04-02-26.-Amnistía Internacional hizo este martes un conjunto de consideraciones que parten de la crítica a las acciones estadounidenses, pero también señalan la gestión en materia de derechos humanos del gobierno encargado. Estos son 10 señalamientos que hizo la organización defensora de derechos humanos:
1)"La operación militar estadounidense constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro", afirmó Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
2)"La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición. Al mismo tiempo, las amenazas al espacio de la sociedad civil persisten, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización», resaltó Callamard.
3)"Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela. La denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano».
4) "Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas".
5) "No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de ‘la fuerza hace el derecho’ en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar».
6) El gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, sólo para revelar sin ambigüedades su verdadera motivación: el control de los recursos naturales de Venezuela. Más allá de la justificación oficial, siempre cambiante, los hechos son inequívocos y constituyen graves violaciones del derecho internacional. Incluso si se aceptaran las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se trata de combatir el narcotráfico, seguiría siendo ilícito ejercer la jurisdicción coercitiva en el territorio de otro Estado sin su consentimiento, lo que constituye una violación de la soberanía reconocida largamente reconocida en el derecho internacional. Las acusaciones de narcotráfico no constituyen un "ataque armado" que pueda desencadenar la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta.
7) El ataque de Estados Unidos cumple claramente tres de los siete actos prohibidos que la Resolución 3314 define como actos de agresión: "La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado"; "el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado"; y "el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea".
8) "Ninguna etiqueta puede convertir un bombardeo en ‘hacer cumplir la ley’. Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de las Naciones Unidas", remarcó Agnés Callamard.
9) "Los crímenes de lesa humanidad no terminan con la destitución de Maduro. Las víctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices físicas y psicológicas. El destino y paradero de muchas personas sujetas de desaparición forzada siguen sin resolverse. La maquinaria estatal responsable de esos crímenes sigue firmemente en su lugar, ahora apoyada por el involucramiento de las autoridades estadounidenses".
10) Todos los Estados deben reafirmar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas y el consenso mundial sobre el carácter imperativo de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En los foros multilaterales y los compromisos bilaterales, los gobiernos deben rechazar la normalización del uso unilateral de la fuerza como herramienta política y centrarse en la protección de la población civil y los derechos humanos. «El silencio de hoy será el permiso de mañana. Los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora. El sufrimiento de las personas perjudicadas por el uso ilícito de la fuerza y el sufrimiento de quienes sufren la brutalidad de sus propias autoridades no son tragedias que compitan entre sí. El único camino que respeta su dignidad es el que se basa en el derecho: cumplir el derecho internacional, proteger a la población civil, investigar las violaciones y garantizar la justicia", sentenció Callamard.