El Alto Comisionado Volker Türk calificó de "escandalosa" la medida israelí que entrará en vigor el 1 de enero, denunciando que Tel Aviv ignora sus obligaciones legales y los acuerdos de asistencia humanitaria.
GINEBRA – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó este miércoles una severa advertencia ante la decisión del Gobierno de Israel de prohibir la operatividad de decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la Franja de Gaza a partir del 1 de enero de 2026. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la medida de "arbitraria" y denunció que esta acción profundiza el sufrimiento de una población sumida en una crisis humanitaria sin precedentes.
Violaciones a los acuerdos y al Derecho Internacional
La denuncia de la ONU no solo se centra en el impacto logístico, sino en el incumplimiento sistemático de las obligaciones jurídicas de Israel como potencia ocupante:
Obstrucción de suministros esenciales: Bajo el derecho internacional, Israel está obligado a garantizar y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Türk recordó que impedir esta labor es una violación directa de las normas que rigen los conflictos armados.
Incumplimiento del cese al fuego: Aunque el acuerdo de alto el fuego iniciado el pasado 10 de octubre contemplaba el ingreso de 600 camiones diarios de suministros, la ONU y las ONG denuncian que en la práctica solo entran entre 100 y 300, cifras que Tel Aviv disputa pero que no se reflejan en el alivio de la crisis sobre el terreno.
Ataque a la infraestructura humanitaria: La medida se suma a la reciente ley contra la UNRWA y a las restricciones previas contra ONG palestinas e israelíes, conformando un patrón de "restricciones ilegales" que busca desmantelar el apoyo internacional en el enclave.
Las organizaciones afectadas y el "ultimátum" israelí
Israel ha condicionado la permanencia de 37 grandes organizaciones —incluyendo referentes mundiales como Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y CARE— a la entrega de datos detallados sobre su personal local. El plazo para esta exigencia vence a la medianoche de este miércoles.
El Gobierno israelí justifica la medida alegando supuestos vínculos de empleados locales con grupos como HAMAS y la Yihad Islámica. Sin embargo, las organizaciones humanitarias han denunciado que estas acusaciones son parte de una "campaña de deslegitimación" para justificar el bloqueo de la ayuda.
Reacción internacional y crisis invernal
La comunidad internacional ha reaccionado con alarma. Países como Canadá, Japón, Francia, Reino Unido y Noruega, junto con la Unión Europea, han advertido que la normativa es "inaplicable en su forma actual". La responsable humanitaria de la UE, Hadja Lahbib, enfatizó que la prioridad absoluta debe ser que "la ayuda llegue a quienes la necesitan".
La situación es especialmente crítica debido a las fuertes tormentas invernales. Miles de palestinos desplazados carecen de alojamiento temporal adecuado y bienes básicos, lo que convierte la prohibición de las ONG en una posible sentencia de muerte para los más vulnerables.
Un panorama desolador
Desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023, las cifras en Gaza son catastróficas: más de 71,000 fallecidos y 171,000 heridos. La ONU advierte que, de consolidarse este vacío de coordinación internacional, Israel podría avanzar hacia un control indirecto permanente y el bloqueo total de la reconstrucción de infraestructuras vitales, como el agua y la energía.
Volker Türk instó finalmente a los Estados con influencia sobre el régimen israelí a exigir un "cambio de rumbo urgente" para evitar que el 2026 inicie con un colapso humanitario total en la región.