El caso se inscribe en una ofensiva diplomático-mediática que busca aislar a Venezuela, apuntalando una narrativa de amenaza regional basada en construcciones ficticias como el “Cártel de los Soles”. Esta escalada, sin precedentes en el Caribe reciente, ha sido documentada a fondo en el informe especial de Misión Verdad titulado “¿El casus belli pasa por Guyana y Trinidad y Tobago?”.
La presencia creciente de Estados Unidos en el Caribe oriental responde a una estrategia más amplia: proyectar a Venezuela como un actor desestabilizador y justificar un cerco político militar en su contra. En ese marco, Gobiernos como el del mandatario Irfaan Ali (Guyana) y la premier Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago) han decidido respaldar maniobras militares de Estados Unidos, debilitando así la tradición regional de resistencia a la injerencia externa.
Según el informe de Misión Verdad, se está consolidando un bloque alineado a los intereses de Washington que rompe con el principio fundacional de la Comunidad del Caribe (Caricom): la defensa colectiva frente a amenazas externas. “El caso de Guyana representa un punto de quiebre”, señala el documento, al advertir cómo ese país ha pasado de las tensiones limítrofes con Venezuela a posicionarse como punta de lanza en la estrategia de militarización del Caribe.
En paralelo, el Gobierno de Trinidad y Tobago ha dado señales explícitas de respaldo al despliegue naval estadounidense en la región bajo el pretexto de hacer frente al narcotráfico. Existen declaraciones oficiales desde la capital, Puerto España, que justifican la operación como parte de una supuesta cooperación en seguridad. Pero el informe de Misión Verdad lo plantea de otro modo: se trata de “una estrategia de disuasión contra Venezuela, legitimada por discursos fabricados sobre narcotráfico y crimen transnacional”.
Este discurso se articula, principalmente, a través de la narrativa del “Cártel de los Soles”, una figura sin sustento jurídico ni evidencia concreta, impulsada por agencias estadounidenses y replicada por sectores políticos guyaneses y trinitenses. Esa narrativa construye a Venezuela como una amenaza regional, justificando así una intervención o presión directa. “Al asumir este relato, se naturaliza la idea de que los países del Caribe no pueden manejar a Venezuela por sí solos, y por lo tanto deben apelar al ‘Tío Sam’”, subraya Misión Verdad.
Además del giro geopolítico, esta postura de Guyana y Trinidad y Tobago constituye una ruptura con la Declaración de la CELAC del 2014 que establece a América Latina y el Caribe como una zona de paz, libre de intervenciones y conflictos militares.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fue enfática al señalar esta contradicción, denunciando una “complicidad directa” entre Irfaan Ali y Washington, y acusando a ambos Gobiernos de abandonar el consenso regional en favor de agendas externas.
El cambio de postura en el Caribe oriental no solo agrava las tensiones con Venezuela, sino que abre una fisura política en el proyecto de integración regional. La región, que históricamente defendió su autonomía frente a potencias extranjeras, asiste ahora a un momento de redefinición. Tal como advierte Misión Verdad, “la amenaza real no proviene de Venezuela, sino de la penetración de una lógica militarista que pone en peligro la estabilidad y soberanía de todo el Caribe”.