa de tierras aptas para la agricultura y su localización en el territorio nacional, para poder evaluar el impacto político, económico ambiental y social que tendrá semejante "regalo" que está haciendo a Irán a motu proprio el presidente Maduro.

Escudándose en la inconstitucional Ley antibloqueo, la cúpula de Miraflores continúa liquidando el patrimonio natural y económico de la Nación de espaldas al soberano, dando por descontado que no tienen por qué rendirle cuenta a nadie, asumiendo de facto que ese patrimonio es propio y puede disponer de él como si fuera suyo, actuando al margen de la Constitución y la Ley. Es la conducta patrimonialista típica de los gobiernos autoritarios que nos hacen recordar los tiempos aciagos de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez.

La entrega en arrendamiento de tierras a otros Estados o entes sujetos de derecho internacional público, no tiene precedentes históricos. Ni siquiera es comparable con las concesiones petroleras y mineras otorgadas por el dictador Juan Vicente Gómez, las cuales se limitaban a la explotación del subsuelo y permitían de cierta manera el desarrollo de actividades agropecuarias y el emplazamiento de pueblos y ciudades en extensos predios en cuyo subsuelo se localizaban los yacimientos y la extracción de los hidrocarburos. La entrega de grandes extensiones del territorio incluyendo el suelo y todos los ecosistemas naturales que sustenta, prácticamente privatiza y determina el uso exclusivo de la tierra, incluyendo bienes comunes como el agua y las especies naturales establecidas en la misma. En estas condiciones el país arrendatario adquiere de facto una extensión (enclave) de su territorio dentro de nuestro país y el acceso a todos los recursos y bienes naturales existentes en el mismo. Se produce así una amputación de una parte de los suelos cultivables del territorio nacional por un largo período de tiempo, en el cual se modificará considerablemente su configuración física, afectando los ecosistemas y las condiciones naturales (agua) que le dan su potencialidad productiva y sustentan la vida, privando al país de una importante capacidad para resolver su problema alimentario.

Se trata de un convenio que de partida viola los artículos 1, 4 y 13 de la Constitución, los cuales señalan:

Artículo 1. "(...) Son derechos irrenunciables de la Nación la Independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional."

Artículo 4. "La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad."

Artículo 13."El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. (...)"

Por lo tanto, el susodicho convenio de tierras firmados por el Ejecutivo Nacional con la República de Irán es nulo por ser inconstitucional. Además constituye un abuso de autoridad su suscripción por el Presidente sin que la Asamblea Nacional se haya pronunciado, lo cual es un requisito constitucional por ser éste un contrato de interés nacional (artículo 187/9). Se trata del "arrendamiento por 20 años" de un territorio cuya ubicación se desconoce pero tiene una superficie igual a 2.1 veces el estado Carabobo, 1.43 veces el estado Aragua, 35 % del estado Monagas y 66% del estado Portuguesa. Estamos hablando de una porción de tierras considerable con vocación agrícola, la cual ocupará el 12% del total de las tierras cultivables que posee la Nación para el uso exclusivo de un país extranjero.

Para poner en contexto lo que significa un millón de hectáreas (ha) de suelos cultivables es necesario comparar esa superficie de tierras de vocación agrícola, con la totalidad de las tierras cultivables que tiene el país y particularmente, con la que podría destinarse a la producción vegetal, porque sus suelos y sobre todo la disponibilidad de agua así lo asegura. Lamentablemente no es fácil obtener datos actualizados sobre el desempeño de la agricultura venezolana porque el gobierno dejó de publicar información estadística, por lo que hemos acudido a la información de la FAO[i] en la cual se afirma que el total de la superficie agrícola disponible por el país es de 21.500.000 ha, de las cuales solo 8.600.000 ha son cultivables y el resto es utilizable para el aprovechamiento de pastizales en la ganadería extensiva. Según el boletín informativo de FEDEAGRO[ii] para el año 2015 el total de tierras cultivadas fue de 1.728.602 ha. Eso significa que la entrega a la República Islámica de Irán de un millón de ha significaba para el 2015 aproximadamente el 60% de la totalidad de las tierras que ocupó la producción nacional ese año, que como sabemos no satisface la demanda alimentaria interna debido al nivel de atraso y dependencia de las importaciones que le es propia, por la configuración que adoptó el sector agroproductor en los últimos 100 años, a raíz de la instalación en Venezuela del modelo económico rentístico-extractivista petro-dependiente. Con esta negociación opaca, se está comprometiendo a largo plazo (20 años) el uso y usufructo de al menos el 12% de nuestra reserva de tierras agrícolas, privando a las generaciones presentes y futuras de ese enorme potencial necesario para lograr nuestra seguridad y soberanía alimentaria, con un valor inconmensurable si tenemos en cuenta que transitaremos, más temprano que tarde, el camino hacia la Venezuela post rentista y además la soberanía alimentaria es fundamental para mantener nuestra independencia frente a los poderes fácticos, que aspiran imponernos per saecula saeculorum una relación de dominación neocolonial.

