"El área donde el sabotaje a PDVSA hizo más daño, o a través del cual los terroristas le han hecho más daño a Venezuela, ha sido precisamente el área de la informática; porque PDVSA, cuando estaban mandando aquí estos fascistas, cuando aquí mandaba el Pacto de Punto Fijo, habían comenzado a privatizar Petróleos de Venezuela, y eso es lo que ellos quieren hacer; ellos quisieran volver aquí a instalarse en el gobierno para aplicar el modelo neoliberal, para privatizar no solo el petróleo, el hierro, el oro y el aluminio, sino para privatizar también la educación, la salud y la seguridad social del pueblo venezolano. Ese es el proyecto de los golpistas (exclamaciones); ese es el proyecto del fascismo, el neoliberalismo fascista".
El Golpe Fascista Contra Venezuela. "Aquí está en Juego la vida de la patria". Hugo Chávez Frías. 23 de enero de 2003
El presente artículo permitirá demostrar, desde una perspectiva analítica y crítica, la absoluta incomparabilidad entre el Tratado de Brest-Litovsk de 1918 y la situación que atraviesa Venezuela en 2026. Se parte desde los siguientes argumentos centrales:
El primero, fue un acto de supervivencia revolucionaria, una retirada estratégica forzada pero soberana. El triunfo de los Bolcheviques no fue fácil, donde antes hubo que superar innumerables dificultades y obstáculos.
El segundo, constituye una imposición imperialista que ha despojado a la nación venezolana su soberanía energética y política para someterla a los designios geopolíticos y económicos de Estados Unidos y sus corporaciones, en una clara maniobra para proyectar poder contra potencias emergentes como China.
Para comprender la naturaleza de los dos eventos separados por más de un siglo, es imperativo despojarse de la tentación de establecer analogías superficiales basadas únicamente en la noción de "concesiones territoriales" o "pérdida de recursos". El Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de Marzo de 1918 entre la recién instaurada Unión de Repúblicas Soviéticas y las Potencias Centrales (lideradas por el Imperio Alemán), representa un punto de inflexión en la historia de la geopolítica revolucionaria.
Vladimir Lenin, al frente del Consejo de Comisarios del Pueblo, se enfrentó a una disyuntiva existencial: continuar una guerra para la cual el exhausto ejército Soviético carecía de moral y medios, o aceptar una paz humillante que cedía enormes extensiones de territorio (Finlandia, Ucrania, Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania), partes de Bielorrusia y áreas del Cáucaso (Kars, Ardahan, Batum), cediendo control político y económico a Alemania) que albergaban un tercio de la población del imperio, la mitad de su industria y la mayor parte de sus reservas de Carbón y Hierro. Lejos de ser una claudicación de sus principios o una entrega del proyecto revolucionario a sus adversarios, la decisión de Lenin fue ferozmente debatida y finalmente adoptada como un "respiro" necesario.
La lógica leninista, plasmada en sus "Tesis de Abril" y defendida contra las fracciones más de izquierda del partido que abogaban por una "guerra revolucionaria", se basaba en la prioridad absoluta de preservar el núcleo del poder soviético. La paz, por onerosa que fuera, se concebía como un acto táctico para ganar tiempo, permitir la consolidación del Estado obrero y campesino, y confiar en que la revolución proletaria se extendería a la propia Alemania, haciendo del tratado un "papel mojado". La firma fue un acto de soberanía ejercida desde la debilidad, pero con la convicción que la historia y la Lucha de Clases acabarían por revertir la injusticia.
El Estado revolucionario, aunque impedido, mantuvo su autonomía decisoria, su estructura política y el control ideológico sobre su dirección, pagando un precio altísimo por la supervivencia, no por la sumisión.
Contrastemos, ahora, este cuadro histórico con la realidad venezolana de principios de 2026 (sin excluir los antecedentes de años anteriores). Los acontecimientos que se han desarrollado desde enero de este año no admiten calificativo que no sea el de una ocupación económica y un control geopolítico ejercido de manera directa por el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump. La secuencia de eventos, meticulosamente documentada, revela un patrón de agresión, imposición y saqueo institucionalizado que tiene que ver con una negociación entre partes y asimétrica.
El punto de partida, el 3 de enero de 2026, con la extracción del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, establece de inmediato la naturaleza del nuevo orden: es un gobierno impuesto por la fuerza militar, un gobierno tutelado desde su génesis. La figura de la "presidente encargada", Delcy Rodríguez, emerge no de un proceso interno de reconfiguración política, sino del visto bueno de Washington, que la respalda con la condición explícita de otorgar a Estados Unidos el acceso a las "reservas" de petróleo.
