Mucho se ha hablado de la crisis que atraviesa Venezuela y de la resistencia ejercida por su pueblo. Las carencias que deben soportar los ciudadanos han sido objeto de cobertura internacional. La precariedad de un sistema de salud público que no da abasto, la falta de medicamentos, los fondos insuficientes para cubrir las necesidades de los habitantes y el déficit de alimentos son algunas de las muchas necesidades básicas no satisfechas. Pero lamentablemente, la lista continúa. Los venezolanos no solo son privados de servicios básicos, sino que hasta han sido despojados de su propia identidad. Frente al flujo cada vez más masivo de migrantes, Nicolás Maduro ha encontrado una forma de retener a los venezolanos dentro de su país y evitar que puedan escapar de la difícil realidad que atraviesan. Para ello, no ha sido falta desplegar una rebuscada estrategia, sino tan solo adueñarse del documento que le permite a todo venezolano circular libremente por el mundo: el pasaporte.
Lo que para muchos puede parecer una simple libreta de papel, para los venezolanos se ha convertido en el pase preciado para escapar de la difícil realidad a la que se enfrentan a diario. Consciente de ello, Maduro ha decidido convertir el derecho a la obtención de un documento de identidad, en un negocio que especula con el sueño de un pueblo a una vida decente. Más de 4 millones de venezolanos han emigrado del país desde 2015, según datos de la ONU, que ha calificado a este éxodo masivo como una de las mayores emergencias mundiales en materia de desplazamiento. En tan solo siete meses, desde noviembre de 2018 hasta junio de este año, el número de refugiados y migrantes venezolanos ha aumentado en un millón de personas. Un ritmo acelerado que ha sorprendido al resto de los países de la región que se enfrentaron a la dura tarea de contener este flujo migratorio y han adoptado medidas extraordinarias para acoger a todos aquellos que llegan a sus fronteras. Pero el precio para salir de Venezuela es caro.
Las trabas burocráticas son una de las herramientas desplegadas por Maduro para retener a sus ciudadanos dentro del territorio nacional. Entre ellas, se destaca el desmesurado incremento en los precios de la adquisición o renovación de los pasaportes. De acuerdo con lo informado por el periodista Luis Gonzalo Pérez, renovar el documento cuesta alrededor de 185 dólares, lo que convierte al pasaporte venezolano en el más caro de los países occidentales. Según denuncian los medios locales, los pasaportes se han convertido prácticamente en bienes de lujo, ya que para poder pagarlo, se requieren casi dos años de trabajo. Pero a la dificultad que significa poder costear un pasaporte, se le suma también la opacidad bajo la cual funciona el sistema controlado por el servicio administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Las irregularidades son moneda corriente en el Saime y las denuncias en su contra llegan desde distintas partes del mundo. Días atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso duras sanciones contra dos jefes del Saime: Juan Carlos Dugarte Padrón y Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. A ambos se los acusó de recibir sobornos y de participar en prácticas corruptas por la venta de pasaportes. Según el Tesoro, Vizcaíno les cobraba a los solicitantes de pasaportes, miles de dólares a cambio de los documentos, dinero que luego era transferido a cuentas bancarias personales. Lo que coincide con las denuncias de muchos venezolanos en el extranjero que aseguran que pagaron por el documento pero que finalmente no lo recibieron.
Con el recrudecimiento de la crisis, desde 2016, se viene gestando en Venezuela un sistema de pasaportes paralelo, solventado por la extorsión. Como consecuencia, el pasaporte, que debería ser un derecho, se ha convertido en una herramienta de control. Lo que contrasta con otros modelos en la región, como el de Perú, donde el pasaporte es visto como un símbolo de soberanía nacional. En 2016, el pasaporte electrónico peruano fabricado por la compañía francesa líder para seguridad en identidad, IN Groupe (ex Imprimerie Nationale), obtuvo el reconocimiento de la High Security Printing Latinoamérica y se consagró como el mejor documento de identidad de la región. Gracias a la implementación del pasaporte biométrico, que cuenta con los máximos estándares de seguridad, hoy en día, los peruanos circulan con una mayor libertad por el mundo. No es una exageración, ya que la introducción del pasaporte biométrico facilitó la firma del acuerdo sobre supresión recíproca del requisito de visado de corta duración entre la Unión Europea y Perú. Lo que le ha permitido a muchos peruanos poder visitar a sus familiares en el extranjero o simplemente disfrutar de un viaje que antes se veía restringido por trabas burocráticas.
Pero este logro fue el resultado de la implementación de una política de viaje seguro por el Ministerio del Interior peruano, en el marco de un proceso de modernización de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Es decir, que el pasaporte biométrico producido por IN Groupe y emitido por Migraciones, es el resultado de un sostenido plan basado en la ampliación de los derechos de los peruanos. La diferencia, además, es que mientras el pasaporte peruano se consagró como el mejor de la región, también se destacaba por ser el más económico de América Latina.
Ambos extremos son el reflejo de la disparidad que existe en Latinoamérica, una región marcada por la desigualdad que se acentúa a causa de la corrupción de ciertos gobiernos que llegan al poder y en lugar de luchar por aumentar los derechos de los ciudadanos, buscan construir estructuras que les permitan consolidar su poder. Tal como lo demuestra la situación que atraviesan los venezolanos, el pasaporte es mucho más que un conjunto de medidas de seguridad y de calidad. El pasaporte es una garantía de que el derecho a la identidad es respetado. Cualquiera que negocie con ello, debe ser sancionado. Ya que ningún pueblo debe quedarse sin su identidad.
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