La importancia estratégica que le asignan a los cultivos extraterritoriales, frente a un escenario de crisis alimentaria en el contexto de la crisis civilizatoria en marcha, no procede solo de las grandes corporaciones transnacionales químicas y agroalimentarias como Basf, Bayer, Monsanto, Carguill o Nestle, en su incesante despliegue expansivo sobre los territorios del llamado sur global, para valorizar el capital a través de un proceso de "acumulación por desposesión" (Harvey) de los recursos estratégicos en manos de los Estados y los pueblos, dentro de los que está la biodiversidad, el agua, las tierras agrícolas y forestales. También están en esa jugada las tradicionales potencias coloniales de Occidente y las potencias emergentes como China, India, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos (EAU), Corea del Sur, Japón Arabia Saudita, Qatar e Irán, que vienen impulsando de la re-colonización de África, el Sudeste Asiático y Suramérica, a través de la concentración y acaparamiento de las tierras agrícolas, y de la privatización de la naturaleza para cubrir su déficit alimentario y diversificar su cartera de inversiones hacia los agrocombustibles y monocultivos de maíz, palma y soja transgénicos para la exportación e intensivos en capital procedente la más de las veces de los fondos especulativos, con un alto impacto ambiental en lo que significa destrucción del suelo, de la biodiversidad, de los bosques naturales, de los acuíferos y el envenenamiento de las aguas y suelos con agroquímicos y pesticidas afectando a la fauna silvestre. En China en particular, que tiene el 20% de la población mundial y apenas el 7% de la tierra cultivable, debido al ascenso social experimentado en su población y el mayor acceso al consumo por grandes contingentes de la misma con cambios en su patrón de consumo, hay una fuerte presión sobre la demanda de alimentos. Por ello, desde 2010 las inversiones agrícolas de China en el extranjero, según Heritage Foundation y American Enterprise Institute de EEUU, totalizan 94.000 millones de dólares en países como Argentina, Chile, Brasil, Mozambique, Nigeria, Zimbabue, Camboya y Laos, de empresas y del Estado Chino en dichos países. Es un hecho que se viene produciendo un fenómeno de acaparamiento de tierras con su correlato, la desposesión territorial de los Estados soberanos del sur que han cedido su soberanía, a cambio de una supuesta "modernización de la agricultura", la cual no es más que un señuelo para comprometer el patrimonio natural y agrícola de los pueblos, provocando el desplazamiento de las poblaciones indígenas, de campesinos y productores agrícolas, el agotamiento de las fuentes de agua y con ello el alejamiento de sus posibilidades de lograr la seguridad y soberanía alimentaria.

El alquiler del millón de ha a Irán no es un hecho aislado. Hace parte de la política de la profundización y ampliación del modelo extractivista primario exportador, de un capitalismo salvaje que mercantiliza la naturaleza y los bienes comunes para ponerlos al servicio del capital. Ya no es solo la entrega de vastos territorios para la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto de la "nueva apertura petrolera" (NAP) en desarrollo y para la extracción de oro y otros minerales estratégicos en el llamado Arco Minero del Orinoco, sino que ahora se incorpora la agricultura intensiva depredadora y con ella la extracción masiva de agua dulce y de la madera de nuestros bosques naturales. Es la misma política que promueve la economía de enclaves neocoloniales a través de las Zonas Económicas Especiales, comprometiendo la soberanía territorial al impulsar la desregulación ambiental y sociocultural para valorizar el capital transnacional, a través de la explotación de la naturaleza y la "mano de obra barata". En lugar de plantearse el desarrollo de un plan para impulsar la agroproducción teniendo como horizonte lograr la seguridad y la soberanía alimentaria a través de una política soberana de inversiones productivas, el gobierno autoritario neoliberal de Maduro está optando por alquilar el territorio a otros países y entes extranjeros para su provecho y el de la burguesía emergente que amasó grandes fortunas a través del desfalco a la Nación. El precedente del alquiler del millón de ha a Irán, marca el inicio de la aplicación de una política de entrega de tierras cultivables a los países interesados que "están en la cola", como China, India, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Todo es posible a través de la aplicación de la inconstitucional ley antibloqueo por el gobierno de Maduro, utilizando la coartada del bloqueo para imponer su proyecto desnacionalizador neoliberal.

¡¡¡El territorio nacional ni se alquila ni se vende!!!

¡¡¡No al proyecto neoliberal desnacionalizador de Maduro!!!

¡¡¡El pueblo tiene derecho a saber que hay detrás de esta negociación oprobiosa de tierras con Irán!!!

 

Gustavo Márquez, Edgardo Lander,  Héctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, Juan Garcia, Oly Millán, Ana Elisa Osorio, Roberto López

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[i] https://www.fao.org/faostat/es/#country/236

[ii] https://www.fedeagro.org



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