Hubo una noticia que sorprendió al Estado venezolano, cuando el pasado 18 de febrero de 2026, el gobierno estadounidense decidió extender por un año más la Orden Ejecutiva 13.692. Que sigue calificando desde hace 11 años a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional, nos encontramos ante un fenómeno que solo puede describirse como una esquizofrenia diplomática. No se trata de un error de cálculo, sino de una patología política deliberada donde el discurso sancionador colisiona frontalmente con la necesidad pragmática de un imperio en decadencia energética.
La diplomacia estadounidense parece operar bajo una dualidad clínica. Por un lado, el Departamento de Estado mantiene la narrativa del asedio, renovando etiquetas hostiles que pretenden aislar a Venezuela del sistema financiero global. Por el otro, la oficina de la OFAC y el Departamento de Energía emiten silenciosamente licencias, flexibilizan operaciones de Chevron y otras transnacionales, y celebran "progresos" en las negociaciones petroleras que garantizan el flujo de crudo hacia las refinerías del Golfo de México.
Es la política del "garrote y la zanahoria" llevada al extremo del cinismo, presenta una dualidad, por un lado, la cara pública, Venezuela es un "peligro" para la seguridad de la potencia hegemónica y en la Cara privada, Venezuela es el socio energético “confiable” que necesitan para estabilizar sus precios internos de combustible ante la inestabilidad en el Medio Oriente y Eurasia.
La renovación de esta Orden Ejecutiva no es un trámite administrativo baladí. Es la base jurídica "legal" (desde la visión unilateral estadounidense) para mantener el andamiaje de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU). Al declarar a Venezuela como una amenaza, el Ejecutivo estadounidense se otorga a sí mismo poderes de emergencia para confiscar activos, bloquear transacciones y perseguir el comercio soberano.
Esta esquizofrenia imperial es la prueba fehaciente de que el sistema de sanciones ha fracasado en su objetivo de cambio de régimen. Venezuela debe seguir avanzando en la diversificación de sus alianzas y en el fortalecimiento de su arquitectura legal interna para blindar su soberanía.
El imperio podrá renovar sus decretos anacrónicos, pero no podrá detener la configuración de un mundo multicéntrico y pluripolar donde la dignidad de los pueblos no se negocia bajo amenazas, ni se vende por licencias temporales.
La esquizofrenia imperial o ambivalencia política se delata desde la inexplicable forma de ver a Venezuela como una “amenaza confiable”.