Cuando la justicia se convierte en castigo
(la justicia deja de ser justicia cuando castiga sin haber juzgado)
Hay casos que no necesitan adjetivos.
Basta con mirar el tiempo.
Edison Oviedo Quero fue detenido en abril de 2020 y, casi seis años después, sigue privado de libertad sin que exista una sentencia firme en su contra. No se trata de una simple demora administrativa ni de una causa compleja que exige prudencia judicial. Se trata de un proceso que, desde su inicio, quedó atrapado en una dinámica que excede lo jurídico y se adentra en lo político.
La primera señal fue el tiempo. La presentación ante tribunales ocurrió fuera del lapso legal. Desde ese momento, la privación de libertad nació viciada, no por una declaración formal, sino por los hechos. Luego vino el silencio procesal: años de audiencias diferidas, de traslados sin decisiones de fondo, de un expediente que avanzaba en papeles pero no en justicia.
Durante casi cuatro años no se celebró audiencia preliminar. No hubo juicio. No hubo debate público de pruebas. Solo detención preventiva prolongada. Recién en 2024 se intentó cerrar esa fase intermedia y, aun así, el proceso volvió a enredarse entre apelaciones, reposiciones y nuevas dilaciones. A la fecha, el juicio sigue sin iniciarse.
En todo este tiempo, la carga más pesada no ha sido jurídica, sino humana.
Lo más inquietante del caso no es únicamente el retardo procesal, sino la lógica invertida del procedimiento. La única referencia, presuntamente probatoria mencionada surge con posterioridad a la detención. Es decir, la privación de libertad antecede a cualquier elemento que pretenda justificarla. Dicho de forma simple: es como detener a una persona por sospecha de haber cometido un delito y que, al día siguiente, se obtenga la "presunta prueba" que origina la sospecha del supuesto delito. El sospechoso ya estaba preso antes de obtener los elementos probatorios que supuestamente lo incriminan. El ejemplo puede parecer absurdo, pero sirve para entender hasta qué punto el proceso perdió su secuencia natural.
No se afirma aquí ilegalidad alguna ni se emiten juicios penales. Se constata un hecho: el proceso avanzó al revés.
Pero hay un elemento que termina de explicar por qué este caso no se resuelve y permanece suspendido en el tiempo: el perfil del detenido.
Edison Oviedo Quero no era un desconocido. Era un dirigente político activo, era el coordinador de organización de VENTE Venezuela en su municipio, visible en su comunidad. Su nombre y su rol se hicieron públicos desde el inicio del proceso. Y en sistemas donde la justicia deja de ser un contrapeso institucional y se convierte en un instrumento de control, la visibilidad política puede transformar una causa ordinaria en un castigo prolongado.
No es necesario que alguien sea formalmente declarado “preso político” para que lo sea en los hechos. Basta con que la justicia se detenga, que el proceso no avance, que el juicio no llegue y que el encierro se extienda sin condena. En esos casos, el tiempo sustituye a la sentencia y la prisión cumple una función ejemplarizante.
Esta es una reflexión sobre algo muy profundo y grave: la instrumentalización procesal. Cuando el sistema judicial no absuelve ni condena, pero tampoco libera, deja de administrar justicia y comienza a administrar castigo. No por lo que se demostró, sino por lo que conviene.
La instrumentalización procesal no siempre necesita órdenes escritas ni declaraciones públicas. A veces opera de forma más silenciosa: dejando vencer lapsos, repitiendo audiencias, acumulando diferimientos, prolongando la espera. El daño no ocurre en un acto concreto, sino en la suma de los días, de los meses y de los años.
Seis años de detención sin sentencia no son un error. Son una señal.
Y cuando esa señal recae sobre un dirigente político, el mensaje trasciende al individuo: se convierte en advertencia.
Cuando el proceso sustituye al juicio, cuando el tiempo reemplaza a la sentencia y cuando la justicia se vuelve espera indefinida, ya no estamos ante una falla del sistema. Estamos ante una forma silenciosa y eficaz de castigo político.
Raúl Lugo Dávila