El gobierno de los Estados Unidos reconoció formalmente que los activos y fondos venezolanos en el extranjero son propiedad exclusiva del Estado venezolano. A través de una orden ejecutiva de emergencia firmada por el presidente Donald Trump este 9 de enero de 2026, Washington valida la tesis que durante años defendió el Gobierno de Nicolás Maduro sobre la ilegalidad de los embargos y la titularidad pública de dichos recursos.
La orden ejecutiva, titulada «Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos para el bien de los pueblos estadounidense y venezolano», establece con claridad que los fondos en cuentas del Departamento del Tesoro son propiedad soberana del Gobierno de Venezuela.
«Los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros son propiedad del Gobierno de Venezuela y no pertenecen a ningún particular, incluidos los acreedores judiciales o actores comerciales», reza el documento oficial.
Esta medida neutraliza de inmediato cualquier intento de embargo, juicio o ejecución por parte de acreedores internacionales, dándole la razón a la defensa jurídica venezolana que siempre calificó de ilegales los intentos de incautación de activos de la República en territorio estadounidense y europeo.
PDVSA y la nueva estrategia comercial con EEUU
En sintonía con este reconocimiento, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) confirmó que avanza en negociaciones directas con Washington para la venta de crudo. Estas tratativas se fundamentan en tres pilares: legalidad, transparencia y beneficio mutuo.
En esa dirección, las operaciones se gestionan bajo esquemas de licencias y acuerdos similares a los mantenidos con la transnacional Chevron. Así, Venezuela ratifica su rol como proveedor confiable, negociando en términos de igualdad y respetando los marcos comerciales vigentes.
El anuncio coincide con la convocatoria de Trump a las petroleras estadounidenses para invertir cerca de 100.000 millones de dólares en la infraestructura energética venezolana, bajo un nuevo esquema de garantías estatales.
La declaración de «emergencia nacional» por parte de la Casa Blanca para proteger estos activos, constituye un escudo legal que impide que el dinero derivado de la venta de petróleo se pierda por litigios de terceros. Para analistas internacionales, este paso representa el reconocimiento implícito de que los activos venezolanos se retuvieron de forma indebida y ahora busca regularizarse bajo una nueva arquitectura financiera supervisada.