El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó el 9 de enero en la Casa Blanca a los principales magnates del petróleo nacional para ofrecerles la oportunidad de invertir en Venezuela.
La ausencia de cualquier representante del Gobierno venezolano en la reunión pintó un escenario surrealista: Washington negociaba el futuro de los hidrocarburos de un país soberano, prometiendo desbloquear una producción masiva a cambio de una inyección de capital privado que él cifró en, al menos, 100.000 millones de dólares.
El ingeniero venezolano Luis Prieto, experto en la industria petrolera, analiza para Sputnik este episodio y desentraña las tensiones entre la soberanía nacional, el derecho internacional y los intereses de las corporaciones transnacionales.
Su diagnóstico no admite rodeos: lo ofrecido en la Casa Blanca pretendería pasar por alto la Constitución y la ley venezolana, estableciendo un fideicomiso controlado por EEUU sobre los recursos de la nación sudamericana.
La reunión dejó al descubierto los desacuerdos en el sector. Mientras el CEO de Halliburton, Jeff Miller, admitió que su empresa salió de Venezuela en 2019 únicamente "bajo las sanciones" y por petición expresa, el máximo ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, calificó al país de "no invertible" en su estado actual, exigiendo "cambios significativos" en el marco legal.
Por su parte, Chevron, que mantiene operaciones a través de empresas mixtas, mostró interés en expandirse, aunque sin compromisos firmes. Esta divergencia de posturas, según Prieto, no es casual y está arraigada en historiales, demandas multimillonarias y apuestas geopolíticas distintas.
Un complejo entramado
El núcleo de la propuesta de Washington, tal como fue transmitida en la reunión, implica que las empresas inviertan sus propios capitales para fortalecer la infraestructura petrolera venezolana, con la meta de aumentar la producción de forma acelerada y así bajar los precios domésticos del combustible en suelo estadounidense.
A cambio, Washington ofrecería un esquema de "aseguramiento financiero" mediante el manejo de los recursos.
El análisis de Prieto conecta este episodio con la larga historia de injerencia. Recuerda que fue EEUU quien, en 2019, impuso las sanciones más agresivas que pusieron bajo la lupa la compra de crudo venezolano, paralizaron pagos y forzaron la salida de empresas como Halliburton.
"El actor que te está bloqueando es el que te está diciendo que te va a hacer las inversiones (...) con el dinero de Venezuela", reflexiona, destacando la paradoja.
Además, subraya que la exigencia de que Venezuela cese sus acuerdos petroleros con Rusia y China como condición previa, busca "desequilibrar" las alianzas estratégicas que han permitido al país sudamericano resistir el asedio económico.
¿Una disputa a la vista?
La frialdad de ExxonMobil durante el encuentro tiene, de acuerdo con la perspectiva de Prieto, tres explicaciones profundas.
La primera es la experiencia corporativa en la nación sudamericana: la empresa fue afectada por las nacionalizaciones de 1976 y 2007, y aún mantiene un reclamo arbitral. La segunda es el cálculo geoeconómico: la multinacional ha realizado una "gran inversión a largo plazo" en los yacimientos frente a las costas de Guyana.
La tercera, y quizás la más importante, es la incertidumbre. "Ellos temen que se dé una tercera nacionalización, porque de facto se estaría diciendo que el petróleo va a ser dominado por EEUU", analiza Prieto.
El caso de Halliburton es diferente. Su salida en 2019 fue, según su propio CEO, una respuesta directa a las órdenes de Washington.
"Con quien están hablando [ahora en la Casa Blanca] es con el ejecutor de las sanciones", apunta Prieto. Para las empresas de servicios, el levantamiento de las sanciones sería suficiente incentivo para retornar.
El 'lobby' en las sombras
Al ser consultado sobre las afiliaciones políticas de estas corporaciones, Prieto traza un linaje de influencia que es particularmente denso en el Partido Republicano.
"Las grandes empresas petroleras norteamericanas tienen un componente altamente político, donde los republicanos le dan mayor participación", asegura.
Ilustra su punto con nombres y apellidos: Rex Tillerson, exlíder de ExxonMobil, fue secretario de Estado y "alto promotor del diseño de las sanciones petroleras" en 2019. Chris Wright, actual secretario de Energía, proviene de la petrolera Liberty Energy.
Este patrón no es nuevo: Dick Cheney, vicepresidente durante la invasión a Irak en 2003, fue CEO de Halliburton, empresa que luego obtuvo contratos millonarios para la "reconstrucción" del país árabe.
Esta simbiosis, según Prieto, explica por qué la agenda energética de Washington está tan alineada con los intereses de estas corporaciones y por qué su enfoque hacia Venezuela mezcla la coerción con la oferta comercial, bajo términos diseñados por y para ellas.
Inversión bajo lineamientos venezolanos
Frente a la narrativa que presenta a Caracas como un país cerrado al capital de negocios extranjeros, Prieto es enfático: "Venezuela siempre ha estado abierta a las inversiones".
La prueba, dice, está en el modelo de empresas mixtas que surgió de la nacionalización de 2007 y bajo el cual operan hoy actores como Chevron (en cuatro proyectos), Eni, Repsol y otros. Ello contrasta con la salida de ExxonMobil y ConocoPhillips, que optaron por la vía judicial.
El experto detalla el marco legal vigente: participación del Estado (a través de PDVSA) mayor al 60%, 33% en regalías, 50% en impuesto sobre la renta y la potestad de PDVSA para comercializar el crudo.
Además, la Ley Antibloqueo, promulgada para contrarrestar el impacto de las sanciones, ofrece figuras flexibles como los Convenios de producción petrolera. "Si no es aceptado por [los empresarios], es difícil que se den estas inversiones", sostiene Prieto, dejando claro que la soberanía legal no es negociable.
Respecto a los intereses específicos, su análisis es minucioso. La principal motivación de ConocoPhillips sería cobrar los más de 11.000 millones de dólares que reclama en un laudo arbitral, posiblemente a través de la venta de activos venezolanos en el exterior como CITGO, mientras Chevron tiene un interés estratégico en el crudo Boscán, de alta calidad para asfaltos, y busca expandir sus empresas mixtas (Petropiar, Petroindependiente, etcétera), además de consolidarse como un comercializador clave del petróleo venezolano.
"La industria petrolera [venezolana] requiere una mejora (…) y necesita inversiones confiables", reconoce Prieto. La infraestructura de superficie está deteriorada, pero el subsuelo, con más de 17.000 pozos, representa una oportunidad enorme. Con inversión y tecnología, la recuperación podría ser más rápida de lo que se cree.