Este acto fundacional, una invasión disfrazada de "operación antidrogas", invalida cualquier paralelismo con Brest-Litovsk. Puesto que los Bolcheviques, con Lenin adelante, negociaron desde Moscú con un enemigo externo en el marco de una guerra declarada, el gobierno de Rodríguez en Caracas es la correa de transmisión de un poder foráneo que ya ha ocupado el territorio mediante la fuerza y la cooptación.
La naturaleza de la "cesión" de soberanía venezolana es, por tanto, radicalmente opuesta. No se trata de la pérdida de un territorio periférico para salvar el centro, como en el caso soviético, sino de la entrega del corazón mismo de la economía nacional (el petróleo) y del control macroeconómico del país por una potencia extranjera. Las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en febrero de 2026 son elocuentes. Las Licencias Generales 46, 47, 48, 49 y 50 no son instrumentos para levantar sanciones, como se ha pretendido hacer ver, sino los estatutos legales de una nueva administración colonial de los recursos venezolanos. La GL-46 autoriza a empresas estadounidenses a comercializar petróleo venezolano, pero estipula que los pagos deben realizarse en "cuentas establecidas por Estados Unidos" y supervisadas por los "Departamentos de Estado y del Tesoro".
Esto significa que la renta petrolera, el sustento de la nación, ya no ingresa en las arcas de PDVSA o del Banco Central de Venezuela, sino que es confiscada en origen y administrada por un poder extranjero que decidirá, discrecionalmente, qué parte de esos fondos se "gasten de manera transparente y en beneficio del pueblo venezolano". ¿Dónde queda la soberanía económica cuando el producto de la venta de los recursos naturales de un país es depositado en el país comprador, que además ejerce como pagador y supervisor?
Esta estructura no es una concesión minera; es un fideicomiso forzoso que convierte a Venezuela en una factoría administrada desde Houston y Washington.
En Brest-Litovsk, Alemania impuso duras condiciones, pero no tomó el control de la tesorería rusa ni dictó cómo debía el gobierno Soviético gastar sus ingresos fiscales. La humillación fue territorial y militar, no una anulación de la capacidad financiera del Estado. En la Venezuela de 2026, la humillación es total: la "presidente encargada" Delcy Rodríguez, lejos de ser una figura revolucionaria negociando desde la adversidad, es convertida en la gerente local de los intereses estadounidenses. Su gobierno, en cuestión de semanas, ha desmantelado el modelo de control estatal de la industria petrolera que había estado vigente desde la nacionalización de 1976 y que Hugo Chávez "profundizó" en el 2006.
La reforma de la ley de hidrocarburos, aprobada a instancias de Washington, elimina el requisito que PDVSA tenga una participación mayoritaria en las empresas mixtas y permite a las compañías privadas, predominantemente estadounidenses, participar de manera independiente en la exploración y extracción. Chevron, ExxonMobil, Conoco Phillips, junto a las europeas BP, Eni, Repsol y Shell, reciben licencias para operar, pero bajo condiciones que blindan el control geopolítico de EE. UU.: se prohíbe explícitamente la participación de empresas de China, Rusia, Irán y Cuba.
Lo anterior, es crucial puesto que destruye cualquier analogía con 1918. La Paz de Brest-Litovsk no incluía cláusulas que prohibieran a la Unión de Repúblicas Soviéticas comerciar con futuros aliados o que dictaran con qué naciones podía relacionarse. La Venezuela de 2026, por el contrario, está siendo reconfigurada para romper todos sus lazos geopolíticos previos, especialmente con socios estratégicos en las últimas dos décadas.
Es aquí donde emerge la dimensión más profunda y estratégica de la intervención de EE.UU.: La Proyección de la Guerra Contra China.
El control del petróleo venezolano no responde únicamente a la codicia corporativa de las grandes firmas energéticas, aunque ciertamente es un motor fundamental, como lo demuestra la rápida emisión de licencias para que "reparen y modernicen la infraestructura" a cambio de jugosos contratos. El objetivo último, explicitado por altos funcionarios y confirmado por filtraciones a la prensa, es utilizar a Venezuela como una pieza clave en el tablero global para contener y debilitar a la República Popular China.
La condición impuesta por la administración Trump a la nueva dirección venezolana de expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba. Romper los lazos económicos con Pekín no es una simple cláusula adicional; es la razón de ser de toda la operación. China se había convertido en un socio fundamental para Venezuela, invirtiendo en el sector petrolero y recibiendo crudo como pago de préstamos. Este flujo energético y financiero entre un país con las "mayores reservas del mundo" (Ilusión) y la principal potencia manufacturera (en ascenso) representa un contrapeso estratégico a la hegemonía estadounidense.
Al tomar el control de la llave del grifo petrolero venezolano, Washington no solo asegura una fuente de suministro en su propio continente, sino que asesta un golpe directo a la seguridad energética y a la influencia geopolítica de China.
