Recientemente, durante la realización de un Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, Nicolás Maduro anunció el inicio de un «proceso constituyente de los movimientos de trabajadores y trabajadoras». Según dijo, este proceso —que comenzaría con el sector educación— tiene como objetivo «trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional». Es decir, no se trata de una propuesta abierta a debate con los trabajadores y sus organizaciones, sino de una decisión de Estado que debe cumplirse sin discusión.
El anuncio se produjo al mismo tiempo que dos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) eran detenidos en Aragua, sin respeto al debido proceso; uno de ellos es Roberto Campero, Secretario General de la organización sindical magisterial.
Días antes habían sido apresados el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar) y la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Barinas, mientras que el esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Bolívar fue arrestado al no poder dar con el paradero de la dirigente.
Estos y otros sindicalistas han sido perseguidos por su condición de opositores a la administración del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque desde 2013 hasta hoy han sido procesados judicialmente cientos de trabajadores, muchos identificados con el chavismo, por promover luchas laborales y denunciar abusos patronales. Numerosos líderes sindicales y delegados de prevención también han sido despedidos en violación del fuero sindical consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
Una flagrante violación a la Constitución
La llamada «constituyente sindical» encaja en el carácter autoritario del la élite gobernante, que asume un poder absoluto sobre todas las organizaciones sociales y políticas del país, incluidas las sindicales. Su objetivo es intervenirlas o liquidarlas si no se someten a sus lineamientos, más aún si confrontan las políticas claramente orientadas a favorecer al capital nacional y extranjero.
Toda esa operación antidemocrática, como ya es costumbre, la adelantan con una caricaturesca apariencia de participación social y con una retórica fraudulenta de «construcción socialista», cuando en realidad lo que buscan es garantizar la sobreexplotación y precarización laboral.
Para la cúpula gubernamental no importa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95, le conceda a los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que consideren convenientes para la defensa de sus derechos e intereses y que dichas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa.
También parece olvidar que ese mismo artículo protege a los trabajadores contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Al fin y al cabo, para Maduro y su camarilla las garantías constitucionales en materia laboral son letra muerta, tanto las referidas al salario, las prestaciones sociales, la seguridad social y las convenciones colectivas, así como el derecho a huelga y obviamente la libertad sindical.
Poco le importa que la República haya ratificado, desde el 2 de septiembre de 1982, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza la libertad sindical y el derecho a la sindicalización. Tampoco les preocupa que el artículo 23 de la Constitución establezca que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen rango constitucional. En consecuencia, el derecho a la libre sindicalización —reconocido además como un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos— debería estar plenamente protegido en el país.
¿Qué se proponen con la actual ofensiva antisindical?
Pero, en qué radica el interés de la cúpula del PSUV en destruir a las organizaciones sindicales tradicionales. Como señala el artículo 95 de la Constitución, las organizaciones sindicales son constituidas por los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses y no para la defensa de los intereses de los patronos ni del grupo burocrático de turno en el poder.
Para la cúpula gobernante, eso representa un problema que se han propuesto resolver, no porque las organizaciones sindicales en general cumplan con sus obligaciones legales y estatutarias y mucho menos porque tengan arraigados principios de clase —de hecho la mayoría, incluyendo el aparato gubernamental denominado Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, son instrumentos de colaboración de clases y de complicidad pro-capitalista—. Pero en la medida en que la gestión de Maduro profundiza en su política de destrucción del salario, de desmontaje de las convenciones colectivas y de supresión de otros derechos laborales fundamentales, en favor de las apetencias del capital, se genera la necesidad de que los sindicatos (los pocos y maltrechos que aún existen), pese a sus debilidades conceptuales y estructurales, tengan que fijar posición y actuar, procurando unirse para hacer frente al aniquilamiento de derechos individuales y colectivos.
La cúpula ilegitima e ilegal aferrada al poder está consciente del amplio y masivo rechazo que tiene entre los trabajadores activos y jubilados, tanto del sector público como del privado; también sabe que ese rechazo se va acrecentando cada día que pasa, en la misma proporción en que el salario desaparece y los patronos cometen todo tipo de abusos. Saben que la represión y judicialización contra los sindicalistas no es suficiente para desactivar, mediante la intimidación, la bomba de tiempo de la enorme y creciente indignación obrera y popular.
¿Qué proponemos desde el sindicalismo clasista?
Para la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) es una necesidad (y hasta una obligación) de los trabajadores transformar y democratizar a las organizaciones sindicales, pero para hacer exactamente lo contrario de lo que pretende Maduro y sus aliados de Fedecámaras.
Nuestro propósito es que las organizaciones sindicales sean efectivamente instrumentos para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y sus familias; asumiendo, con total independencia y autonomía con respecto al Estado y a la patronal en general, no solo la lucha por salarios dignos, mejores convenciones colectivas de trabajo y la defensa de la salud y seguridad en el trabajo, sino también actuando como escuelas formadoras de conciencia de clase, promoviendo la solidaridad y la unidad de los trabajadores, nacional e internacionalmente, para acumular fuerzas y asumir la lucha por el poder para la clase trabajadora.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los trabajadores y al conjunto de las organizaciones sindicales venezolanas, al margen de las tendencias políticas que actúen en sus direcciones, a actuar juntos en unidad de acción para derrotar este plan para destruir al movimiento sindical. De imponerse, este sería el golpe final a un proceso que desde hace años busca desmantelar las estructuras sindicales autónomas y abrir paso a una estrategia de fascistización de la sociedad venezolana.