GINEBRA / MINNEAPOLIS – La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó formalmente este martes la apertura de una investigación "rápida, independiente y transparente" sobre la muerte de Renee Good, la mujer de 37 años que fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 3 de enero.
Desde Ginebra, el portavoz de la ONU, Jeremy Laurence, recordó que, bajo el derecho internacional, el uso de fuerza letal es estrictamente un "último recurso" ante amenazas inminentes, una condición que ha sido puesta en duda tras la difusión de videos que contradicen la versión oficial de la Casa Blanca.
Mientras el presidente Donald Trump ha defendido públicamente la actuación del agente, asegurando que actuó en "legítima defensa", la oposición demócrata y organizaciones civiles han presentado pruebas visuales que muestran a Good siendo atacada mientras intentaba alejarse del lugar.
"Instamos a todas las autoridades a tomar medidas para reducir las tensiones y abstenerse de cualquier incitación a la violencia", declaró Laurence, en clara referencia a la retórica gubernamental y al reciente anuncio del envío de "cientos" de agentes federales adicionales a Minneapolis para contener las protestas.
La presión no solo es diplomática, sino también judicial. Este lunes, la ciudad de Minneapolis y el estado de Minnesota formalizaron una demanda contra el gobierno federal por la agresividad de sus operativos antimigrantes. A esta acción legal se ha sumado el estado de Illinois, específicamente tras las incursiones en Chicago, alegando abusos de autoridad y violaciones a los derechos civiles.
Un país en las calles
La muerte de Renee Good ha catalizado un malestar social profundo, provocando movilizaciones multitudinarias durante el pasado fin de semana en casi todas las ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Boston. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la respuesta del gobierno central ha sido el refuerzo militar de las zonas de conflicto en lugar de la apertura al diálogo o la rendición de cuentas.
La ONU permanece alerta ante el riesgo de una escalada mayor, mientras los tribunales estadounidenses comienzan a recibir los casos que buscan frenar lo que los demandantes califican como una "persecución sistemática y violenta" bajo el mando de la actual administración de Donald Trump.