El gobierno revolucionario, reivindicando el contenido social de la democracia, ha dado el paso decisivo en la aplicación de la “Ley de Costos y Precios Justos”, hecho que ha generado críticas en la derecha venezolana y en el empresariado expoliador que sirve de soporte a la anquilosada oposición política. Es necesario señalar que los gobiernos anteriores, dando la espalda al pueblo jamás se interesaron en proteger y defender a los consumidores, aun cuando la onda especulativa explotaba y arruinaba las posibilidades adquisitivas de las clases más necesitadas, e incluso desmejorando la calidad de vida de la clase media venezolana. Así funcionó durante décadas la simbiosis entre los gobiernos irresponsables y los “empresarios” apátridas, que en medio de la cultura especulativa, fueron incapaces de abrir espacios a la producción nacional, al trabajo productivo, diversificar la economía y generar confianza en el pueblo consumidor.
De allí que los lineamientos legales buscan desde el principio, terminar con los abusos flagrantes e impunes del poder monopólico de muchos sectores de la economía, que han estado en el centro de un sistema perverso de acumulación del capital, y donde sobresalen los elevados márgenes de ganancia, así como el alza constante e injustificada de los precios. De allí la necesidad de romper los eslabones de la cadena monopólica generadora de escasez artificial y los efectos perversos de un esquema mercantilista e injusto, que durante muchos años ha sido la regla de la llamada “mano invisible del mercado”. Frente a las actitudes de estos agentes de la dinámica económica, se formula la nueva política regulativa y de precios justos, destinada a enfrentar la especulación, como principal causa de la inflación en Venezuela y que resulta en el aumento exagerado en los precios de los productos, como se observa comparando los costos de los rubros de primera necesidad desde su salida en el lugar de origen hasta los centros de acopio y su destino final. En razón de lo expuesto, los principios de la nueva ley se orientan hacia el desarrollo socio productivo, la equidad y el dinamismo, para crear un sistema que garantice una estructura de costos justificable. De hecho esta ley es parte del nuevo proyecto hegemónico, que se construye en paz, pero en una sociedad que todavía lleva la pesada carga de las formas de dominación económica del pasado.
Finalmente la perspectiva está en cambiar la cultura especulativa que todavía mantiene sus vestigios en el imaginario colectivo de la formas del comercio tradicional, y garantizar alternativas de largo alcance por medio del papel asignado a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, que junto a la participación activa del pueblo, debe llevar adelante las pautas normativas, regulativas y operativas encomendadas, dentro de la ardua tarea de recuperar para los consumidores lo que por años perdieron en el comercio injusto.
*Diputado
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