La administración Trump ha sido brutalmente explícita al respecto. El presidente Trump ha declarado sin ambages que Estados Unidos "está a cargo" de Venezuela y que su gobierno "controla los recursos energéticos". El senador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de EE. UU., confirmó que el plan "depende del control del petróleo de Venezuela" y que los buques tanque, llenos y sin poder moverse, no irán a China, sino que serán vendidos en el "mercado abierto" bajo supervisión estadounidense. El vicepresidente J.D. Vance fue aún más claro al afirmar que Venezuela solo puede vender su petróleo si sirve a los intereses nacionales de Estados Unidos.
Esta es la doctrina Monroe llevada a su expresión más descarnada en el siglo XXI: la negación del derecho de una nación latinoamericana a establecer relaciones comerciales y políticas libres con potencias extracontinentales. La "prosperidad" de los venezolanos está supeditada a su alineamiento total con la geopolítica estadounidense, transformando al país en una plataforma para la proyección de poder. El Secretario de Energía, Chris Wright, lo resumió al hablar de "aumentar la producción para mejorar la seguridad energética regional", una región que Washington considera su patio trasero.
Mientras tanto, la maquinaria militar y legal de Estados Unidos se encarga de consolidar el nuevo orden por la fuerza. El bloqueo naval decretado en Diciembre de 2025 se ha intensificado, y la Marina de guerra estadounidense ha emprendido una campaña global de interdicción de buques petroleros que intentan eludir el control. El abordaje del buque Verónica III en el Océano Índico a mediados de febrero de 2026, después de ser rastreado desde el Caribe, demuestra la capacidad y la voluntad de Washington de ejercer su poder de manera extraterritorial para asegurar su monopolio sobre el crudo venezolano.
Esta es una acción de guerra económica y militar contra un país al que ya han derrocado su gobierno, mostrando al mundo que no se tolerará ninguna desviación de la nueva realidad impuesta. Al menos nueve buques han sido incautados en pocas semanas, y los ingresos generados por las ventas controladas por EE. UU. ya superan los mil millones de dólares, con una proyección de cinco mil millones adicionales en meses venideros. Este dinero, administrado desde Washington, se convierte en un poderoso instrumento de control, utilizado incluso para inyectar 300 millones de dólares para apuntalar la moneda local, el bolívar, bajo la dirección estadounidense. La dependencia es absoluta.
Frente a este escenario, la iniciativa legislativa de congresistas estadounidenses como Joaquín Castro y Raja Krishnamoorthi, que presentaron la "Ley de No Ocupación de Venezuela" (NOVA Act), resulta ser un reconocimiento implícito de lo que está ocurriendo es, efectivamente, una ocupación. La ley busca prohibir el uso de fondos federales para "ocupar, administrar o ejercer control de EE. UU. sobre Venezuela" y para "subsidiar, reembolsar o apoyar la expansión de compañías petroleras". El hecho de existir esta preocupación a nivel del Congreso, y que busque frenar lo que el propio presidente ha descrito como "manejar" Venezuela, subraya la anómala y neocolonial naturaleza de la intervención.
Lo que para Lenin fue una amarga píldora para salvar un proyecto revolucionario, para la Venezuela de 2026 es la amputación de cualquier proyecto de nación independiente.
En estas circunstancias como definitiva, la comparación entre Brest-Litovsk y la Venezuela de 2026 no solo es inexacta, sino intelectualmente deshonesta si se pretende encontrar similitudes. El acto de Lenin fue una retirada estratégica decidida por un gobierno revolucionario soberano para preservar su existencia y la esperanza de un futuro diferente, asumiendo un costo territorial inmenso pero manteniendo la autonomía de su centro político.
La situación venezolana actual es el producto de una invasión militar, el derrocamiento de su gobierno constituido, la imposición de una administración títere y el despojo absoluto de su soberanía económica y de sus recursos naturales, todo ello bajo la supervisión directa de una potencia imperial que administra sus ingresos, dicta su política exterior y reconfigura su industria para beneficio de sus corporaciones y como arma geopolítica contra China. Lejos de ser un "respiro" para reorganizar las fuerzas propias, como en 1918, la Venezuela de 2026 es una nación ocupada, convertida en una reserva energética estratégica del imperialismo estadounidense, un eslabón en su cadena de control hemisférico y una plataforma para su confrontación global con las potencias emergentes.
"La historia no se repite, pero cuando lo hace, no es como una farsa, sino como una tragedia de signo opuesto: la claudicación revolucionaria de Brest-Litovsk fue un paréntesis táctico en la lucha por la emancipación; la entrega de Venezuela en 2026 es la consumación de su sometimiento".
Tribuna Popular