Las discusiones en torno a las cuatro líneas estratégicas trazadas por el Ejecutivo, entre las cuales destaca el eje de las 7 transformaciones del Plan de la Patria 2025-2031, que no es otro aspecto que la continuidad de la política económica emprendida con el programa de recuperación de 2018.
La estrategia de los planes económicos de un gobierno se define por los sectores sociales a los que se dirigen y los beneficios que estos obtienen. De ahí la relevancia de que los voceros elegidos a la constituyente obrera, entendamos la importancia y la comprensión de esta discusión.
A causa de las sanciones, la economía venezolana tuvo que ajustarse a una repentina disminución de sus ingresos desde 2015-2016. En 2018, el gobierno lanzó el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Se devaluó el bolívar, se eliminó el control cambiario, precios y se abrió la economía para atraer inversión extranjera. Se crearon Zonas Económicas Especiales que ofrecían incentivos fiscales y arancelarios a las empresas. Se desarrolló una política de bonificación de los salarios, aplanamiento de las tablas salariales y suspensión de la discusión de las convenciones colectivas.
Para responder a esta reducción de los ingresos nacionales, se produjo entonces una gran pérdida en términos reales de los ingresos salariales de la población; esta reducción de los ingresos salariales, de hecho, fue superior en términos relativos a la contracción inicial del ingreso nacional.
Provocando además un incremento de la desigualdad social en la distribución del ingreso y de la pobreza que han requerido la asignación de fondos presupuestarios para compensar parcialmente el impacto negativo sobre la calidad de vida de los trabajadores y de la población en general.
Luego de varios años de desafíos económicos, a pesar de las sanciones y amenazas de intervención militar, con una proyección anunciada por el presidente Nicolás Maduro de que la economía real del país podría alcanzar un crecimiento cercano al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) para diciembre de 2025, impulsado por una producción armónica de bienes y servicios, es recomendable recuperar parcialmente los niveles salariales en el país. Esta recuperación es significativa por razones económicas, sociales y políticas. Además, puede apoyar el desarrollo económico que ha comenzado.
Sin embargo, hay dentro del gobierno sectores, ministros, directores de empresas del estado, voceros políticos. Que actualmente defienden un curso de acción demasiado prudente. Recomendando continuar la estrategia de ahorro, estarían al mismo tiempo aconsejando en la práctica la adopción de una política económica contractiva, que prolongará el ajuste sobre los salarios y la duración de las restricciones y problemas en las condiciones de vida de los trabajadores.
En la acera del frente nos encontramos, aquellos que creemos que ahora estamos en una mejor posición, tras varios años de ajustes en el mercado laboral, para cambiar las expectativas de crecimiento interno hacia un horizonte más optimista que permita alterar el estado de pesimismo que prevalece entre ciertos sectores de la población, especialmente entre esos, que forman parte de hogares que su ingreso se limita a los ingresos mínimo integral a 160 dólares mensuales. Y de los cuatro millones de pensionados que reciben 50 dólares.
La disputa que marcará el debate en la constituyente obrera se centra en la urgencia de que los voceros elegidos resistan la presión de ciertos sectores que insisten en que los trabajadores carguen con el peso de una recuperación económica que, indudablemente, ha favorecido en considerable medida al capital privado. Así mismo, actores políticos que hablan de socialismo viven como capitalistas.