El Gobierno Nacional manifiesta que la acción contra los funcionarios venezolanos se trata de "restricciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Perú", acción que atenta contra el multilateralismo y la cooperación internacional.
"La decisión unilateral del gobierno peruano al denegarle el ingreso a funcionarios venezolanos no sólo representa un atropello a los magistrados, sino que además atenta contra los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, basamentos de la Carta de las Naciones Unidas", reseña.