Hoy, hablar del salario en Venezuela es hablar de una realidad que golpea la vida diaria de millones de trabajadores. El ingreso que llega cada mes ya no es, en su mayor parte, salario. Se compone de bonos, ayudas y pagos "complementarios" que, aunque alivian momentáneamente, han sido excluidos del concepto legal de salario.
Esto tiene un efecto profundo y doloroso: vivimos un proceso de desalarización. El trabajador recibe dinero, pero su salario real —el que sirve para calcular prestaciones, pensiones, vacaciones y seguridad social— es casi simbólico. En la práctica, sus derechos se van diluyendo.
El ejemplo más claro es el salario mínimo legal: Bs. 130 mensuales. Al cambio actual, eso equivale a unos 0,40 dólares. Menos de medio dólar al mes. No alcanza para cubrir ni una mínima necesidad básica. Con esa cifra no se vive: se sobrevive, y muchas veces ni siquiera eso.
Esta situación no solo empobrece al trabajador; también traslada todo el peso de la crisis sobre sus hombros. La fragmentación del ingreso reduce las obligaciones patronales y vacía al salario de su función histórica: proteger al ser humano que trabaja.
Nada de esto es normal ni legal. El artículo 91 de la Constitución y los Convenios 95 y 131 de la OIT obligan al Estado a garantizar un salario suficiente. Pero entre lo que dice la ley y lo que llega al bolsillo del trabajador hay una brecha enorme.
Para entender lo que hemos perdido, hay que mirar atrás: en 2012, una familia contaba con más de 600 dólares mensuales entre sueldo y bonos. No evocamos el pasado por tristeza, sino para demostrar que el bienestar es alcanzable con voluntad y con las políticas correctas. Sin embargo, aquel año marcó una paradoja: mientras empezábamos a aplicar el cálculo de prestaciones retroactiva con el último sueldo, la hiperinflación comenzaba a destruir el valor de nuestro dinero y de ese mismo derecho.
El dilema de las prestaciones sociales
Hablar hoy de prestaciones sociales calculadas sobre un salario ficticio resulta engañoso. Si el salario es simbólico, las prestaciones también lo serán. Más aún: mientras exista desalarización, el pago de prestaciones basadas en el último salario es materialmente imposible de ejecutar. El derecho existe en el papel, pero no en la realidad.
Es importante decirlo con claridad: plantear medidas excepcionales no significa renunciar a las prestaciones sociales. Al contrario, se trata de evitar que un derecho que existe en la ley siga perdiendo valor en la vida diaria de los trabajadores. La idea es proteger su sentido real en un momento extraordinario, para que las prestaciones vuelvan a cumplir su función básica: cuidar y respaldar a quien trabaja cuando más lo necesita.
En términos sencillos y lejos de tecnicismos, hoy el problema no es cómo se calculan las prestaciones, sino que el salario ya no alcanza para vivir. Cuando el salario se vuelve casi nada, las prestaciones también pierden sentido y dejan de proteger a la persona que trabaja. Defender este derecho significa reconocer que, tal como está hoy, ya no cumple su función y que necesita ajustes temporales para que no se pierda en la práctica.
Por eso es necesario abrir un debate honesto, sin consignas ni miedos, sobre medidas excepcionales y transitorias. Una de ellas es la modificación temporal de la metodología de cálculo de las prestaciones sociales, no para eliminar el derecho, sino para salvar el salario mensual y hacerlo nuevamente real.
El argumento es sencillo y humano: en una emergencia social, el derecho a comer hoy y a vivir con dignidad ahora debe tener prioridad frente a la metodología de cálculo de un pago diferido. El salario digno tiene jerarquía superior cuando la supervivencia está en juego.
Esta medida solo tendría sentido bajo condiciones claras y estrictas:
· Un aumento salarial real, verificable y significativo.
· Plazos definidos y públicos.
· Mecanismos automáticos de reversión al sistema tradicional.
· Consenso social y participación protagónica de sindicatos renovados, legitimados democráticamente.
Una alternativa para no desproteger al trabajador
Durante la transición, podría aplicarse un modelo híbrido que proteja al trabajador en el presente y en el futuro:
1. Depósito mensual real: El patrono deposita cada mes los días de prestación correspondientes en una cuenta a nombre del trabajador.
2. Protección del valor: Ese dinero no se deposita en bolívares pulverizables, sino en una unidad de cuenta indexada respaldada con moneda extranjera.
3. Acceso parcial: El trabajador puede retirar un porcentaje anual para atender emergencias, rompiendo la lógica de esperar años para ver un derecho.
Este esquema transitorio no puede ni debe circunscribirse exclusivamente al empleo público. El sector privado tiene responsabilidades directas e ineludibles en la recuperación del salario real y la protección efectiva de las prestaciones sociales, en proporción a su capacidad económica y productiva.
Corresponde al Estado garantizar el marco normativo, los mecanismos de indexación, la supervisión y el respeto de los derechos laborales; pero corresponde a los patronos, tanto públicos como privados, cumplir con el pago de un salario real, no fragmentado, y con el depósito efectivo y oportuno de las prestaciones sociales.
La diferenciación de responsabilidades es clara: el Estado regula, controla y garantiza; el patrono paga, deposita y respeta. Ningún modelo será viable si uno de estos actores evade su obligación.
La reversión al sistema tradicional no debe depender de la voluntad política de nadie, sino de indicadores objetivos:
· Inflación controlada (INPC por debajo del 20% anual durante dos semestres).
· Crecimiento económico sostenido.
· Un salario mínimo que cubra al menos entre 70% y 80% de la canasta alimentaria.
Nada de esto será posible sin reconstruir la institucionalidad laboral. Se necesita con urgencia una Inspectoría del Trabajo que realmente proteja al trabajador y el restablecimiento efectivo de la negociación colectiva.
Una prioridad nacional impostergable
Recuperar el salario no es una discusión de expertos ni una pelea ideológica. Es un tema de vida cotidiana. Tiene que ver con si una familia puede comer, si una madre puede comprar medicinas, si un trabajador puede vivir con dignidad del fruto de su esfuerzo.
Por eso, este asunto debe ocupar un lugar urgente en la agenda pública, a través de un diálogo sincero, amplio y responsable, donde participen el Estado, los empleadores, los sindicatos legítimos y la sociedad en general, con un solo propósito: llegar a acuerdos reales que se sientan en la vida de la gente.
Porque cuando el salario ya no alcanza, el trabajo deja de proteger, deja de dar estabilidad y esperanza. Y ningún país puede salir adelante si el esfuerzo de su gente no alcanza para vivir con verdadera justicia y dignidad.