El impuesto para los pasaportes o el autobloqueo nacional

El bloqueo de pasaportes es un impuesto represivo que no solo le genera ganancias al director del Saime Juan Carlos Dugarte, sino a su nepotismo y a sus cómplices. Para el pueblo, se trata de un bloqueo al tránsito libre al que tiene todo derecho. Al igual que fracturaron y llenaron de fronteras internas el territorio por medio de la criminalidad y el Estado mafioso ahora pretenden encerrarnos en una caja nacional, criminalizando y haciendo pagar un superimpuesto totalmente ilegal al que quiera moverse fuera del país y por tanto deje de pagarle impuestos y vender a precio de esclavo su fuerza de trabajo dentro de estas fronteras.

BACHAQUEO. No hay pasaporte para el venezolano de a pie. Pero Dugarte acaba de inventar el nuevo sistema exprés por Bs 122 mil 400. Ah, pero se cae el sistema y los gestores pasan a cobrar hasta Bs 1 millón por el pasaporte exprés que es el mismo VIP. Lo que el Saime le dice a los venezolanos, con la medida, es que si usted paga más, goza el privilegio del pasaporte exprés. Entre requisitos para el pasaporte, se lee que el pago se hace en línea (Bs 51 mil) "únicamente a través de tu tarjeta de crédito". Luego en la cita paga Bs 3 mil 600. Y tienes la opción que te lo entreguen en 3 días si pagas exprés. Eso sí que es brutalmente capitalista.

FAMILIA. La familia de la Directora del Despacho, es el clan Briceño que ocupa los cargos más relevantes en el Saime. Gissel Briceño, Directora de Tecnología (y ex-secretaria de gobierno de Dugarte en el Distrito Capital); Shefyl, un mejicano cuñado es Jefe de Impresión y Desajustes; Ligia Briceño, Jefa de la Sala Situacional; Yuraima Briceño, jefa de sala VIP; Alexis Briceño, Jefe de Transporte; Kimberly Briceño, Consultora Jurídica. El hijo de Dugarte es el coordinador del despacho; Mariana Dugarte, Directora de Recursos Humanos; la hija de Dugarte es la Jefa de la Misión Identidad; Corina, cuñada de Dugarte, es Jefa de Compras y Jorge Dugarte encargado de las contrataciones. En la presidencia se maneja y se autorizan las citas VIP, las impresiones, las visas y las naturalizaciones.

DANIEL. Su apellido es Hernández y es el Inspector General del Saime. Es un comisario jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Estando en esa institución policial se le hizo una investigación por presuntos hechos irregulares, que apresuraron su salida del Cicpc. El personal se queja porque habría ejercido contra ellos terrorismo psicológico, maltratos, vejaciones y abuso de autoridad. Muchos funcionarios han denunciado esto ante los sindicatos, Defensoría del Pueblo y Fiscalía. Hay quienes aseguran que en la Inspectoría del Saime hay una alcabala donde reportan al segundo jefe, comisario jubilado del Cicpc Gustavo y al comisario Peña. Hace unos días llegó el Sebin y detectó que Hernández habría cobrado 300 dólares por imprimir un pasaporte y que tendría una extraña cuenta bancaria en el exterior. El protector de Hernández sería un viceministro de investigación penal.

El cobro de una cantidad por obtener el pasaporte vulnera, ¡pisotea! mejor dicho, varias garantías constitucionales, veamos:

1) Principio de no discriminación: establece que nadie puede ser tratado de manera distinta basado en su condición económica. ¿Cómo queda lo de la sociedad sin clases? Aquí se realiza una abierta discriminación basada en motivos económicos, pues los que no tenemos ese dinero somos desiguales ante la administración pública.

2) Vulnera la reserva constitucional tributaria que establece desde los tiempos en que le cortaron la cabeza a María Antonieta que los impuestos, tasas y contribuciones solo pueden ser creados mediante ley y esta tasa fue impuesta por un burócrata ignorante.

3) Viola la garantía de libre tránsito al impedir que cualquier ciuadadano pueda entrar y salir del país y ojo no todos van a raspar cupos o son hijos de enchufados, muchos necesitan viajar por razones médicas, de formación, deportivas, culturales, etc.

4) Viola el derecho humano de identidad: por si no lo saben estos burócratas, el derecho humano a la identidad no es una dádiva del Estado es un derecho que nace con la persona.

5) Viola el principio de irretroactividad de la ley: la ley no puede ser aplicada al pasado a situaciones nacidas bajo otro orden legal.

6) Vulnera el principio constitucional de la seguridad jurídica



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