“La experiencia comparada, incluso en Latinoamérica, demuestra que el recurso de las Fuerzas Armadas en materia migratoria produce graves violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad y que en modo alguno soluciona el problema, sino que lo acrecienta”, advirtió en un hilo de Twitter.
Portales explicó que la militarización de las fronteras de varios países sudamericanos como medio para contener la movilidad humana, especialmente la venezolana, “es el episodio más reciente de una serie de medidas contradictorias e improvisadas de política migratoria”.
El relator destacó que el reconocimiento de la crisis humanitaria por parte de los países “no fue acompañado de la medida lógica, que hubiera sido el reconocimiento como refugiadas de las personas venezolanas en situación de movilidad o el otorgamiento de otras formas de protección internacional para ellas”.